Elección federal con ciudadanía y prensa discriminadas

Oaxaca, México.- En unas elecciones 2009 por demás expectantes en todas sus aristas, es la ciudadanía y los periodistas, los más excluidos para el ejercicio de sus plenos derechos a participar  e informar, gracias a un sistema de partidos que han hecho del Congreso de la Unión un tamíz para prolongar el poder político y económico en una democracia disfrazada sin beneficio alguno para la sociedad mexicana.

Reproducimos este interesante artículo que abre el debate sobre la ciudadania, medios de comunicación y procesos electorales en el país.

Elección federal con ciudadanía y prensa discriminadas

Por Eduardo Garibay Mares/El Cambio de Michoacán

Relevante en este año nuevo 2009 del que transcurren los primeros días de enero, es el proceso preparado por el Instituto Federal Electoral, IFE, que está en marcha para la elección de diputados federales, a efectuarse en la República Mexicana el 5 de julio, y en el que la gente en edad de votar es el factor que incidirá para reencauzar la vida nacional, por lo que resulta indispensable que la ciudadanía cuente con la credencial oficial de identificación personal, que le permita ejercer democráticamente su derecho.

Sin embargo, el logro cabal de la igualdad y bienestar social de la población mexicana se ve lejano, mientras prosiga creciente el legislado predominio de los partidos políticos, que así desde el Congreso de la Unión se apoderaron del derecho de participar en elecciones, al anular el derecho ciudadano individual de también poder ser votado para todos los cargos de elección popular, sin tener que alinearse ineludiblemente a ningún partido: una discriminación de la persona para candidaturas en lo individual, acordada por partidos que viven del sistema democrático y no quieren enfrentar las consecuencias de la democracia plena.

De ahí que asimismo, por disposición legislativa elitista, en el artículo 41 constitucional se ampliase la arbitrariedad al facultar a los medios de comunicación televisivos y radiofónicos, como difusores absolutos de propaganda política o electoral pagada, mediante el apartado A, donde se discrimina a los medios de comunicación impresa, cual se constata cuando de entrada se enuncia que el IFE es autoridad única para la administración del tiempo que en radio y televisión corresponda al Estado, de acuerdo a lo establecido en la ley, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, conforme en respectivos incisos se enuncia en cuanto a que: primero, a partir del inicio de precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del instituto 48 minutos diarios, distribuidos en dos y hasta tres minutos por hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, dentro del horario de programación comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas; segundo, que en precampañas los partidos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; y que el tiempo restante se usará de acuerdo a lo determinado por ley; tercero, que en campañas electorales se destinará al menos el 85 por ciento del tiempo total disponible mencionado, para cubrir el derecho de los partidos; cuarto, que del tiempo de los partidos la distribución de un 30 por ciento será en forma igualitaria, y que el restante 70 por ciento será repartido de acuerdo a resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior; quinto, que a cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión, se le asignará para radio y televisión sólo la parte que atañe al porcentaje establecido. [caption id="attachment_6194" align="aligncenter" width="400" caption="La ciudadania condenada por los partidos polítcios solo votar y no participar"][/caption]

Y sexto, que independientemente de lo dispuesto en los apartados A y B, y fuera de periodos de precampañas y campañas electorales federales, al IFE se le asignará hasta el doce por ciento del tiempo total destinado al Estado en radio y televisión, conforme a leyes y bajo cualquier modalidad: un total asignado del que el instituto distribuirá un 50 por ciento entre los partidos de forma pareja, cuyo tiempo restante usará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de entidades federativas. Y también se manda: primero, que cada partido usará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de 20 segundos cada uno, y que dichas transmisiones se harán en el horario que determine el IFE conforme a lo señalado, con el agregado de que en situaciones especiales el instituto dispondrá de tiempos para mensajes a favor de un partido, cuando así se justifique; segundo, que los partidos nunca podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en preferencias electorales de la ciudadanía, ni a favor o en contra de partidos o de candidatos a cargos de elección popular; y tercero, que está prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Disposiciones que deberán cumplirse en el ámbito de los estados y el Distrito Federal.

Voces en el desierto y silencio cómplice

Es obvio que aparejado al imperio de la indiferencia, o de la mano dura, hacía voces que se pronuncian por un México de bienestar e igualdad social, el silencio cómplice ante el menoscabo de derechos de la ciudadanía prosigue igual ominoso ante el atropello a derechos de la prensa escrita, como es el caso cuando el IFE y los partidos políticos disponen del profesional servicio de medios televisivos y radiofónicos, que lícitamente venden sus tiempos comerciales y brindan los que la ley les obliga, aunque sin hacer frente común por el atentado legislativo a las libertades de expresión y de prensa, con las que simultáneamente de tajo se dejó al margen de concernientes recursos públicos a respectivas empresas de periodismo impreso, cuyo funcionamiento administrativo depende en gran medida de ingresos por difusión de propaganda partidista y electoral, que a la vez laboralmente sustentan en gran parte el pago de salarios de quienes para ellas trabajan.

Esto es, que al dejar pasar privilegios de partidos, con violación de derechos ciudadanos democráticos, y admitir el flagrante atropello a las libertades de expresión y de prensa, con discriminación del periodismo impreso, está visto que las empresas de medios televisivos y radiofónicos se sujetan a recibir el pago por la propaganda política y electoral difundida, sometidas también a lo enunciado en el apartado D, donde entre otras cosas se menciona que el IFE sancionará infracciones a lo dispuesto, que podrán incluir orden de cancelación inmediata de transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios.

Corolario En el difícil contexto que en México y en el ámbito internacional se vive, mermados los derechos ciudadanos y las libertades de expresión y de prensa, discriminados los medios de comunicación impresos, y sometidos los medios televisivos y radiofónicos, si de optimizar recursos se trata, en el proceso electoral federal encaminado a renovar la Cámara de Diputados en este 2009, a la ciudadanía le queda todavía el recurso de ejercer su voto el próximo 5 de julio, para elegir legisladores que devuelvan la vigencia del principio toral del respeto a derechos del individuo y que erradiquen toda discriminación a personas físicas o jurídicas, a fin de reencauzar a la nación consolidada constitucionalmente a partir del 5 de febrero de 1917, y poder lograr entonces en la República Mexicana bienestar e igualdad social, lo cual, aunque se ve lejano, es posible. Ni más ni menos.

Fuente:

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=1015