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En el dictamen emitido por los ministros, se dio a conocer que Ruiz Ortiz, sin consultar a los presidentes municipales de San Pedro Huamelula y San Pedro Jucayán, determinó de manera unilateral suspender los pagos a las autoridades que otorgaba la Secretaria de Fianzas y ordenar al Congreso local, iniciar el procedimiento de desaparición de poderes.
Se indica que el gobierno estatal, también nombró administradores en esos municipios, lo que provocó que los presidentes municipales de Huamelula y Jicayán, interpusieran un recurso de anticonstitucionalidad ante el máximo órgano de justicia de la Nación.
La desaparición de poderes en Jicayán, formó parte de las negociaciones del gobierno estatal con la Sección 22 en la que se argumentó que el presidente municipal, Leonardo Silva Palacios habia sido el autor intelectual del homicidio de la militante del PRD, Beatriz Leyva López, ocurrido el 23 de abril del 2009.
Por ello, la SCJN, ordeno al gobierno estatal, revertir el procedimiento de desaparición de poderes que fue aprobada por el Congreso local en septiembre del año pasado al considerar que existe un “evidente estado de ingobernabilidad y vacío de autoridad, que evita ejerce funciones encomendadas constitucional y legalmente”.Te podría interesar...








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