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Indígenas mexicanas acusadas de secuestro son presas de conciencia

Publicado por @Shinji_Harper el sábado, 13 febrero 2010
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Amnistía Internacional

 

Oaxaca. México. Amnistía Internacional acusó hoy al gobierno mexicano de encarcelar injustamente a dos mujeres indígenas otomí por el supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México (AFI) e hizo un llamado a las autoridades mexicanas por su inmediata liberación.

 

Las dos mujeres, quienes fueron condenadas a 21 años de prisión, están esperando el resultado de un nuevo juicio. Amnistía Internacional las ha nombrado presas de conciencia.

 

Alberta Alcántara y Teresa González se encuentran aún encarceladas injustamente.

Alberta Alcántara y Teresa González se encuentran aún encarceladas injustamente.

 

Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio se encuentran encarceladas en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006. En enero de 2009, fueron condenadas por el secuestro de seis agentes de la AFI, sin embargo en abril de 2009 un tribunal ordenó un nuevo juicio.

 

Los agentes afirman que ellas y otros vendedores de los puestos del mercado de la plaza de Santiago Mexquititlán los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores de DVDs “pirata”.

 

La única evidencia en su contra es una fotografía publicada en un periódico local en la cual Alberta y Teresa se ven al lado de los agentes de la AFI.

 

“No existe ninguna evidencia creíble en contra de Alberta y Teresa,” dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.“Nosotros creemos que han sido elegidas como blancos fáciles por su situación marginal como mujeres, pobres e indígenas.”

 

Alberta y Teresa fueron originalmente detenidas y acusadas conjuntamente con Jacinta Francisco Marcial, otra vendedora, quien fue liberada en septiembre de 2009. En el caso de Jacinta, la Procuraduría General de la Republica (PGR) decidió no formular acusaciones en su segundo juicio debido a la falta de evidencia.

 

Sin embargo, a pesar de la misma falta de evidencia en el proceso de Teresa y Alberta, la PGR decidió mantener los cargos y por lo tanto buscar una confirmación de la condena. La audiencia final del nuevo juicio fue el 3 de febrero de 2010. Desde entonces el juez tiene 30 días hábiles para emitir una sentencia.

 

“El caso es emblemático ya que muestra la discriminación y juicios injustos que muchos y muchas indígenas enfrentan en el sistema de justicia penal mexicano,” dijo Rupert Knox. “El gobierno mexicano debe liberarlas inmediatamente y sin ninguna condición. Además se debe asegurar que reciban una compensación adecuada.”

 

Alberta Alcántara Juan es de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, estado de Querétaro. Tiene 31 años de edad y antes de su detención trabajaba en una fábrica de ropa y en una pequeña parcela de tierra propiedad de su familia. También confeccionaba muñecas de tela para incrementar los ingresos de su familia.

 

Abandonó el colegio a la edad de 13 años para comenzar a trabajar. Teresa González Cornelio es originaria de San Francisco Shaxni, municipio de Acambay, estado de México. Ella tiene 25 años de edad y antes de su detención trabajaba las tierras de su familia y hacía muñecas de tela. Esta casada con Gabriel, el hermano de Alberta. Mientras estuvo detenida en prisión, Teresa dio a luz a Jazmín, quien hoy tiene 11 meses de edad.

 

Información de contexto

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la

República, alegando que habían sido secuestrados por varias personas durante un incidente en el mercado de Santiago Mexquititlán, más temprano ese día.

 

Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, el Procurador General ordenó el arresto de tres mujeres indígenas que aparecían en una foto junto con los agentes de la AFI en un diario local. A las tres mujeres otomí no se les proporcionó acceso a un intérprete durante los procedimientos judiciales y el defensor de oficio que se les proporcionó nunca habló con ellas para explicarles sus derechos y medios de defensa.

 

Durante las audiencias, los agentes de la AFI se contradijeron y el testigo principal nunca apareció en los careos.

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