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Cambios en el Gabinete estatal, por indagaciones ministeriales

Publicado por @Shinji_Harper el Domingo, 17 Enero 2010
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Oaxaca. México. El pasado martes, ya entrada la noche, a través de un escueto comunicado de prensa se dio a conocer el nombramiento de dos nuevos funcionarios en la administración estatal. Ricardo Ruiz Zaragoza fue nombrado consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y Bernadette Rouse Mayor, fue designada como titular del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. ¿Qué tienen de trascendental esos nombramientos?

 

De primera vista pareciera que nada. En realidad, este pareciera ser el inicio de una cascada de renuncias y sustituciones que ocurrirán durante el primer mes del próximo año, en el gabinete legal y ampliado del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Sólo que Arturo Vásquez Urdiales y Jorge Martínez Gracida Orduña —los destituidos en la Consejería Jurídica y el Instituto Catastral, a quienes ya ni siquiera mencionaban en los comunicados en los que se dio a conocer sus remociones— no figuran en la lista de posibles aspirantes a candidatura o cargo público alguno para 2010.

 

El motivo de la separación del cargo de esos dos ahora ex funcionarios, tiene que ver con un delicado asunto que, en este espacio, vinimos reseñando en los días recientes.  En efecto, en nuestra entrega del pasado 21 de diciembre apuntamos que “en absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los ‘Fiats’ habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron ‘invitados’ a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.”

 

Al día siguiente, volvimos al tema señalando que “Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión.” Dijimos que este asunto olía muy mal, y prometimos regresar al tema para abundarlo. Hoy, las propias circunstancias dejan ver que no había equivocación ni exceso en los señalamientos.

 

Los dos funcionarios de los que hablábamos al inicio de la semana, resultaron ser Martínez Gracida Orduña y Vásquez Urdiales. Estos individuos, según información que se encuentra en poder de altos funcionarios del Gobierno del Estado y a la que tuvo acceso este espacio, habrían sido señalados como los responsables de la venta de al menos una decena de patentes de fedatario público, gestionadas ante el gobierno estatal bajo engaños, aprovechando sus cargos y traficando influencias; y que incluso podrían existir también delitos de falsificación de documentos y firmas. Al ser descubierto todo esto, hace menos de 15 días, se habría ordenado una investigación judicial exhaustiva y la separación inmediata de sus cargos, no sólo a ellos sino a todos los que resultaran involucrados. Así, Martínez Gracida y Vásquez Urdiales podrían ser no los únicos, sino apenas los dos primeros funcionarios en ser removidos por ese asunto.

 

FIATS, RIESGOSAS

 

Apuntábamos en nuestras dos entregas anteriores aquí reseñadas, que esto era un secreto a voces entre los notarios públicos de Oaxaca. Dentro de dicho gremio, se comenta que en varias ocasiones esas irregularidades pretendieron ser señaladas y denunciadas ante las instancias correspondientes. Sin embargo, aseguran que en más de una ocasión, algunos de los funcionarios involucrados amagaron a los fedatarios, argumentando que al hacer público el asunto ellos tendrían todas las herramientas necesarias para gestionar la revocación de las patentes.

 

En este sentido, ante las primeras investigaciones, varios de los notarios que pudieron ser copartícipes de estos actos de corrupción, al estar frente a las instancias ministeriales se habrían negado a reconocer que, en efecto, habrían comprado la patente, pues temían que el primer efecto que esto tendría, sería la revocación de sus respectivas licencias. Casi todos, habrían desembolsado sumas de entre 3 y 12 millones de pesos, cuya obtención se habría dado gracias a préstamos, hipotecas, venta de bienes, y demás. Así, el temor era no sólo el perder la patente, sino también la inversión y el patrimonio puesto en juego.

 

Sin embargo, esta investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, no sólo para sancionar a los funcionarios y particulares corruptos, sino sobre todo para evitar que las patentes de fedatario sean utilizadas para fines indebidos. Un Notario Público tiene la posibilidad de legalizar, reconocer y manipular un sinnúmero de actos jurídicos que son trascendentales para la vida personal y patrimonial de las personas. La mala utilización de la misma, podría desembocar en infinitos actos de corrupción que sólo multiplicarían los efectos negativos de cómo fueron obtenidas.

 

El Gobierno del Estado, hoy, tiene aún todas las posibilidades de apagar de tajo lo que podría convertirse en uno de los escollos más grandes del sexenio. Este primer paso que dio el gobernador Ulises Ruiz, con la destitución de los probables involucrados en todo este asunto, marca una pauta que ahora deberá llevarse hasta el final. Junto con las investigaciones judiciales, tendrá también que ocurrir el reforzamiento de los mecanismos de control, de todo lo que tiene que ver con los autorizados para ejercer la fe pública.

 

 

CAJA DE PANDORA

 

Del mismo modo, no es extraño que los profesionales relacionados con la industria de la construcción, la valuación de bienes inmuebles y demás, se quejaran reiteradamente de la corrupción, las complicidades y los manejos irregulares habidos en el Instituto Catastral. Ahora será tarea de la nueva titular, limpiar la casa,  terminar con los negocios que se hacen ahí al amparo de los cargos públicos, y no convertirse en parte de la corrupción. (Tomado de almargenoaxaca.wordpress.com)

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