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“Vamos a esperar el dictamen de la SCJN”: Ruiz Ortìz

Publicado por @Shinji_Harper el jueves, 26 marzo 2009
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Por Lilia Torrentera G

 

Oaxaca, México.- El gobernador Ulises Ruiz Ortiz,  dijo que esperará el fallo de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno  a los hechos violentos registrados durante el movimiento social del 2006.

El informe de la SCJN determina  graves violaciones de derechos humanos en Oaxaca durante el movimiento social del 2006

El informe de la SCJN determina graves violaciones de derechos humanos en Oaxaca durante el movimiento social del 2006

 

 

Entrevistado sobre la presentación de conclusiones de la comisión investigadora conformada por el máximo órgano de justicia del país e las que se señalan graves violaciones a los derechos humanos en Oaxaca,  el mandatario estatal afirmó que es prematuro hablar del tema al expresar:

 

“Vamos a esperar que se agote el procedimiento”.

 

Ruiz Ortiz indico que estará atento al proyecto de dictamen que presente el magistrado ponente del caso Oaxaca, Mariano Azuela.

 

 

El mandatario oaxaqueño reitero  que confía  que el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se  realice con toda imparcialidad  “como lo ha demostrado en otros casos”

 

 

Graves violaciones a derechos humanos en Oaxaca: SCJN

 

En el informe dado a conocer hoy  por la comisión investigadora del caso Oaxaca, encabezada por los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, aunque se omite fijar responsabilidades de tipo penal, se expone que hubo serias violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales del 2006.

Así en el contenido del documento entregado al presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia,  se identifican a personas que participaron en los hechos de hace dos años en el estado.

Dicha investigación consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas, en la que se  indagó la participación de los gobiernos, del ex presidente Vicente Fox y del actual gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como de las corporaciones policíacas y todas las instancias gubernamentales y organizaciones sociales involucradas en este caso.

Ante el pleno de la Corte, los magistrados Lara Hernández y  Manuel Baraibar, dieron a conocer los puntos fundamentales en que basaron sus indagatorias:

·        La probable violación de garantías de personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, respeto al derecho de propiedad, entre otras;

·        La probable violación generalizada de garantías individuales, especialmente libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información.

·        Los probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales; y

·        Las probables omisiones o pasividad del as autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trata.

 

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