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Las jerarquías religiosas criminalizan la preferencia sexual y violentan las leyes civiles

Publicado por @Shinji_Harper el miércoles, 10 febrero 2010
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UAM/Ciencias Sociales

 

Oaxaca, México.- Un avance en materia de derechos individuales como es la ley civil que permite el matrimonio de personas del mismo sexo, y la adopción de niños por estas parejas, es condenada por ministros y jerarcas religiosos, quienes “blandiendo” su derecho a la libertad de expresión califican este acto como “inmoral”, “aberrante” y “perverso”.
 

Norberto Rivera promotor de la discriminación contra personas por su preferencia sexual

Norberto Rivera promotor de la discriminación contra personas por su preferencia sexual

De esta forma, sostuvo el doctor Jesús Rodríguez Zepeda, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se refuerza el estigma de los discriminados por su preferencia sexual y se fortalece la homofobia y el odio de quienes por ser mayoría son más poderosos.

 

Al participar hoy en el Foro Derechos, ciudadanía y diversidad sexual, que organizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el investigador señaló que si esta ley se hubiese hecho más digerible para el gusto conservador con la prohibición de la adopción de menores, no habría cambiado el tono reprobatorio y la campaña que ha levantado la Iglesia contra la misma.
 
La jerarquía católica, aseguró, nunca ha ahorrado descalificaciones ni augurios de catástrofes cuando “chocan” la concepción moral religiosa y el conjunto de libertades públicas garantizadas por un sistema constitucional.
 
Así sucedió con las píldoras anticonceptiva y del día después, la información sobre sexualidad en los libros de texto, la promoción del uso del preservativo, la interrupción voluntaria del embarazo y la legislación sobre las sociedades de convivencia.

 

El profesor del Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa argumentó que las admoniciones, las sanciones, la exigencia de obediencia a los mandatos morales de los líderes católicos hacia sus feligreses, sea cual sea su volumen e intensidad, son aceptables dentro de una congregación religiosa.
 
Sin embargo, calificó como inadmisible que estos dirigentes religiosos y los políticos afines pretendan imponer criterios morales –modificados a la figura de normas públicas– a una sociedad diversa y plural en lo moral y lo religioso.

 

“El sistema constitucional adscribe los valores de la libertad, la igualdad, la no discriminación, el encomio del pensamiento crítico y la educación de corte científico”, sostuvo.
 
El especialista consideró además que esta ley instala a un nuevo derecho: la posibilidad de hacer u omitir, tomar o dejar, es decir, nadie está obligado a casarse con un congénere sexual si no lo desea, por lo que es inexplicable que este acto se denuncie como si se tratase de una violación mayor a la justicia.
 
En el fondo de esta discusión, identificó, existe una disputa ideológica acerca del fundamento y legitimidad de las leyes vigentes y con ello, el del orden social; cuando los diputados panistas hablan contra esta nueva ley lo hacen en los mismos términos de la jerarquía católica, como una violación de un orden natural y un acto que contraviene un ideal religioso de comportamiento apropiado.
 Esta visión, puntualizó el especialista en Filosofía política, tiene pretensiones integristas, es decir, de conversión, siempre ilegítima en un marco democrático, de normas o valores religiosos en leyes o acciones del poder público.
 
El integrismo es un viejo conocido en las sociedades occidentales, en especial las de fuerte cultura cristiana, en las que han sido recurrentes los intentos no sólo de convertir los pecados en delitos, sino de elevar el ideal moral de un grupo al nivel de obligación legal para todas las personas, enfatizó.
 
Para terminar con lo que calificó un debate plagado de “ignorancia atrevida”, el profesor señaló que la discusión sobre este tema tiene que resolverse, para efectos jurídicos, en el terreno de la interpretación constitucional.
 
La decisión de las autoridades de presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta ley no sería mala idea; así “sabríamos quiénes interpretan la Constitución con base en la ley natural del Medievo cristiano y quiénes conforme a la doctrina del garantismo y el Estado laico, todavía obligatoria para el Estado mexicano”, puntualizó

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