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Despoja gobierno de tierras al pueblo mixe de Jaltepec

Publicado por @Shinji_Harper el miércoles, 7 enero 2009
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De la Redacción

 

Oaxaca, México.-  Propietarios del pueblo originario de Jaltepec de Candayoc, Cotzocón, Mixe,  interpusieron ante la justicia federal un amparo contra la acción de expropiación de 18 mil 648 mil hectáreas de tierras ejecutada por el gobierno del estado de Oaxaca y la Secretaria de Desarrollo Rural sin respetar la decisión de la comunidad sobre sus tierras ni cumplir con la norma constitucional de indemnización.

 

Así también solicitaron anular el decreto por el cual el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, despoja a esa comunidad de 2 mil 50 hectáreas más de tierras para convertirlas en zona de reserva ecológica, sin el concurso de la población.

 

En un comunicado de prensa, los afectados,  expresaron que la expropiación de esas superficies representan “un infame y criminal despojo ocasionado por el gobierno federal”.

 

A continuación el texto integro de la denuncia:

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

Comunidad Indígena de Jaltepec de Candayoc, Cotzocón, Mixe.

Oaxaca, México.

 

 

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

A los organismos de Derechos Humanos

A los Pueblos Indígenas del Mundo

Al Pueblo Ayuujk

 

Hermanos y hermanas, los saludamos y les deseamos que el creador y dador de vida les ilumine el camino para obtener un mundo más justo.

 

Ante el infame y criminal despojo que ha ocasionado el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca sobre nuestras tierras comunales, mismo que persiste hasta nuestros días de manos del Gobernador del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), nuestra comunidad ha iniciado un proceso judicial para exigir Justicia.

 

Por esta razón, hoy queremos compartir nuestra palabra.

 

Los pobaldores de Jaltepec,  denuncian el despojo de su riqueza ancestral y natural con la complicidad del gobierno federal

Los pobaldores de Jaltepec, denuncian el despojo de su riqueza ancestral y natural con la complicidad del gobierno federal

 

Nuestro pueblo, es una comunidad llena de historia y riquezas naturales y territoriales desde la época colonial, nosotros, somos descendientes directos del antiguo Candayoc. En 1737 contábamos con una superficie de 108 leguas cuadradas de tierras equivalente a 335,394 hectáreas de tierras que compramos a la corona española en 800 pesos oro y otra parte recibidas en gratificación por los mismos españoles por servicios prestados en sus haciendas; en un irónico trato tuvimos que comprar nuestras propias tierras y conformarnos con un obsequio que tomaron de nuestros propios bienes. Nuestros títulos fueron utilizados por el Licenciado Miguel Bolaños Cacho para defender y establecer el lindero de nuestro Estado de Oaxaca con el Estado de Veracruz en el año de 1899, por lo que los Gobiernos del Estado y Federal, tienen pleno conocimiento que las tierras hasta la colindancia con el Estado de Veracruz le pertenecen a nuestra comunidad.

 

No obstante lo anterior, es decir, aún sabiendo que estas tierras eran de nuestra comunidad, en el año de 1956 y 1958 el Gobierno Federal expropio 18 648 hectáreas de nuestra propiedad ancestral sin avisar a nuestro pueblo y sin indemnizarla en la forma señalada por la Constitución Federal. De este modo, las injusticias sufridas durante la colonia continuaron en el México independiente pues quedamos a merced de un Gobierno injusto y represor. En esos años, se dijo que nuestras tierras servirían para reubicar a los hermanos afectados por la Construcción de las presas “Cerro de Oro” y “Miguel Alemán” en la cuenca del Río Papaloapam; en los hechos esto nunca fue realidad ya que la entonces Comisión del Papaloapam, se dedicó a vender nuestras tierras al mejor postor y las tierras restantes las utilizó para fines distintos a la expropiación. Asimismo, el dinero destinado para la indemnización más de seiscientos mil pesos de aquella época fue entregado a un particular que nunca comprobó ser propietario de las tierras expropiadas.

 

En estas condiciones, nuestras tierras fueron botín para acaparadores de tierras, fugitivos y funcionarios públicos que se hicieron ricos a costa de nuestro patrimonio. A nosotros nos tocó solo tristezas, agresiones y desolación, muchas veces tuvimos que lidiar y correr a la Policía Hidráulica  que a cartucho cortado se introdujeron a nuestras tierras. Hoy esta expropiación sigue sin ser indemnizada.

 

 

Además 2,050 hectáreas de estas tierras que no fueron utilizadas para la expropiación, actualmente se encuentra en manos del Gobierno del Estado y en un acto de total autoritarismo el Gobernador ULISES RUIZ ORTIZ, las declaró Zona de Reserva Ecológica evitando cualquier ingerencia de nuestra comunidad. A pesar que ante el Gobierno del Estado hemos acreditado que somos los legítimos y ancestrales dueños conforme a nuestros títulos primordiales, la SEDER, en repetidas ocasiones nos ha manifestado que estas tierras nunca nos serán entregadas.

 

Hermanos y hermanas, queremos decirles que con la firmeza y la confianza que nos da el ser los legítimos dueños de las 18,648 hectáreas de que fuimos despojados, nuestra comunidad siempre ha defendido estas tierras, por muchos años buscamos y hemos documentado nuestra propiedad ancestral, asimismo, hemos documentado el terrible despojo que bajo la máscara de la expropiación se consumó en contra de nuestro pueblo. Hoy contamos con toda la documentación que acredita ante los ojos de las autoridades y de la opinión pública lo injusto de este criminal acto que nos ha reducido a una pequeña porción de tierras, el Gobierno Federal y Estatal, aún buscando las mejores argucias legales, no puede seguir este monumental acto de injusticia.

 

Por esta razón, confiando en la Justicia de los Tribunales Federales,  el día de ayer 5 de enero de 2009, a las 15:00 horas, interpusimos Demanda de Amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Oaxaca, solicitando protección de la Justicia Federal en contra del decreto expropiatorio que sirvió para la usurpación de 18,648.90-32 hectáreas de terrenos de nuestra comunidad sin indemnización alguna; asimismo en contra del Decreto emitido por ULISES RUIZ ORTIZ en el que declara 2,050 hectáreas de las tierras expropiadas como ZONA DE RESERVA ECOLOGICA.

 

En esta iniciativa comunitaria de exigencia de justicia de nuestro pueblo, estamos seguros que el nuevo marco de los derechos indígenas y de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, así como la presencia firme de los organismos defensores de los Derechos Humanos, no permitirá que este acto de injusticia quede en el olvido.

 

 

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