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Importante amparo interponen campesinos contra maíz transgénico

Domingo 31 de enero, 2010.
12:13 pm
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Oaxaca. México. El Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite un amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), en el que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el reconocimiento de las opiniones del sector campesino en demanda de la protección de las variedades de maíz nativo existentes en nuestro país y que se declaren inconstitucionales los permisos para siembras de maíz transgénico.    En el amparo, solicitado por ANEC con acompañamiento de Greenpeace y de la organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A. C. (Litiga OLE), se impugnan las disposiciones legales y la actuación de las autoridades de Semarnat y Sagarpa, que ignoraron las opiniones del sector campesino y la sociedad civil vertidas en la consulta pública previa a la expedición de los permisos de siembras experimentales de maíz transgénico para los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (1).   [caption id="attachment_30691" align="alignleft" width="273" caption="Es urgente una suspensión de oficio para impedir siembras experimentales."]Es urgente una suspensión de oficio para impedir siembras experimentales.[/caption]   Los actos que se reclaman en tal amparo se fundamentan en que servidores públicos de ambas secretarías de estado, encargadas de la expedición de permisos para liberar maíz transgénico, desconocieron el derecho de participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de consulta previo a dicha expedición a favor de la empresa transnacional Monsanto Comercial S. A. de C. V.   “Es obligatorio para las autoridades que, ajustando el marco jurídico en materia de bioseguridad, respeten el derecho de los ciudadanos para participar en la decisión de asuntos públicos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si no fuera de ese modo, todos los procesos de consulta pública serían una farsa”, declaró Luis Miguel Cano, Codirector de Litiga OLE.   A fin de evitar daños irreparables a estos derechos, dichas organizaciones estimaron urgente una suspensión de oficio por parte del juzgado de distrito, para impedir que la liberación experimental de maíz transgénico se lleve acabo. Dado que el juzgado no ha dictado esta suspensión se presentó un recurso de revisión que está pendiente de resolución ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el D. F.   “En tanto el Juzgado Cuarto de Distrito, donde se procesa este caso contenido en el expediente 1744/2009, programó una audiencia constitucional para el 9 de febrero, los representantes de las secretarías e instancias implicadas (2) siguen argumentando en sus informes la falta de interés jurídico de los campesinos miembros de la Anec”, denunció Víctor Suárez, director ejecutivo de esta agrupación.   “Es un paso que el Juzgado Cuarto haya admitido el amparo de Anec, pues organizaciones de diversos ámbitos: consumidores, académicos y ambientalistas hemos presentado amparos debido a los riesgos que el maíz transgénico representa para la salud humana, para las variedades nativas y para el medio ambiente, y han sido desechados porque las autoridades mexicanas argumentan que no tenemos interés jurídico sobre el tema. Tal parece que los únicos que tienen interés jurídico en materia de bioseguridad en México son las empresas que detentan la patente de las semillas transgénicas y no quienes dependen de la producción del maíz y mucho menos quienes lo consumimos”, declaró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.   Anec, Greenpeace México y Litiga OLE demandan a las autoridades de Sagarpa y Semarnat tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil vertidas en consulta pública antes de permitir más siembras experimentales con maíz transgénico en territorio mexicano. De los permisos ya otorgados, las organizaciones exigen a las autoridades la suspensión inmediata y la revisión de los procedimientos con base en el marco de bioseguridad, a fin de que no se ponga en riesgo el patrimonio genético de maíz existente en México.

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