Home » Derechos Humanos

Informe: Los Derechos Humanos en Oaxaca-2004-2008

Publicado por @Shinji_Harper el Jueves, 2 octubre 2008
Imprimir
1 Comentario


INFORME PARA EL EXÁMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE MÉXICO-ONU

ESTADO DE OAXACA

Los Derechos Humanos en Oaxaca 2004-2008

Informe Alternativo “El Estado Mexicano en la mira de la ONU”

INTRODUCCIÓN

En febrero del 2009 el Estado Mexicano será evaluado en cuanto al cumplimiento a recomendaciones en materia de Derechos Humanos en su calidad de Estado miembro ante el Consejo de Derechos Humanos CoDH de la Organización de Naciones Unidas ONU.

El presente informe “Los Derechos Humanos en Oaxaca, 2004-2008” elaborado por organizaciones civiles tiene la finalidad de señalar la preocupación ciudadana sobre seis ámbitos en la materia: Criminalización de la Protesta Pública, Violaciones a la Libertad de Expresión, Desaparición Forzada, Violencia contra las Mujeres, Agravios a Defensores de Derechos Humanos y Violación a los Derechos de los Pueblos Indígenas, que buscan llamar la atención de quienes habrán de evaluar a México mediante el Examen Periódico Universal.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un nuevo mecanismo que da cumplimiento a la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU que establece que cada Estado miembro deberá someterse a una evaluación de la situación de los derechos humanos en sus respectivos países. Esta revisión es por un periodo de cuatro años y medirá el grado de cumplimiento de cada gobierno frente a los distintos instrumentos internacionales en la materia así como de los compromisos suscritos. El examen se realiza por un Grupo de Trabajo integrado por los 47 países miembros del CoDH, entre los cuales se encuentra México. En el marco del citado Grupo de Trabajo, el país revisado sostiene un diálogo interactivo con los Estados miembros y observadores del CoDH, los cuales formulan preguntas y recomendaciones al mismo.

El Estado Mexicano presentará un informe que será sometido a evaluación, en este proceso participarán -como lo señalan los documentos oficiales de la ONU- “las evaluaciones honestas e imparciales de las organizaciones no gubernamentales que resultan cruciales y son la base del EPU” Este informe ciudadano así como otros esfuerzos alternativos serán revisados por el equipo evaluador y podrán servir de referencia para las preguntas que habrán de realizarse a los representantes del Estado Mexicano, y que den como resultado del EPU recomendaciones contundentes y precisas que pongan en alta prioridad la realidad de nuestro país y la urgente necesidad de hacer frente a la violación sistemática en materia de derechos humanos en México.

CONTEXTO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA

1. A lo largo de los últimos cuatro años (2004-2008) las violaciones a los derechos humanos se acentuaron de forma gradual y sistemática en el estado de Oaxaca. Esta situación engendró una crisis política cuyos efectos se exhibieron de manera dramática durante el conflicto social del año 2006. En ese mismo año, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), condenó los hechos violentos sucedidos en el estado de Oaxaca el 27 de octubre del 2006[1]. En todo este periodo, la inestabilidad política, el quebrantamiento del orden legal y el autoritarismo gubernamental fueron los signos que caracterizaron el contexto oaxaqueño. Para muestra de esta alarmante situación podemos señalar: conflictos políticos y agrarios con desenlaces violentos, persecución a dirigentes sociales, represión a periodistas y medios de comunicación independientes, violencia contra las mujeres, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias durante el conflicto social, secuestros de empresarios, ataques a defensores de derechos humanos y una sórdida confrontación entre grupos de poder.

2. Los agravios sufridos por la sociedad oaxaqueña por parte del Gobierno Estatal se han documentado puntualmente por instancias oficiales y diversos organismos internacionales, así como por diversas organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en el periodo de junio a diciembre de 2006, la detención ilegal de 304 personas con motivo del conflicto social[2]. Se han denunciado los abusos cometidos por las corporaciones policíacas en contra de simpatizantes del movimiento social. Además, el Gobierno Mexicano ha reconocido la desaparición forzada de dos militantes del Ejercito Popular Revolucionario, desaparecidos en Oaxaca en 2007.

