Urge AI plan de acción para proteger a migrantes centroamericanos

Fortino TORRENTERA O.   Oaxaca. México.  Al dar a conocer su informe: “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”, Amnistía Internacional pide a las autoridades de México que dirijan y coordinen la elaboración y aplicación de un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, para respetar, proteger y hacer realidad los derechos de los migrantes irregulares en México.   Hace una recomendación en particular, para que se garanticen la prevención, el castigo y el remedio de los abusos cometidos contra personas migrantes por agentes estatales y no estatales, y señala:     [caption id="attachment_52202" align="alignleft" width="300" caption="La migración en México una realidad que nadie quiere ver."][/caption] “El incremento de la delincuencia organizada y la violencia relacionada con las bandas en distintas zonas del país ha creado intensos desafíos para las autoridades mexicanas a la hora de cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a quienes viven dentro de sus fronteras.   Sin embargo, para conseguir una mejora significativa en cuanto a la seguridad es fundamental no sólo que las autoridades estatales respeten los derechos humanos, sino también que los grupos a los que acechan las bandas delictivas, y que son quienes más peligro corren de sufrir abusos, no se vean excluidos de la protección del Estado.   Los migrantes irregulares corren un grave riesgo de sufrir abusos generalizados en México. Marginados de la sociedad mexicana en general, son en gran medida invisibles, y sus voces rara vez se escuchan. La experiencia les ha enseñado a no confiar en nadie, especialmente las autoridades.     [caption id="attachment_52203" align="alignright" width="300" caption="Las rutas que inmigrantes siguen en territorio mexicano."][/caption] El acceso a la reparación es limitado y, en ocasiones, inexistente. Los migrantes que sufren o presencian abusos disponen de pocas opciones. Pueden optar por no presentar denuncia y soportar las terribles penalidades para continuar su viaje con la esperanza de un futuro mejor en Estados Unidos.   O pueden arriesgarse a denunciar los abusos a las autoridades mexicanas, quienes pueden desestimar sus denuncias o agravar aún más los abusos sufridos. Incluso los migrantes que consiguen presentar una denuncia se enfrentan después a un sistema que a menudo no garantiza la justicia.   Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra migrantes.   La falta de acceso a la protección y la justicia ha significado que todos los migrantes salvo unos pocos se limitan a continuar su viaje o son expulsados o repatriados sin presentar denuncias judiciales. Esta invisibilidad y falta de recurso a la justicia convierte a los migrantes, y especialmente a las mujeres y los menores, en blanco fácil de bandas delictivas y funcionarios públicos corruptos.   La persistente inacción a la hora de abordar los abusos contra migrantes perpetrados por agentes no estatales, y en especial los abusos en los que a menudo es evidente un cierto grado de implicación oficial, incumple la responsabilidad legal nacional e internacional contraída por México de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos.   En sus viajes a través de México, los migrantes siguen enfrentándose a abusos de bandas delictivas, como por ejemplo secuestros, extorsión y tortura. La violencia sexual está generalizada, y cada año un número desconocido de migrantes mueren o desaparecen.   Estos abusos frecuentemente se llevan a cabo con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades federales, estatales o municipales. Además, pese a que en los últimos años se han producido mejoras, persisten los informes sobre uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria a manos de funcionarios públicos que realizan controles de migración.