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Contradictoria e insuficiente la reforma política de Calderón

Publicado por @Shinji_Harper el viernes, 15 enero 2010
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UAM/Ciencias Sociales

 

Oaxaca, México.- La propuesta de reforma política que anunció el Jefe del Ejecutivo en diciembre pasado, parte de un conjunto de supuestos contradictorios, porque si bien intenta mecanismos que garanticen la toma de decisiones, también fortalece las suspicacias respecto a los partidos políticos.
Por ello, afirma la doctora Noemí Luján Ponce, profesora-investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la reforma del Estado no resuelve asuntos de fondo.

 

En conjunto, la reforma política apoya la inconformidad que tiene la ciudadanía en contra de los partidos políticos, pero la salida no es “darles la vuelta”, sino asumir que con sus deficiencias y problemas internos son instancias fundamentales de la organización y representación de la ciudadanía.
 

Sin garantizar transprencia partidaria, la propuesta de reforma política del presidente Calderón

Sin garantizar transprencia partidaria, la propuesta de reforma política del presidente Calderón

De acuerdo con la docente, pensar la política al margen de los institutos políticos puede llevar a escenarios peligrosos de regresión al autoritarismo. La propuesta de candidaturas independientes anularía en la práctica las restricciones que existen para el uso de recursos de los grupos de poder e incluso del narcotráfico en las campañas electorales.
 
La académica de la Unidad Xochimilco refirió que la propuesta de reelección garantiza un vínculo más directo del diputado con el electorado, por lo que beneficia el control de votantes sobre la gestión, permitiendo la sanción o retiro del apoyo al funcionario.

 

Otra ventaja de la reelección, apuntó la especialista en Sociología Política, es que permitiría la profesionalización de los legisladores, con el fin de que adquieran herramientas y conocimientos que favorezcan la administración de gobierno y la toma de decisiones.
 
Además, subrayó, la continuidad entre los legisladores asegura el nivel de interlocución entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para lograr acuerdos fundamentales, muchos de los cuales tienen transcendencia que va más allá de un sexenio.
 
Sin embargo, consideró importante que se fijen mecanismos de control y rendición de cuentas con el electorado y se tengan dispositivos de sanción, particularmente en el uso de los recursos públicos, pues puede darse el caso de electorados cautivos o cooptados por uso fraudulento de los recursos públicos.
 
La propuesta del Ejecutivo considera iniciativas ciudadanas para que el Legislativo discuta materias de interés del elector que no forman parte de la agenda de gobierno, pero la limitante es la baja densidad asociativa de la sociedad mexicana, es decir, una organización social restringida, de las más bajas en América Latina.
 
En cuanto a la idea de la segunda vuelta, ésta busca evitar la conflictividad política posterior a una votación, como en las elecciones presidenciales de 2006 cuando la ventaja del candidato ganador fue mínima –menos de un punto porcentual–.
 
Sin embargo, subrayó, esta proposición no logra resolver el problema de la gobernanza, porque las alianzas que se dan con posterioridad a la segunda vuelta generan una dinámica, que puede desgastar el debate e incluso alargar las campañas electorales, elevando el ya de por sí costoso proceso en el país, debido al complejo sistema de controles basados en la desconfianza de los actores políticos.
 
En torno a la participación ciudadana, Luján Ponce advirtió que ha sido abordada en muchas legislaciones tanto federales como locales, pero que en este caso no obedece a una exigencia y movilización, sino a una iniciativa de la clase política.
 
La académica señaló que existe una problemática cuando se piensa en la participación ciudadana bajo la lógica de los partidos políticos. Un ejemplo de ello fueron las elecciones vecinales en el Distrito Federal, las cuales resultaron complicadas tanto por las unidades territoriales como por la baja participación, menor a 10 por ciento del padrón, por lo que fue un proceso costoso y difícil.

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