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Legitimo el uso de la fuerza pública en el conflicto del 2006: SCJN

Publicado por @Shinji_Harper el martes, 4 agosto 2009
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De la REDACCIÓN/Periódico REFORMA

 

Oaxaca, México.- El uso de la fuerza pública en Oaxaca fue legítimo durante el conflicto que se vivió en ese estado durante 277 días, indica un informe de dos magistrados de circuito que investigaron el caso, revela hoy el diario nacional Reforma.

 

El rotativo más influyente de México, da  informa que del 1 de mayo de 2006 al 16 julio de 2007, la capital oaxaqueña lució ahorcada por la instalación de barricadas en más de 70 puntos importantes de la ciudad, por las marchas, por los plantones, las tomas de dependencias públicas y los cierres de negocios, principalmente en el centro histórico.

 

Avala SCJN la interveción de la PFP en Oaxaca

Avala SCJN la interveción de la PFP en Oaxaca

Indica REFORMA que los diversos enfrentamientos que protagonizaron la Sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, contra las autoridades del estado, y después con efectivos federales, dejaron un saldo de 11 muertos.


El análisis de los magistrados que integraron la comisión para analizar el caso Oaxaca se presentaría al Pleno de la Suprema Corte y de ser aprobado sería la posición del Alto Tribunal.

 

En el informe, los magistrados resaltaron que también existieron excesos en la ejecución de los operativos por parte de algunos agentes de la autoridad, pero destaca en que la causa generadora del conflicto fue la pasividad de las autoridades estatales para resolver el problema.

 

El análisis refiere que ese movimiento social violó las garantías individuales a los ciudadanos de la capital en su libertad de tránsito debido a las barricadas; de trabajo por el cierre de negocios y de dependencias; y su derecho a la información por la toma de radiodifusoras.

“Esta Comisión considera que los operativos que implementaron las autoridades encargadas de la seguridad pública, con la finalidad de restablecer el orden, la paz y seguridad pública en la zona afectada por las movilizaciones magisteriales y populares, fueron en uso legítimo de las fuerza pública”, indican las conclusiones de la Comisión.

 

Para los magistrados, las organizaciones sociales que apoyaron las demandas del magisterio desbordaron el ejercicio de un derecho de petición y de manifestación, lo que derivó en violencia y en afectaciones a terceros.

 

El estudio destaca que el movimiento social no fue pacífico ni respetuoso y que sus actos tuvieron el propósito de propiciar ingobernabilidad al exigir la desaparición de Poderes en su pliego petitorio.

 

Con el movimiento, el estudio considera que la Sección 22 utilizó a 99 organizaciones sociales y viceversa debido a que sus reivindicaciones propias fueron relegadas a un tercer término, ya que lo primero que exigían era la renuncia del Gobernador Ulises Ruiz y la desaparición de Poderes.

 

El informe, realizado por los magistrados de circuito Roberto Lara y Manuel Baráibar, fue entregado al ministro Mariano Azuela el pasado 26 de marzo. Azuela presentará un proyecto de dictamen, mismo que será estudiado en el pleno de la Corte.

 

 

 

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