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Difícil lograr reforma política de fondo por su tardía propuesta

Publicado por @Shinji_Harper el martes, 2 febrero 2010
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UAM/Ciencias Sociales

 

 

Oaxaca, México.- Será difícil concretar acuerdos de fondo sobre la Reforma Política, porque sólo queda un año para procesarla, ya que en 2011 comienzan los cabildeos entre partidos políticos y los tiempos legales para el proceso electoral presidencial que inicia en octubre, apuntó el maestro Pablo Javier Becerra Chávez, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 

La tardanza del presidente Calderon para  proponer una reforma política vital para el país

La tardanza del presidente Calderon para proponer una reforma política vital para el país

El especialista en Sistema electoral y transición mexicana advirtió que el Jefe del Ejecutivo debió impulsar esta iniciativa desde el primer día de su gobierno; sin embargo, emitió su decálogo cuando son mínimas las condiciones para aprobar cualquier tipo de reforma política de gran alcance.

 

El docente de la Unidad Iztapalapa sostuvo que la reforma del sistema político y electoral requiere una discusión más profunda que no se realiza en dos días, como se pretende en el Foro sobre Reforma Política, en el Senado de la República

 

Además, agregó, el análisis está contaminado y condicionado entre los partidos políticos a partir de las elecciones, ya que son los menos interesados en la concreción del cambio debido a que están acostumbrados a una negociación de “favores”, por ello resulta necesario un estudio serio y abierto a la ciudadanía.
 
La reforma política es fundamental porque dicta las reglas para llegar al poder y la manera de ejercerlo, por lo que a pesar de lo acotado del tiempo para apuntalarla, los ciudadanos deben exigir a los legisladores llegar a una transformación seria, al margen de las “mezquindades por el poder” que tienen las organizaciones partidarias.

 
 Entre las omisiones de esta reforma, Becerra Chávez señaló la ausencia del financiamiento a los partidos políticos como tema central, “que son ricos en el contexto de un país pobre”. Antes invertían alrededor de 70 por ciento del ingreso en propaganda por radio y televisión, ahora el tiempo es gratis.

 
 
También debería reformarse la Ley de Medios, pues quedó pendiente en la legislatura anterior, en especial para acotar el dominio de las empresas de comunicación de radio y televisión, que constituyen los poderes fácticos que inciden en la esfera de la política electoral.
 
Entre los aspectos que hay que considerar está la reelección inmediata, importante porque México es uno de los pocos países que la prohíbe, empero, ésta asegura que los legisladores o gobernantes municipales adquieran experiencia y quienes tengan buen desempeño continúen un segundo periodo, además de que facilita la rendición de cuentas. 

 
 
En México la postulación está restringida a los partidos desde 1946, mientras que en el mundo las candidaturas independientes son relevantes y pueden participar juntando un mínimo de firmas.
 
Al respecto, la iniciativa del presidente de la República pone de requisito uno por ciento de rúbricas del padrón electoral, por demás desproporcionado con un padrón de más de 70 millones de ciudadanos, lo que se traduce en un requisito de 700 mil signaturas para independientes, en tanto que para registrar a un partido es de 0.26 por ciento.
 
El investigador destacó que la revocación del mandato no es muy común, porque crea más conflicto que soluciones, pero habría que resaltar el plebiscito y el referéndum, que son formas de participación ciudadana que ya existen en varias entidades del país y resultan propicias para dirimir temas complejos y someterlos a la reflexión.
 
Otro problema es que el Congreso de la Unión descansa cinco meses y trabaja siete, por ello deben introducirse cambios al interior para extender los periodos ordinarios de sesiones.
 
Más allá de los argumentos de una reforma inacabada, subrayó, hay que exigir a los legisladores que hagan su trabajo porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tienen facultad de iniciativa, al igual que el presidente, sobre temas que requieran modificaciones.

 

 

 

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