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México pretende engañar a la ONU con supuestos avances sobre derechos humanos

Publicado por @Shinji_Harper el viernes, 12 junio 2009
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  • Rechaza las recomendaciones relativas a la justicia militar y al arraigo.
  • Elude comprometerse a investigar de forma efectiva los crímenes del pasado.

 

Por Lilia Torrentera G.

 

onudhthumbOaxaca, México.- El gobierno de Felipe Calderón rechazó  recomendaciones fundamentales para garantizar los derechos humanos de los mexicanos durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado ayer en  Ginebra, Suiza. y con ello, se pretende engañar a la comunidad internacional con supuestos avances en esa materia.

En el marco de la adopción del informe del Examen Periódico Universal  del Estado mexicano, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, se refirieron a las recomendaciones no aceptadas por el gobierno mexicano abordando los temas de la utilización del arraigo, la definición de la delincuencia organizada, los crímenes del pasado y la justicia militar.

Asimismo hicieron señalamientos sobre la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la armonización legislativa en este aspecto.

Por su parte de la delegación del gobierno federal, encabezada por José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y Alejandro Negrín, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sólo informó sobre la violencia intrafamiliar y guardó silencio sobre las reformas constitucionales realizadas en las trece entidades federativa que criminalizan la interrupción del embarazo aun en casos de violación.

 

En la sesión José Antonio Guevara, mencionó una serie de supuestos avances, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por la Cámara de Diputados en abril pasado, la cual aún está pendiente de discusión en el Senado.

Esta postura, es considerada por los organismos civiles, como una simulación toda vez, que las reformas alardeadas por la delegación mexicana ante la ONU, no otorga el rango constitucional a los derechos humanos y en consecuencia desaprovecha la oportunidad de dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.

“Por tanto la reforma no puede presentarse como un avance”, denunciaron.

 

Los representantes  de la sociedad civil  externaron su preocupación ante el rechazo del gobierno que encabeza Felipe Calderón alas recomendaciones que hicieron diversos países para reformar la aplicación de la justicia militar y la figura del arraigo.

Actualmente,  señalaron, cuando elementos castrenses son acusados de violar los derechos humanos de civiles, son investigados por la Secretaria de la Defensa Nacional, lo que ha dado como resultado, una grave impunidad  contra los agraviados por la parcialidad de los tribunales militares  para llevar acabo investigaciones.

Ante esta denuncia, el representante del  Estado mexicano justificó la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos, al afirmar que toda resolución de los tribunales militares es recurrible ante la justicia civil.

 

Lo anterior fue desmentido por la delegación civil,  puesto que las víctimas no tienen la posibilidad de recurrir las resoluciones absolutorias dictadas en el fuero militar. 

El Estado igualmente refirió la aceptación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de todas las recomendaciones de la CNDH, no obstante dichas recomendaciones no abordan el uso del fuero militar.

 

Por otra parte, la delegación de Bélgica, reiteró la necesidad de poner fin a la impunidad y de investigar los crímenes del pasado con seriedad mediante una oficina especializada.

 

“Resulta alarmante que el Estado no respondiera a dicho planteamiento por considerar que la recomendación relativa a la investigación de los delitos del pasado no era relevante, sin ofrecer mayores explicaciones”, se señalaó durante la sesión.

 

Por otro lado, el Gobierno calderonista optó,  durante la sesión,  ignorar el tema del medio ambiente y en general de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

 

 

Esta omisión, señalan los organismos civiles, es un obstáculo  para garantizar los DESCA, y  lograr la efectiva protección universal de los derechos humanos en México.

 

Indicaron que esto es grave, especialmente en un marco en el que las condiciones ambientales afectan directamente la vida de las personas, y además, en varias regiones del país como Guerrero y Oaxaca, comunidades que trabajan por la protección del ambiente enfrentando algunos de los llamados “megaproyectos” han sido objeto de criminalización.

 

La delegación oficial,  indicó que el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), se integran las 83 las recomendaciones  aceptadas y que será la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos el único espacio para el seguimiento e implementación de las recomendaciones del EPU.

 

A esto, las organizaciones de derechos humanos, señalaron  que el PNDH ha sido un instrumento que en su primera edición fue inefectivo, y en su actual versión tampoco asegura avances concretos en la protección y garantía de todos los derechos humanos.

 

Las recomendaciones aceptadas, indicaron son un compromiso de Estado que involucra a todos los poderes y niveles de gobierno algo que no se ha podido alcanzar desde la Comisión de Política Gubernamental ni con el PNDH, por tanto es necesario considerar otras acciones  y crear nuevos mecanismos para lograr que las recomendaciones pasen a hechos concretos y que los resultados puedan ser verificados.

 

Ponderaron que el Examen Periódico Universal, ha dado oportunidad para que la comunidad internacional y nacional, tome conciencia de que en México existe un gran déficit en materia derechos humanos.

 

Precisaron que las recomendaciones recibidas como parte del EPU, se suman  a un gran número de observaciones que el Estado mexicano ha recibido desde hace once años, y que por lo tanto es urgente voluntad política y acciones efectivas por parte del gobierno federal y de los gobiernos de los Estados para implementarlas cabalmente.

 

Por último,  demandaron  la incorporación de la sociedad civil para lograr una política de Estado en materia de derechos humanos.

 

En la sesión del jueves en Ginebra participaron representantes de las siguientes organizaciones:

 

 

Academia Mexicana de Derechos Humanos, AMARC-México, Artículo XIX, Asociación Interamericana para la Defensa del AmbienteCátedra UNESCO, Católicas por el Derecho a Decidir, CENCOS, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité de Liberación 25 de noviembre, Equipo Pueblo, Espacio DESC, Fundar Centro de Análisis, FIAN-México, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Incide-Social, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Liga Mexicana de Derechos Humanos, Sin Fronteras, Red “Todos los derechos para todas y Todos.

 

 

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