Condena Guillermo Zavaleta ataque a Caravana de Observación en Copala

De la REDACCIÓN Oaxaca, México.- El secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXI Legislatura Federal, Guillermo Zavaleta Rojas, condenó el atentado armado a la caravana internacional de solidaridad -que se dirigía al municipio de San Juan Copala- supuestamente a manos de la Unión de Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al PRI; y reprochó a las autoridades estatales su desinterés ante la grave inseguridad y violencia en la región Triqui.   [caption id="attachment_52142" align="alignright" width="224" caption="El diputado federal rechazo el acto de vionencia contra caravana internacional de observación para la zona triqui"][/caption] “Las autoridades estatales actuaron con negligencia, porque desde la mañana tuvieron conocimiento que un grupo de organizaciones internacionales, nacionales y estatales defensoras de derechos humanos se dirigía a Copala, por el clima de violencia que se vive contra el MULTI, porque se dio a conocer a través de medios de comunicación, y no hizo nada para garantizar la integridad de los visitantes”, refirió el representante popular.   Y es que la mañana de este martes, una caravana conformada por observadores  internacionales de Finlandia, de la organización JYRI JAAKKOLA; así como militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y maestros de la sección 22 del SNTE partieron de la ciudad de Huajuapan de León rumbo a Copala, pero al llegar a la comunidad de La Sabana fueron emboscados.   “Es muy lamentable que en la región Triqui constantemente haya enfrentamientos, secuestros, asesinatos, heridos, que son delitos del fuero común, sin que las autoridades locales detengan a los responsables, lo que ha propiciado un clima de impunidad, pero sobretodo fomentado el encono entre integrantes de una misma etnia”, asentó Zavaleta Rojas.     Ante esa situación exigió al Gobierno del Estado restablecer la estabilidad social y seguridad pública en Oaxaca, y garantizar un proceso electoral en un ambiente de concordia entre el pueblo oaxaqueño