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Pueden ciudadanos denunciar a gobiernos que violen leyes ambientales

Publicado por @Shinji_Harper el Miércoles, 24 Junio 2009
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Por Notimex

 

 

logoccambientalthumbOaxaca, México.- Denuncias en al menos siete casos relacionados con presuntas violaciones a las leyes ambientales locales y federales, han sido presentadas dentro del mecanismo de Peticiones Ciudadanas del Consejo de Cooperación Ambiental.

 

 

Los ciudadanos de América del Norte pueden interponer quejas por violaciones a las leyes ambientales en México, Estados Unidos y Canadá a través de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA).

 

 

Este organismo, constituido en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) implementó el proceso de Peticiones Ciudadanas, para analizar las presuntas violaciones en la materia y realizar un expediente de hechos.

 

 

Las acciones se les comunican a los gobiernos de los referidos países, para que lo consideren, aunque su resolución no es vinculante y ni siquiera es una recomendación.

 

 

Los tres países crearon en 1994 la CCA, en términos del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), para que se ocupe de asuntos ambientales, prevenga posibles conflictos en el rubro derivados de la relación comercial y promueva la aplicación de la legislación ambiental.

 

 

Al iniciarse , en esta ciudad estadounidense de Denver Colorado, la 16 Sesión Ordinaria del Consejo de la CCA, el director de la Unidad sobre Peticiones Ciudadanas, Dane Ratliff, informó del avance de las solicitudes presentadas.

 

 

El funcionario indicó que se tienen 11 peticiones activas, de las cuales siete corresponden a México, así como 15 expedientes de hechos, de los cuales seis también son asuntos relacionados con el país.

 

 

Entre esas peticiones, interpuestas en su mayoría por organizaciones civiles mexicanas, destacan una sobre contaminación ambiental en Hermosillo, afectaciones a los Humedales de Manzanillo, en Colima, y la empresa Alca en Iztapalapa, en la ciudad de México.

 

 

También figura el Proyecto La Ciudadela, en Jalisco, sobre el Lago de Chapala y la Minera San Javier en San Luis Potosi, el maíz transgénico en Chihuaua; Aquanova, empresa camaronera en Nayarit; una terminal portuaria en Cozumel, Quintana Roo y una fundidora de plomo abandonada en Tijuana.

 

 

Asimismo, los casos del funcionamiento de la empresa Molymex, en Cumpas, Sonora, que se encarga de la producción de trióxido de molibdeno, y una denuncia sobre el Río Magdalena de Kino y Santa Ana, en Sonora por descargas de aguas residuales.

 

 

El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís, explicó que se pueden interponer quejas o denuncias contra cualquiera de los tres gobiernos por no hacer una aplicación efectiva de la legislación ambiental en algún caso concreto.

 

 

En su calidad de miembro del Comité Consultorio Público Conjunto (CCPC) del CCA indicó que este mecanismo tiene debilidades, pues la publicación de un expediente de hechos no es concluyente, ni sanciona, ni es vinculante.

 

 

Sin embargo, señaló que la sanción es de tipo moral, pública e internacional, “se les exhibe, porque no están haciendo su trabajo correctamente”, lo que genera un problema de imagen y credibilidad hacia las instituciones.

 

 

En ese sentido, consideró necesario realizar cambios en algunos procedimientos, por lo que es requiere “meterle mano al Acuerdo Ambiental paralelo al TLC”.

 

 

Gustavo Alanís recordó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo sugirió al presidente de México, Felipe Calderón, y acordaron en enero que iba a ver un acuerdo entre los tres países para mejorar los acuerdos paralelos tanto laboral como ambiental.

 

 

Considero que el CCPC debería hacer esfuerzos importantes para hacer más efectivo el procedimiento de estas denuncias, porque como al no obligar a las partes el expediente de hechos podría terminar en un clóset o debajo del escritorio.

 

 

Por ello, considero que la CCA debería de tener dentro de sus funciones, darle seguimiento a este tipo de resoluciones, para saber que pasa o se logra después de que se publica el expediente, y darle la facultad de hacer sugerencias o recomendaciones a los gobiernos.

 

 

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