Los orgános civiles deben ejercer la contraloría social

Por Copelia Mallé

Oaxaca, México.- La Contraloría Social, fortalece a los ciudadanos, una vez que las Asociaciones Civiles en que se organizan, pueden vigilar los actos de gobierno y exigir una adecuada administración pública, afirmó Almudena Ocejo Rojo.

La coordinadora del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática (CCS) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) indicó que la Contraloría Social es un ejercicio democrático de participación ciudadana en el que distintos actores sociales, de manera individual o colectiva, pueden vigilar el quehacer de los tres poderes del Estado,  a nivel federal, estatal, municipal o comunitario), con el fin de promover y exigir la Rendición de Cuentas y contribuir a procesos de democratización de la vida pública.

[caption id="attachment_10794" align="aligncenter" width="499" caption="La académica, Almudena Ocejo Rojo señala la importancia de la ciudadanía en la contraloría social"][/caption]      

Al participar en el diplomado “Derecho de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas”,  abundó:

“La Contraloría Social, tiene un potencial de control ciudadano sobre los actos de gobierno porque es sistemática, y más allá de la manifestación o la movilización –que son las últimas herramientas de que echa mano-, realiza investigación metodológica y fundada, que logra mejorar la gestión pública, fortalecer el esquema de Rendición de Cuentas existente, y cambiar la relación entre Estado y Sociedad”.

[caption id="attachment_10795" align="aligncenter" width="300" caption="Los participantes al diplomado de Derecho de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas."][/caption]      

La maestra en Administración y Políticas Públicas, Ocejo Rojo señaló que la Contraloría Social tiene características fundamentales, de acuerdo a su origen, tiempo, duración y alcance, que le permiten crear un impacto capaz de reorientar la decisión gubernamental respecto a una política pública; así puede ser institucional o autónoma, simultánea a la administración pública o retrospectiva, permanente o periódica, y con alcances sobre programas o rubros sociales específicos.