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Por caso de pornografía en colegio de Ocotlán, la CNDH emitió recomendación

Publicado por @Shinji_Harper el lunes, 10 agosto 2009
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Notimex

 

logocndhthumbOaxaca, México.- Por el caso de tres menores de edad víctimas de actos de pornografía infantil en un colegio particular de Ocotlán de Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Oaxaca.

 

El organismo destacó que el caso trascendió el interés de la entidad federativa e incidió en la opinión pública, por lo que la CNDH atrajo el caso el 7 de octubre de 2008 e inició el expediente de queja.

 

La CNDH indicó que el 29 de mayo de 2008 fueron denunciados los hechos por los padres de las víctimas ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y de la Mujer de la procuraduría estatal, pero ésta no ha consignado la indagatoria pese a que se desahogaron las diligencias.

 

El órgano acreditó violaciones al derecho a la debida protección a las víctimas del delito, derivado de la omisión para brindar a los menores agraviados y a sus familiares asistencia médica y psicológica, así como salvaguardar su integridad física.

 

Asimismo, una perito en psicología de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca que atendió a los menores y a sus padres, no los valoró adecuadamente y minimizó los acontecimientos.

 

Sobre la inspección que el Instituto Estatal de Educación Pública llevaría a cabo el 23 de enero de 2009 al colegio particular, a la fecha no se ha emitido la resolución correspondiente.

 

La CNDH mencionó que ese instituto fue omiso en responder a los requerimientos de información, lo que hace presumir que esa dependencia no realizó diligencia alguna para atender y resolver el caso.

 

Los padres de los menores agraviados informaron que han recibido amenazas de muerte, por lo cual la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal adoptar medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de los menores y de sus familiares.

 

La CNDH solicitó al gobernador de Oaxaca garantizar a los menores agraviados y a sus familiares la reparación del daño, asistencia psicológica, facilitar la recuperación y reintegración en la comunidad de las víctimas, así como prevenir algún acto de intimidación o represalia contra las víctimas.

 

 

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