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Aprehenden a periodistas por denunciar corrupción en el gobierno mexicano

Viernes 16 de enero, 2009.
11:42 pm
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Oaxaca, México.- El periodista Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, fue detenido por elementos de la policía bancaria, acusado de desacato a una orden de presentación emitida por el titular del Juzgado 3 en Materia Civil con sede en Guadalajara, Jalisco.

[caption id="attachment_5463" align="aligncenter" width="140" caption="El periodista Miguel Badillo se ha destacado por denunciar la corrupción existente en las esféras del poder polírico y económico de México. "]El periodista Miguel Badillo se ha destacado por denunciar la corrupción existente en las esferas del poder polírico y económico de México. [/caption]  

De acuerdo con los uniformados, el periodista fue arrestado por un periodo de 36 horas debido a que no se presentó a declarar en el proceso del expediente 749, radicado en el juzgado 38 de lo civil, promovido por la empresa Multigas, propiedad del Grupo Zeta Gas, por supuesto “daño moral”.

Zósimo Camacho, periodista de la revista Contralínea,  indicó que la detención de Miguel Badillo es totalmente irregular, porque en el momento del arrestó se le dijo que incurrió en desacato al Poder Judicial, “pero en ningún momento se le notificó (a Badillo) nada, osea no sabíamos de una supuesta orden del Poder Judicial y como no estabamos enterados, de pronto llegan y dicen que hubo un desacato".

[caption id="attachment_5465" align="aligncenter" width="500" caption="Momentos en que el periodista es conducido a  El Torito por la Policía Bancaria/Foto: Revista Contralínea"]Momentos en que el periodista fue detenida por la Policía Bancaria/Foto: Revista Contralínea[/caption]  

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, confirmó que la detención del periodista Miguel Badillo se llevó a cabo a petición de autoridades de Jalisco. Refirió que el titular del Juzgado 3 en Materia Civil con sede en Guadalajara, Jalisco, solicitó apoyo del juez 49 del ámbito referido en el Distrito Federal, quien expidió una orden de detención por 36 horas contra el periodista.

El funcionario capitalino dijo desconocer con precisión las causas que motivaron la aprehensión de Badillo y señaló que los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) están facultados para ejecutar arrestos de esa índole, por lo que es completamente legal.

Alrededor de las 09:50 horas fue detenido el periodista por dos patrullas de la policía bancaria (una de ellas con número de placa A14-08), cuyos agentes bajaron al reportero de su automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado al sur de la ciudad.

El periodista fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, conocido como el Torito. No obstante, el abogado defensor Horacio Gómez Mendieta informó que dicho expediente y la orden de detención no obran en el juzgado.

El expediente al que hicieron alusión los policías bancarios se vincula con la serie de demandas interpuestas por el Grupo Zeta Gas en contra de Miguel Badillo, también autor de la columna Oficio de papel, de la reportera Ana Lilia Pérez (quien ya tiene orden de aprehensión) y de la revista Contralínea.

Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó las primeras demandas el 16 de agosto de 2007, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por supuesto “daño moral”, expediente 757/07.

A las 12:50 horas directivos de las revistas Contralínea y Fortuna presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la retención ilegal del periodista Miguel Badillo –a quien se acusó de desacato, sin que existiera ninguna notificación previa.

 

 

Los antecedentes  del acoso contra los periodistas de Contralínea

De acuerdo con la página electrónica de la revista Contralínea, el 5 de agosto de 2007, a las 15:30 horas, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta–, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista Contralínea.

“Los abogados estuvieron acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, los representantes de Jesús Zaragoza amenazaron con desaparecer a la revista y exigieron que se revelaran las fuentes de información”.

[caption id="attachment_5466" align="aligncenter" width="275" caption="La denuncia pública de la corrupción del empresario Jesús Alonso Zaragoza López beneficiado por el gobierno de México para enriquecerse ilegalmente"]La denuncia pública de la corrupción del empresario Jesús Alonso Zaragoza López beneficiado por el gobierno de México para enriquecerse ilegalmente[/caption]  

El 12 de septiembre pasado, los periodistas y el medio presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el acoso judicial y las amenazas de muerte en su contra.

 

Tras el arresto de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, y de Ana Lilia Pérez, reportera del mismo miedio, el viernes 19 de enero por la mañana, SDP contactó a Contralínea para averiguar más datos sobre el incidente. Se nos informó que el arresto tenía que ver con las amenzas que han recibido en la revista por la empresa Zeta Gas. SDP revisó en los archivos del sitio de internet de Contralínea y encontró una denuncia pública por acoso que denuncia los agravios contra la revista por parte de Zeta Gas y por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Calderón, de acuerdo con Contralínea, ayudó a Zeta Gas cuando era secretario de energía en el sexenio de Fox. Esto fue revelado por el propio dueño de la empresa de acuerdo con la revista. Esto fue lo que encontramos:

 

Desde octubre pasado la revista Contralínea denunció publicamente el acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas y por parte del gobierno de Felipe Calderón luego de que Contralínea publicara reportajes sobre diversos actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno federal.

