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Diputados contra extorsiones telefónicas y vejaciones contra migrantes

Publicado por @Shinji_Harper el jueves, 28 enero 2010
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Oaxaca. México. Al encontrarse Oaxaca entre las entidades más afectadas por el delito de extorsión telefónica, el pleno de la LX Legislatura del Estado aprobó por unanimidad solicitar a dependencias y autoridades federales y estatales la implementación de diversas medidas que contribuyan a la prevención de estos ilícitos y protejan la integridad de los habitantes. 

 

En la sesión ordinaria de este jueves, los diputados avalaron el dictamen emitido por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y Protección Ciudadana para pedir la intervención de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a efecto de que los teléfonos residenciales puedan estar en la modalidad de privados a petición del usuario, sin que se pague la mensualidad a Teléfonos de México (Telmex).

 

Mesa directiva del mes de enero de la LX Legislatura del Estado, presidida por la diputada Eva Diego Cruz.

Mesa directiva del mes de enero de la LX Legislatura del Estado, presidida por la diputada Eva Diego Cruz.

 

Así también exhortar a las autoridades administrativas que tienen a su cargo los penales y reclusorios federales y estatales dentro del estado de Oaxaca, que tomen medidas de control eficientes y eficaces que eviten que los reclusos tengan acceso a los teléfonos celulares y públicos, e incluso a datos e información que utilizan para extorsionar a las personas. 

 

Por otra parte, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los órganos o dependencias que tengan a su cargo el control y supervisión de empresas particulares dedicadas a la transmisión de dinero,  verifiquen el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la solicitud y aceptación de dichos servicios en relación con la identificación oficial que debe solicitarse al usuario. 

 

En tribuna, el diputado Jaime Aranda Castillo, integrante de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, explicó que la extorsión telefónica en el estado de Oaxaca se encuentra prevista y sancionada como un delito en el Código Penal y contempla una pena de ocho a 14 años de prisión y multa de mil 500 salarios mínimos, pero si se comete por un interno, procesado o sancionado, el castigo aumenta y se niega el beneficio preliberacional. 

 

Indicó que diversos estudios han expuesto que las entidades más afectadas por esta clase de delito además del Distrito Federal son el Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala. Se calcula que cada extorsionador hace aproximadamente siete mil llamadas al mes y que entre los años 2001 y 2007 la actividad ha generado una ganancia ilícita de alrededor de más de 14 millones de dólares.

 

SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE

Por otra parte, en la sesión presidida por la diputada Eva Diego Cruz, el pleno dio entrada y turnó a las comisiones permanente de Administración de Justicia y Especial de Juventud y Deporte una iniciativa con proyecto de reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, que busca fortalecer esta legislación y garantizar entre la sociedad oaxaqueña la promoción del hábito de realizar alguna actividad física, además de crear talentos deportivos o deportistas en potencia.

 

La propuesta fue presentada por la diputada Paola España López, quien destacó en tribuna la importancia de promover el deporte para elevar la calidad de vida de las personas y su salud a través de una legislación que funcione en los municipios del estado y extienda su campo de acción a adultos mayores, activación física en las empresas, el deporte penitenciario, la activación física en los trabajadores del Estado y por supuesto el deporte estudiantil.

 

Al respecto, los legisladores Antonio Amaro Cancino y  Juan Bautista Olivera Guadalupe plantearon que dicho proyecto se dé a conocer al interior del estado y que se realicen foros con la finalidad de escuchar y enriquecer el proyecto con las propuestas de las organizaciones y sectores de la sociedad civil involucrados en el deporte. Asimismo, el diputado Dagoberto Carreño Gopar, destacó la importancia de darle atención urgente  y pidió que la iniciativa se trabaje conjuntamente.

 

La también presidenta de la Comisión Especial de Juventud y Deporte, España López, explicó que la iniciativa contempla 26 modificaciones, que buscan, entre otras cosas, consolidar en cada municipio una instancia que trabaje de forma coordinada con el Consejo Estatal del Deporte, que se encargará de estimular y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte, estableciendo para ello sistemas  en la materia en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

CONDENAN AGRESIONES A INDOCUMENTADOS

En asuntos generales, el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios, diputado Reyes Álvarez, condenó las agresiones que se presentan hacia los migrantes indocumentados centroamericanos en la zona del Istmo de Tehuantepec y los recientes hechos en los que un grupo de ellos fue asaltado en dos ocasiones, acciones que calificó como una tragedia.

 

Se pronunció porque las autoridades correspondientes pongan en marcha un plan para evitar mayores situaciones de violencia y se garantice que todo delincuente sea castigado. Que se termine la impunidad y la indiferencia sin distinción, dijo.

 

Hizo un llamado a que en el territorio de Oaxaca se establezcan visitadores de derechos humanos que se coordinen con las autoridades en la materia y sociedades civiles para que las personas sean atendidas y las denuncias no se queden en trámite, se instalen casas del migrante en la zona del trayecto de los indocumentados donde se les brinde atención y que ya no se registren detenciones arbitrarias, entre otros aspectos.  

 

Al dar a conocer aspectos del informe de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Derechos Humanos y Condiciones de Detención en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, el legislador dijo que en ellas se señala que la población mayormente detenida la conforman adolescentes y jóvenes de 11 a 29 años de edad, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.

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