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Llaman a ampararse este sábado contra imposición del RENAUT

Viernes 09 de abril, 2010.
12:06 pm
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Fortino TORRENTERA O.   Oaxaca. México. Al constituir la suspensión del acto reclamado, la baja de números celulares prevista después para el 10 de abril, contraviene la legalidad constitucional, por ello el Movimiento Vial Ciudadano llama a interponer este sábado amparos contra la medida.   Al respecto, el reconocido defensor civil, Armando Figueroa Colmenares, quien preside ese movimiento, explicó que el propósito es crear precedente contra una medida impositiva a un derecho público que es la comunicación.     [caption id="attachment_50442" align="alignleft" width="300" caption="El coordinador del Movimiento Vial Ciudadano, explicó los alcances perjudiciales de la medida."]El coordinador del Movimiento Vial Ciudadano, explicó los alcances perjudiciales de la medida.[/caption] La fuerza conque se ha impuesto bajo el argumento que es una estrategia para ofrecer la seguridad a los usuarios, obliga al estado a garantizar la integridad de éstos, por lo que de llegarse a comprobar el uso del celular en casos de secuestro, extorsión o hasta la muerte por efectos de la inseguridad, tendría que resarcir el daño, por ello la importancia de interponer amparos.   El abogado explicó que el sustento legal, parte de que diputados federales y senadores aprobaron estas reformas en telecomunicaciones que por tanto ya se hicieron ley.   Una disposición obliga a todos los propietarios de teléfonos celulares a revelar datos personales al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (RENAUT), con la sentencia de causar baja el número del usuario de no registrarlo.   No obstante, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Ozuna, transmitió el interés del sector por ofrecer a los usuarios afectados la reposición de su conexión, obviamente con otros dígitos, ello para evitar la pérdida masiva de usuarios.   Además de que el cumplimiento del término resulta violatorio a la constitución al obligar a los ciudadanos a registrarse, la disposición faculta a éstos para demandar al estado en caso de comprobarse que en actos delictivos donde resulten afectados en su patrimonio o persona, se empleo su línea telefónica.   El defensor criticó esta disposición que supone podrá localizar más fácilmente a extorsionadores o secuestradores, cuando estos son hábiles para evadirse perdiendo el chip, lo que podría provocar la detención de más inocentes que les siembren ese dispositivo los delincuentes.   Cabe recordar el destino que tuvieron dos bases de datos manejadas por el estado, el RENAVE y el padrón del IFE, que sumado a las inconsistencias en la implementación de la medida, provoca incertidumbre entre la población de todos los estratos.   Precisamente la defensa del interés común, es el sustento jurídico del recurso de amparo que se convoca a interponer sin costo alguno; quien quiera sumarse a esta acción ciudadana, solo deberá presentarse con la factura de su chip, lo hayan o no registrado ante el Renaut, este sábado a las 12:00 horas frente a los juzgados federales que se localizan frente a El Llano.   Explica Figueroa Colmenares que en primer lugar, violenta el derecho del gobernado al uso de un servicio público, en este caso en el campo de las telecomunicaciones, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Mexicana: “…Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”.   Y continúa: “Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio”.   Es evidente que la medida refleja la falta de legalidad Constitucional, porque hay millones de usuarios de escasos recursos que podrían perder su conexión celular por no tener la CURP o porque apenas usan el teléfono, por lo que seguramente no podrán registrarse.   Lo anterior agrava la situación del ciudadano de escasos recursos que al cortarle su conexión constituye el delito de daños y perjuicio por ser un fraude al suspender un servicio contratado, más aún si el teléfono tiene crédito, lo que implica un daño económico.   Si este sábado es suspendido el servicio, aún teniendo un peso de crédito, si son millones de usuarios, ello implica un fraude, por ello la importancia de este emparo, puntualizó el abogado.

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