3. Frente a este complejo escenario, el Gobierno Estatal no ha dado respuesta, no obstante que en 2006 el Comité Contra la Tortura, dependiente de la ONU, exhortó al Gobierno Mexicano a investigar los casos de tortura suscitados en Oaxaca durante el conflicto social y a legislar en esta materia. En 2004 el Relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas recomendó al Gobierno federal y estatal promulgar leyes de amnistía en beneficio de presos políticos provenientes de comunidades indígenas. Estas demandas, entre muchas otras, no han sido atendidas por el Gobierno Local, que sólo impulsa cambios aparentes en las leyes y las instituciones, promoviendo una supuesta Reforma de Estado.

A). CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO Y LA PROTESTA SOCIAL.

4. El Estado mexicano desde hace varios años ha implementado una política de criminalización hacia la protesta social, tendencia de orden nacional pero con sus particularidades en cada estado. Oaxaca ha sido fuertemente golpeado por esta política violatoria de los derechos fundamentales, utilizando como discurso el estado de derecho y la legalidad, términos que han adecuado para justificar el uso de la violencia de Estado en contra de quienes se manifiestan. Cuando el gobierno invoca estos términos estamos hablando de represión y criminalización, utiliza la ley de forma discriminatoria particularmente contra los pobres y sus opositores políticos, a través de represión policial, investigaciones personales irregulares, descalificaciones o procesos criminales utilizando figuras penales flexibles como son: sedición, despojo, ataques a las vías de comunicación, robo, daños. Esta situación confirma que la criminalización de la protesta social pretende transformar el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas en delitos.

5. Otro síntoma es la creación de escenarios políticos para la construcción de agendas de opinión publica, en donde a la protesta social la vinculan con los temas de terrorismo, delincuencia y violencia que atenta contra el equilibrio social e institucional.

6. El caso más grave de represión sucedió en el 2006 y 2007, que arrojó un saldo de más de 500 detenidos y 26 muertos, con violaciones extendidas como son las detenciones arbitrarias e injustificadas, violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, abusos de autoridad y fabricación de delitos, pero sobre todo el uso excesivo e injustificado de la violencia por parte de cuerpos policíacos y grupos violentos de choque pagados por el gobierno.

7. Pese a que el Dr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a investigar a fondo los hechos violentos denunciados y procesar a los responsables de acuerdo a las disposiciones de la ley[3], el gobierno lejos de investigarlas o sancionarlas las ha justificado en el marco del cumplimiento del estado de derecho.

8. El gobierno federal y estatal han implementado reformas legislativas en materia de administración y procuración de justicia, que contemplan: “allanamientos y cateos legalizados” e “incremento a la vigilancia policiaca-militar” otorgándoles amplias facultades. Estas reformas atentan contra la libertad de expresión, manifestación, reunión y al mismo tiempo bajo este concepto de seguridad establece regímenes de excepción que limitan el ejercicio de los derechos humanos.

B). SITUACIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN OAXACA.

9. Las violaciones de derechos humanos en México habían sido cometidas principalmente en contra de líderes políticos y sociales; a lo largo de los últimos dos sexenios los atentados sufridos por organizaciones de derechos humanos y sus integrantes han crecido cuantitativa y cualitativamente. Estas violaciones han sido documentadas por organizaciones locales, nacionales e internacionales.

10. Una práctica muy clara en el estado de Oaxaca, es disuadir, obstaculizar e incluso impedir que los defensores y las organizaciones desempeñen su labor; estas acciones tiene como objetivo el cese de alguna o de todas sus actividades.

11. La situación de inseguridad que ha sufrido este sector se ha visto acrecentada de manera drástica; la impunidad y la ausencia de persecución penal en contra de los responsables agudizan este clima hostil contra el activismo. Por otra parte, el desinterés que ha mostrado el estado en el tema de derechos humanos hace imposible colocar como una situación de primera necesidad el tema de los defensores/as porque al mismo tiempo crea un ambiente propicio para el hostigamiento, bajo el siguiente patrón[4]: fabricación de delitos, ausencia del debido proceso, ataques a la libertad personal, ataques físicos, amenazas, allanamientos ilegales, seguimiento, vigilancia, difamación, descalificación y criminalización.

12. Una de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos es la impunidad. Debemos decir que existen muy pocas denuncias y quejas interpuestas por algún ataque a un defensor debido a la falta de autonomía institucional y personal de los titulares de estos organismos, lo que lleva a la decisión de no denunciar por la falta de confianza que genera su actuación. Las autoridades no realizan las investigaciones necesarias para garantizar los medios mínimos de prueba o las diligencias necesarias para llegar a conocer la verdad sobre los hechos. En cuanto a los organismos públicos, son instancias que en el discurso defienden los derechos humanos pero en la realidad, al interponer las quejas son ineficaces y terminan por defender a las autoridades.

