Acusada de guerrillera y secuestradora

Liberan a Isabel Almaraz, tras seis años de prisión injusta

Por Soledad Jarquín Edgar/ corresponsal

Oaxaca, Oax., (CIMAC).- Después de seis años de prisión “por un delito que no cometió”, Isabel Almaraz Matías recuperó su libertad tras un largo proceso plagado de irregularidades. Esto lo dieron a conocer los centros de derechos humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh), de Oaxaca, y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en el documento titulado “Las mujeres indígenas frente al sistema de procuración y administración de justicia: El caso de Isabel Almaraz Matías”.

El documento se emitió al cumplirse 12 años de la detención de unos cien habitantes de las comunidades Loxicha acusadas de ser integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) el 25 de septiembre de 1996.

Isabel Almaraz fue detenida en la ciudad de Oaxaca en junio de 2002, después de visitar a su mamá en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Se le imputó el delito de secuestro junto con otros hombres, el cual nunca cometió.

En el verano de 2007, en entrevista con Cimacnoticias desde el penal de Santa María Ixcotel, Isabel Almaraz contó cómo se le había responsabilizado de participar en aquel secuestro, de cómo la habían detenido violentamente y separado de sus dos hijas pequeñas y de la tortura física y psicológica de la que fue objeto entonces, cuando fue amenazada de ser violada por varios policías judiciales y que sus hijas, entonces muy pequeñas, serían dadas en adopción y de las que no sabría nunca más.

De esta manera, explicó Isabel, la obligaron a confesar un delito que no cometió, incluso no conocía a los que supuestamente eran sus cómplices. Ellos fueron liberados por el ex gobernador José Murat Casab, quien calificó a Isabel de “guerrillera”.

Sin hablar castellano, ni saber manejar vehículos, Isabel fue obligada a firmar una confesión falsa donde se le acusa, entre otras cosas, de ser quien conducía el vehículo en el que se cometió el plagio de un menor. El costo fueron seis años de prisión. Isabel recuperó su libertad el 17 de junio de 2008, hecho que se dio a conocer esta semana.

Isabel fue la única mujer presa, luego de que un pueblo entero fue involucrado con el EPR en 1996. Ella apunta que entonces, como casi todas las mujeres loxicha, participó en el plantón más largo de la historia de Oaxaca que encabezó la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha.

En este acto, ellas, las hijas, esposas, hermanas pedían la libertad de los hombres que habían sido detenidos el 25 de septiembre de 2006 y acusados de ser parte del EPR, entre ellos su padre Honorio Almaraz Martínez, quien estuvo “desparecido” 15 días.

MUJERES INDÍGENAS Y JUSTICIA

De acuerdo con Barcadh y Prodh, en México el sistema de justicia penal imperante presenta aún serias deficiencias. Ello afecta a todas las partes involucradas, pero sobre todo a los imputados y a las imputadas.

Las personas que son señaladas como presuntos responsables de haber cometido un delito enfrentan procesos inequitativos, donde la presunción de inocencia es nula en la práctica.

Los datos así lo demuestran: sólo 9 de cada 100 procesados son absueltos después de ser juzgados. En este contexto, la pobreza, el género y la identidad étnica se tornan factores que acentúan la falta de equidad procesal, situación verificable en Oaxaca.

Cifras como las anteriores –explica el documento-- evidencian un preocupante déficit en materia de debido proceso en la entidad que perjudica especialmente a los indígenas; lo que se agrava por la frecuente instrumentalización del sistema de procuración y administración de justicia para fines políticos. En el caso de las mujeres indígenas, la situación es todavía más grave.

UN PROCESO PLAGADO DE IRREGULARIDADES

Los organismos Barcadh y Prodh retomaron el caso de Isabel Almaraz en 2007, lo que originó que en 2008, luego de seis años de proceso en los que estuvo privada de su libertad, fuera sentenciada a tres meses de prisión.

A pesar de la insuficiencia de las pruebas, un Juez penal de Oaxaca la encontró responsable del delito de privación ilegal de la libertad, basándose primordialmente en una confesión que le fue arrancada en condiciones irregulares.

Barcadh y Prodh apelaron su defensa y estudian las vías pertinentes para exigir la indemnización relativa al tiempo que Isabel permaneció innecesariamente en prisión.

El documento demuestra que hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, como al derecho a la integridad personal durante su detención y a los derechos específicos que se derivan de su condición de mujer indígena, pues nunca tuvo traductor o intérprete.

Además, violación del derecho a una defensa adecuada, ya que no contó con un defensor público desde su primera declaración; violación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, esto frente a la excesiva duración de la prisión.

Cabe resaltar que la sentencia que finalmente se le impuso fue de tres meses. Isabel, que estuvo presa durante 72 meses, cumplió esa pena 24 veces más.

Isabel finalmente se pudo reunir con sus dos hijas, ahora adolescentes. Ella afirmó que es muy difícil vivir presa y más cuando sabía que no cometió ningún delito.

08/SJ/VR/GG