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A pesar de protestas continúan deportaciones y racismo en EU

Miércoles 29 de octubre, 2008.
09:10 pm
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A pesar de protestas continúan

deportaciones y racismo en EU

Mientras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos de los inmigrantes en los Estados Unidos demandan al gobierno regirse conforme a derecho internacional, los gobiernos estatales de ese país aceleran y ponen en marcha programas e iniciativas tendientes a la repatriación de connacionales y centroamericanos.

Así, nueve mil 563 inmigrantes indocumentados fueron procesados tan solo en Arizona por cruzar la frontera de manera ilegal durante el año fiscal 2008, que finalizó el pasado 31 de septiembre, informó hoy la Patrulla Fronteriza de acuerdo a reportes de agencias noticiosas.

De acuerdo a la legislación de ese estado de la Unión Americana, un promedio de 70 indocumentados son procesados diariamente en la Corte Federal en Tucson y enfrentan una condena máxima de 180 días de prisión, reveló el jefe de sector del cuerpo de seguridad fronteriza, Robert W. Gilbert, quien advierte, desafiante: "habrá consecuencias si cruzan la frontera de manera ilegal por Arizona".

Para acelerar el proceso de detención y posterior deportación, llamado Quick Court, un juez es trasladado al centro de detención para acelerar el procesamiento de los indocumentados y que hasta la fecha se ha ocupado de 843 casos.

Otro plan que se puso en marcha durante este año en la frontera de Arizona fue el de repatriación voluntaria de indocumentados mexicanos, por el que 18 mil 643 inmigrantes fueron enviados de regreso a sus hogares en vuelos comerciales desde la ciudad de Tucson al interior de México.

En tanto, en Washington, organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron hoy al Gobierno de EU ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de violar las políticas de detención y de deportación de los inmigrantes en el país vecino.

En el marco de una de las sesiones de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) de este organismo celebrada en la capital norteamericana, grupos humanitarios y legales debatieron junto con el Gobierno de EU los procesos que implican a los inmigrantes indocumentados.

Según recoge el informe expuesto por los denunciantes, en los últimos años "la detención y deportación de inmigrantes ha constituido una práctica extensa y reiterada".

En el año fiscal 2007 los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas del Gobierno de EU (ICE, por su sigla en inglés) registraron una media diaria de 153 detenciones administrativas y 61 arrestos criminales.

Además, detuvieron un promedio de 29 mil 786 individuos al día en los centros del país, datos que suponen un incremento del 61 por ciento en comparación con el año anterior.

Por su parte, el Gobierno de EU señaló a través de su representante alterno ante la Organización de Estados Americanos (OEA), W. Lewis Amselem, que "Estados Unidos se enorgullece de sus antecedentes inmigratorios", que cuentan con millones de inmigrantes convertidos a ciudadanos estadounidenses.

"Asimismo, Estados Unidos es el mayor país que ha admitido refugiados -señaló-, al acoger a personas que vinieron aquí huyendo de la hambruna o los conflictos".

Amselem recordó que el derecho internacional reconoce que EU "tiene los derechos soberanos de controlar la admisión de personas en su territorio, así como regular la expulsión de ciudadanos extranjeros".

por otra parte, en San Diego se destacó que la creciente violencia racial que se ha registrado contra los latinos en los últimos años requiere que el próximo presidente de Estados Unidos y el Congreso den prioridad a una reforma migratoria, consideró el presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), John Trasviña, quien agregó la necesidad de esa reforma, ya que "los latinos están siendo agredidos en los vecindarios estadounidenses". Este fenómeno es consecuencia de "un sentimiento antiinmigrante que alimentan los comentaristas de radio y televisión por cable, aparejados con policías locales que al aplicar leyes de migración dejan a nuestras comunidades" más desprotegidas que antes.

De acuerdo a estadísticas del Buró de Investigaciones Federales (FBI), en los últimos seis años se han reportado cuatro mil 251 agresiones contra latinos, algunos de ellos homicidios.

Ese número de víctimas correspondieron a tres mil 79 incidentes reportados a las autoridades y que la FBI integró en estadísticas nacionales, pero que sólo reflejan una parte de la violencia racial.

Muchas víctimas se abstienen de denunciar por su condición migratoria, especialmente en estados como Arizona, donde un inmigrante indocumentado "pierde" su derecho a demandar al abusador.

Por otra parte, en Washington, activistas de la Unidad Hondureña han solicitado al presidente George W. Bush, el cese de las deportaciones de inmigrantes procedentes de Centroamérica a causa de los daños causados en esa región por las lluvias.

En una carta enviada a la Casa Blanca el lunes pasado y divulgada hoy, el grupo comunitario pidió que Bush ordene al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que suspenda las deportaciones de centroamericanos indocumentados que no tengan antecedentes penales, como una forma de ayudar a la reconstrucción de la zona. "Queremos que el presidente Bush nos ayude en los esfuerzos de reconstrucción y que la gente pueda quedarse para continuar enviando sus remesas a sus familiares", dijo José Lagos, portavoz de Unidad Hondureña.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) del gobierno de la capital mexicana, Rosa Márquez Cabrera, entregó ayer las primeras 86 actas de doble nacionalidad a inmigrantes que regresaron a la ciudad de México, luego de perder sus trabajos en Estados Unidos, para que puedan acceder a los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, así como realizar todos los trámites oficiales para reingresar al sistema educativo nacional.

Explicó que se trata de niños y niñas entre los cinco meses y los 18 años, así como adultos de entre 39 a 54 años, la mayor parte residentes de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón e Iztacalco, que se vieron en la necesidad de retornar de California, Illinois, Texas, Carolina del Norte y Nueva York.

Con información de EFE/ Notimex/ Mundo Hispano-El Financiero/La Jornada.

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