13. No existen leyes ni mecanismos de protección y prevención ante inminentes ataques a defensoras y defensores, al contrario, el Estado no toma en cuenta la dimensión de la labor de los defensores. En Oaxaca ha habido diversas medidas cautelares de protección emitidas por la CIDH y un sin número de Acciones Urgentes para garantizar la labor de los defensores, a lo que el Estado hace caso omiso.

C). ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESION

14. .En Oaxaca, en el período 2006-2007 la actividad de informar sobre los acontecimientos estuvo mediada por la pretensión del estado de simular mediáticamente su interés político por solucionar la problemática, pero lejos de eso la intención que tuvo fue la de crear los escenarios incriminadores de la participación ciudadana a través de periódicos y estaciones radiofónicas identificadas con la visión gubernamental. La función de los medios de comunicación privados y oficiales ha sido determinante en la fabricación maquillada de la tarea del Estado.

15. Durante el conflicto social del año 2006 apareció una radio clandestina temporal autollamada “Radio Ciudadana”, una transmisión radiofónica ubicada en el 92.1 de FM, dedicada a criminalizar el movimiento social e instigar a la violencia contra personas y grupos de ciudadanos y ciudadanas. En este caso la tarea de informar estuvo bajo el control del Estado.

16. En Oaxaca no existen garantías para que periodistas y comunicadores ejerzan el derecho a expresarse y a informar a la sociedad, pues existe siempre el temor a ser censurados y agredidos. Se han suscitado actos contra la libertad de expresión como son el asesinato del Periodista de Indymedia Brad Will, y los asesinatos de Teresa Bautista Moreno y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras triquis de la radio “La voz que rompe el silencio”, mismos que hasta hoy se encuentran impunes. En 2007 la CNDH registró 26 agresiones contra comunicadores en el contexto del conflicto social[5].

17. El Estado militariza las comunidades urbanas, rurales e indígenas y desmantela las radios comunitarias bajo el argumento de que atentan contra la seguridad de la nación, sin embargo son el único medio que la población tiene para ejercer el derecho a la información y a la libertad de expresión.

D). DESAPARICION FORZADA

18. La desaparición forzada de personas es una realidad nacional e histórica, pues de la década de los años 60 al 2000 están documentados 1300 casos de detenidos desaparecidos. En Oaxaca este delito retoma gravedad debido a que recientemente se agregan siete nuevos casos de detenidos desaparecidos, ellos son: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya desaparecidos el 25 de mayo de 2007 y reclamados por el Ejercito Popular Revolucionario (EPR); Lauro Juárez desaparecido el 31 de diciembre de 2007, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR); las indígenas triquis Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de Julio del 2007 miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); y Sergio Bautista miembro de la Unión Campesina Democrática (UCD), en compañía del Sr. Alberto Santiago Velásquez, desaparecidos el 20 de abril del 2008. Hasta hoy las autoridades responsables no dan cuenta de su paradero.

19. En el caso de Lauro Juárez existen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitan den con su paradero; en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Poder Judicial Federal por vía de un Juicio de Amparo en el acto de suspensión emitió una orden para que en un término de 24 horas cesaran los efectos de la desaparición forzada, sin éxito alguno, toda vez que ninguna autoridad aceptaba la ejecución de la desaparición, sin embargo, el Gobierno Mexicano reconoció que los dos últimos son victimas de desaparición forzada[6]. En el caso de las dos indígenas triquis los órganos de procuración de Justicia han iniciado averiguaciones bajo la premisa de secuestro, sin que a la fecha se haya dado con el paradero de todos ellos.

20. Las grandes preocupaciones en torno a la desaparición forzada son las siguientes: no existen mecanismos internos para la protección de las víctimas, es nulo el derecho a conocer la Verdad, el Amparo que debía cumplir la función de protección es obsoleto, no hay una ley sobre desaparición forzada y la configuración de un tipo penal no ha sido suficiente, pues por lo que respecta a Oaxaca no existen averiguaciones abiertas bajo esa línea de investigación. Asimismo, los instrumentos internacionales son rechazados y no se pueden aplicar, las autoridades se niegan a aplicar el derecho internacional, no existe investigación real del paradero de los desaparecidos, y el juicio de amparo resulta ineficaz para este crimen de lesa humanidad. Los familiares de los desaparecidos, han sido victimas de acoso, hostigamiento, amenazas y seguimiento policiaco.

