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México no cumplió recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos

Publicado por @Shinji_Harper el Jueves, 11 Junio 2009
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Por Lilia Torrentera G.

 

examenperiodicothumbOaxaca, México.-  Este jueves en el marco de la segunda comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, organismos civiles denunciaron que el Estado Mexicano  no realizó acciones, pero si aprobó leyes que omiten las recomendaciones del Examen Periódico Universal, hechas en febrero del 2009.

 

En el posicionamiento de las organizaciones se señala que luego de la audiencia del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en febrero pasado ante el consejo del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado Mexicano, no ha cumplido con las remendaciones emitidas.

 

Se indica que el gobierno de México, en ha realizado una serie de reformas constitucionales, que no tomaron en cuenta las observaciones hechas por los Comités y Relatores especiales de la ONU.

 

Recordaron que en febrero pasado, el gobierno mexicano, anunció que dejaría pendiente de respuesta a ocho recomendaciones que abordaban temas como jurisdicción militar; abolir la práctica del arraigo; adecuar la definición de delincuencia organizada a estándares internacionales; y restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar.

 

Esta acción, señalan los organismo civiles “muestra la falta de voluntad para abordar temas trascendentales en materia de derechos humanos en México”.

 

Indicaron que en el  dictamen aprobado en abril por la Cámara de Diputados para realizar una reforma constitucional en materia de derechos humanos, resulta insuficiente para garantizar de manera efectiva el ejercicio y tutela de los derechos humanos.

 

En  este sentido, reiteraron la importancia de armonizar el marco constitucional mexicano con los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Consideraron que las reformas en seguridad y las iniciativas recién presentadas por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad nacional, así como las políticas públicas impulsadas en el mismo marco, van en contrasentido de los derechos humanos.

 

“De ahí que, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos resultan limitadas y no permiten contrarrestar los efectos del endurecimiento de las políticas de seguridad y de la ampliación de la presencia militar para la realización de estas tareas”.

 

Por las razones, los organismos que firman este pronunciamiento reproban que el gobierno mexicano pretenda considerar la citada reforma constitucional en materia de derechos humanos como parte del cumplimiento de los compromisos que adoptaron ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como de las recomendaciones emitidas en el marco del EPU.

 

Y refrendaron el compromiso para dialogar y trabajar conjuntamente a fin de propiciar nuevos diseños institucionales, jurídicos y prácticas de gobierno, así como a formas de convivencia social basadas en el respeto absoluto de la dignidad humana.

 

 

 

Las organizaciones firmantes son:

AMARC-México, Artículo XIX, Cátedra UNESCO, Católicas por el Derecho a Decidir, CENCOS, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité de Liberación 25 de noviembre, Equipo Pueblo, Espacio DESC, Fundar Centro de Análisis, FIAN-México, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Incide-Social, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Limeddh, Sin Fronteras, Red “Todos los derechos para todas y Todos.

 

En la sesión,  que se lleva acabo en Ginebra Suiza, los organismo civiles presentaran su posicionamiento ante el Examen Periódico Universal que incluye los siguientes demandas:

 

  • La urgente necesidad de armonizar la constitución y la legislación local de acuerdo con los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos que en muchos casos han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano.
  • Implementar acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad
  • Eliminar la figura de arraigo que contraviene a las recomendaciones internacionales del sistema de naciones unidas.
  • Armonizar la definición de crimen organizado de acuerdo a lo que plantea la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado.
  • Garantizar que debe ser la justicia civil la que conozca los casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares.
  • Reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres. En particular, en el caso de los feminicidios se recomendó continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables.
  • Erradicar la tortura, mediante mecanismos eficaces y efectivos.
  • Proteger a los/las periodistas para garantizar la libertad de expresión y sancionar a los responsables de las agresiones cometidas contra ellos/as. Además de garantizar la pluralidad y diversidad en el acceso a las medios de comunicación.
  • Eliminar la declaración interpretativa impuesta por el Estado mexicano a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, relacionada con el párrafo 2º. del artículo 12: sobre igual reconocimiento como persona ante la ley e impulsar la reforma a la Ley General de las personas con discapacidad para adecuarla a la Convención.
  • Garantizar que el trabajo realizado por las y los defensores en derechos humanos se realice en condiciones de pleno respeto a la integridad de su persona.
  • Atender la grave situación de afectación al medio ambiente en el país y diseñar y aplicar las normas y políticas públicas adecuadas para satisfacer el derecho a un medio ambiente sano.
  • Asegurar que al impulsar o autorizar megaproyectos de desarrollo, se respete, proteja y garantice el derecho a la información, la consulta y la participación de los pueblos o comunidades que se verán afectados así como sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
  • Diseñar e implementar políticas públicas con enfoque en criterios de derechos humanos, género y sustentabilidad, incluyendo una política social coherente con estos enfoques.
  • Desarrollar recursos efectivos de acceso a la justicia, incluyendo la reparación del daño en casos de violaciones a los derechos humanos.

 

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