 

La denuncia, publicada en la edición de Contralínea de la segunda quincena de Octubre de 2008, dice sobre el gobierno de Calderón:

 

“El domingo 24 de febrero de 2008, durante un mitin frente a la torre corporativa de Pemex, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente a Juan Camilo Mouriño de traficar influencias. Entregó los documentos publicados por Contralínea al Congreso de la Unión”, informa la queja interpuesta ante la CNDH.

 

Este acto agudizó el acoso contra los periodistas: “‘Lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro’, dijo amenazante el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, a la reportera Ana Lilia Pérez, vía telefónica el 25 de febrero, a una semana de que se publicaron los contratos y al día siguiente de que López Obrador los exhibiera frente a la torre de Pemex”.

 

Luego de eso la denuncia añade: "Esa misma semana, el funcionario se comunicó vía telefónica con la gerente de publicidad de las revistas Contralínea y Fortuna, Marcela Yarce Viveros, para advertirle que desde ese momento las publicaciones quedaban fuera de las pautas publicitarias, “como un castigo por su línea editorial”. Mientras, César Nava solicitaba a Miguel Badillo le revelara su fuente de información."

 

Luego de esto, denuncia Contralínea, Carlos Ramírez sostuvo una conversación con Contralínea en la que se da el siguiente diálogo:

 

"—Pues ya les dije, nada de publicidad y nadie les va a dar entrevistas. ¡Van a ver cómo les va a ir!

—¿Me estás amenazando, Carlos?

—¡Tómalo como quieras, pero mis funcionarios no siempre se van a quedar con las manos cruzadas!"

 

Contralínea explica que a partir de esa conversación la reportera Ana Lilia Pérez "ha recibido una serie de llamadas anónimas. En una de ellas le advierten: “Ana Lilia, cuídate porque Amado (Yáñez) es un tiburón y los tiburones siempre buscan sangre”, susurraba una voz femenina detrás del auricular, indica la denuncia ante la CNDH."

 

Luego de esto, Contralínea publica los detalles del acoso que ha sufrido por parte de Zeta Gas. De acuerdo con la revista, todo inició como parte de una investigación de Contralínea en 2007 respecto una investigación de la DEA surgida por el descubrimiento de un cargamento de cocaína en un camión de la empresa Hidrogas, ya que la DEA vinculaba a algunos de los familiares de los dueños de Zeta Gas con el cártel de Juárez.

 

De una entrevista para esta investigación con el dueño mayoritario de Zeta Gas, Jesús Alonso Zaragoza López, aparece la siguiente información:

 

"El empresario también señaló a un grupo de funcionarios públicos que lo ayudaban a él y a su familia a arreglar los negocios privados. Aseguró que cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se desempeñó como secretario de Energía, junto con su coordinador de asesores, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, fue ayudado por éstos a arreglar sus negocios de venta y distribución de gas. También le ayudaron con las denuncias que enfrentaba en la Comisión Federal de Competencia, por monopolio, y las denuncias y sanciones que sus empresas enfrentaban ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor por faltantes en el llenado en sus cilindros de gas, práctica conocida como ordeña”, entre otras revelaciones."

 

El texto continúa dando a conocer que la asesora de Zaragoza intentó sobornar a Ana Lilia Pérez luego de esta conversación, recibiendo siempre el rechazo por parte de la reportera.

 

De acuerdo con Contralínea el 16 de agosto de 2007, Zaragoza presentó demandas en contra de Ana Lilia Pérez Mendoza y Miguel Badillo Cruz, director de Contralínea, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por supuesto “daño moral” a pesar de que la fuente de la información publicada por la revista para la investigación había sido la entrevista con Zaragoza.

 

Contralínea, finalmente, publicó varios ejemplos de acoso en contra Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez por parte de Zaragoza. Denuncia: “Durante casi un año que lleva el juicio, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López nos amenazaron verbalmente cuando acudimos a las distintas diligencias. Las agresiones verbales comenzaron con frases como: ‘Tenemos instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos’.

 

‘Los vamos a desaparecer’. ‘¡No se la van a acabar!’. ‘No saben ni con quién se metieron!’. ‘El señor Zaragoza tiene mucho dinero y lo vamos a utilizar para desaparecerlos’; seguidas de agresiones físicas que se registrarían en pleno juzgado y a ojos del juez encargado del caso”.

 

Otra empresa que Contralínea señala en su denuncia de acoso es Oceanografía, a la cual se le vincula con los hermanos Bribiesca. Sin embargo, es Zeta Gas la empresa, junto con el gobierno de Calderón, que tiene la mayor parte de los señalamientos.

 

 

El periodista Miguel Badillo fue liberado a las 20:00 horas de ste viernes, tras obtener un amparo.

 

La detención, las denuncias y las amenazas de muerte son agresiones a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

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