E). VIOLENCIA FEMINICIDA.

21. Las diversas organizaciones no gubernamentales, han documentado una serie de violaciones a derechos humanos, que va desde la violencia intrafamiliar y la violencia institucional, hasta el asesinato, sin que el estado Mexicano ni las autoridades estatales hayan realizado acciones precisas para su erradicación. A partir del año 2004, ante la falta de registros y estadísticas por parte del estado de Oaxaca en materia de asesinatos contra mujeres, el Colectivo Huaxyacac realizó un informe[7], que coadyuvó a establecer en la investigación realizada por la Comisión de Feminicidios que Oaxaca ocupó el 2° lugar nacional en homicidios de mujeres en 2004[8] .

22. De acuerdo a la investigación realizada por el INEGI[9] de los 100 municipios con la taza promedio anual más elevada de homicidios de mujeres, 81 de ellos corresponden a Oaxaca. Asimismo de los 10 primeros lugares, 9 corresponden a Oaxaca; de los 20 primeros, 19 corresponden al mismo estado sureño y a éste tocan 45 municipios de los primeros 50 de mayor incidencia.

23. Pese a esto, la cultura machista que permea en la estructuras de gobierno, ha invisibilizado la gravedad de la violencia feminicida, al grado tal que tenemos mujeres desaparecidas, asesinadas[10], y un sin numero de mujeres sin acceso real a la justicia, lo que se agrava aun más en el contexto indígena donde existe mayor discriminación y menor acceso a la justicia.

24. La violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas se agudiza en las regiones donde existen conflictos políticos y agrarios ya que si bien es cierto, hay comunidades donde las mujeres son invisibles y por ende la violencia en contra de ellas también.

25. Las competencias del Estado para investigar y dictar sentencia en causas penales entraña claramente la obligación internacional de reaccionar con la debida diligencia a todo caso de violencia contra la mujer, situación que no sucede en Oaxaca.

26. Las estructuras institucionales, carecen de toda sensibilidad para la atención a las mujeres, la falta de presupuestos y de políticas públicas son los síntomas más graves.

27. Existe una incapacidad de iniciar e integrar investigaciones y en su caso encarcelar a los asesinos o agresores y poner freno a los crímenes. Esta situación es el resultado, en gran medida, de las muy deficientes, indiferentes y negligentes investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estatales, contraviniendo así las recomendaciones realizadas en enero del 2006 por parte de la Relatora Especial sobre Violencia hacia las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas.

28. Ante la persistencia de la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres que se vive en Oaxaca, se hacen vigentes las recomendaciones y preocupaciones de la CEDAW. En particular, hay preocupación por la falta de investigación de las violaciones a derechos humanos y el abuso de autoridad perpetrados por la Policía Federal Preventiva y cuerpos policiacos estatales en contra de 38 mujeres privadas ilegalmente de su libertad el 25 de Noviembre del 2006, quienes por acciones legales han sido liberadas de los cargos por los que fueron detenidas.

E). SITUACION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

29. Los pueblos indígenas en Oaxaca han sido sometidos históricamente por políticas de exclusión en el ámbito estatal y nacional, así como al saqueo sistemático de sus recursos naturales y su cultura, situación que se ha recrudecido en los últimos cuatro años con más violencia. Por señalar un ejemplo, la agresión de fuerzas militares contra indígenas chontales de la Sierra Sur del estado el pasado mes de agosto de 2008, costó la vida de Cecilio Vásquez y Venancio Olivera, indígenas y autoridades comunales que se encontraban realizando labores de siembra en su parcela.

30. Son muchos los casos en los que la ejecución de megaproyectos ha significado el despojo de territorios de pueblos indígenas en Oaxaca, el saqueo de recursos naturales, muy graves daños en el medio ambiente, el desplazamiento de pueblos enteros, el divisionismo y la violencia. Esto sucede en la costa de Oaxaca con la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina. En la región del Istmo de Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y operadores de empresas españolas recorren las comunidades, ofreciendo dinero a cambio del apartado de tierras ejidales. Hay estimaciones de que hasta ahora han sido ya comprometidas más de 10,000 hectáreas de propiedad colectiva para la construcción de parques eólicos.[11]

31. El 18 de febrero de 2005, el Congreso de la Unión, aprobó la “Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados”. En el artículo 90 de esta ley, están las disposiciones para que los pueblos indígenas soliciten “la no entrada del maíz transgénico a su territorio” disposición que resulta engañosa. Se debería impedir por ley la plantación de semillas transgénicas, sin embargo está sucediendo justamente lo contrario.

32. En el Informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU[12], publicado en el año de 2003, se emitieron algunas recomendaciones al gobierno mexicano, entre otras se establece: a) Cuando lo demanden las comunidades indígenas, el ejército deberá ser replegado a las inmediaciones de estos territorios y sus tareas deberán ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales, b) El sistema nacional ombudsman deberá fortalecer sus áreas de atención a los derechos humanos indígenas, c) Las comunidades indígenas deberán tener acceso prioritario a los recursos naturales con fines de consumo directo por encima de los intereses económicos o comerciales que puedan existir, d) La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de conflictos agrarios. A la fecha se sigue esperando una respuesta del gobierno a estas demandas y recomendaciones.

CONCLUSIONES

Con este breve informe ha quedado establecido que a lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno Mexicano ha incumplido sus compromisos y las recomendaciones adquiridas en materia de derechos humanos simulando un compromiso que en los hechos que no se ve reflejado en la realidad estatal, pues las situaciones de violaciones graves y sistemáticas descrita ponen al descubierto la impunidad y el debilitamiento del estado de derecho. La carencia de mecanismo de evaluación en los estados de la federación, como es el caso Oaxaca, ha conllevado a generar total impunidad de las graves violación a a derechos humanos puesto que el Gobierno Federal argumenta un problema que deben resolver las autoridades del estado de Oaxaca. De ahí que consideramos necesario que el seguimiento de las recomendación y compromisos que el México ha adquirido también incluyan a cada uno de los estados que integran la federación. Asimismo, solicitamos al Estado Mexicano a que coopere con todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos mediante la aplicación efectiva de la invitación abierta a estos mecanismos, para permitir la verificación in situ de la gravedad de las violaciones en el estado de Oaxaca.

Este informe fue elaborado por: Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Comité de Liberación 25 de Noviembre, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) filial Oaxaca, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCADH) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.


[1] Comunicado de prensa del la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de fecha 28 de octubre del 2006.

[2] Recomendación 15/2007, de la CNDH. México D.F. Mayo del 2007.

[3] Comunicado de prensa del Relator Especial De Las Naciones Unidas “Llamado Urgente al Gobierno Mexicano por las Violaciones a los Derechos Humanos en Oaxaca” de fecha 30 de octubre de 2006, México, D.F.

[4] Cuadro de documentación de 20 casos de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido atacados por su actividad, anexo núm. 1

[5] Recomendación 15/2007, de la CNDH. México D.F. Mayo del 2007.

[6] Boletín No.216-14/08/2008 emitido por la Dirección de Comunicación Social de la SEGOB, de fecha 14 de agosto de 2008, México DF.

[7] Informe sobre homicidios y violencia contra las mujeres en el estado de Oaxaca” elaborado por el Colectivo Huaxyacac, red de la que forma parte la Limeddh y Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Este colectivo aglutina a 20 organizaciones que trabaja con y para mujeres, en defensa y promoción de dichos derechos. Anexo 2

[8] La Comisión para conocer y dar seguimiento a los investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y Justicia Vinculada en el año 2006, para el estado de Oaxaca, está encabezada por Marcela Lagarde y los Ríos.

[9] Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de carácter Nacional.

[10] Ejemplos claros son la desaparición de Daniela y Virginia ambas de apellidos Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de Julio del 2007, sin que el estado haya realizado acción alguna para dar con su paradero, además de haber integrado una investigación por secuestro. Por otro lado tenemos los asesinatos de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, todas ellas mujeres perteneciente a la etnia indígena Triqui.

[11] Beas Torres, Carlos. “Despojos y Pobreza: Los Megaproyectos en Oaxaca”, en El Topil. Boletín de Análisis y Reflexión. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA. Oaxaca Agosto 2008.

[12] Stavenhagen, Rodolfo. “Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diciembre de 2003.

1 Comentario »

Comenta el articulo!

Agrega tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. Tambien puedes suscribirte a los comentarios via RSS.

No se toleraran conductas inapropiadas. No spam.

Puedes usar estas etiquetas:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Este sitio esta habilitado para el uso de Gravatar.