Sociedad y Política/ Triquis entre la indolencia y el clientelismo político

Isidoro Yescas (IISUABJO)   Oaxaca, México.- En el entorno de la disputa por la gubernatura  se empiezan a encadenar  una serie de acontecimientos  , en apariencia aislados, que si los autoridades gubernamentales no los investigan y aclaran,  y los actores políticos no actúan con responsabilidad y prudencia,  pueden poner en riesgo no solamente el desarrollo pacífico de las campañas electorales y la elección misma, sin también la gobernabilidad  de Oaxaca.   Parecería que, mas allá de los partidos políticos y los candidatos a la gubernatura, existen grupos de poder y fuerzas políticas a nivel regional y nacional interesados en sobrecalentar  el ambiente electoral si no es que en descarrilarlo.     [caption id="attachment_52709" align="alignleft" width="300" caption="Losindígenas triquis entre la desolación y el olvido"][/caption] La creciente ola delictiva y de  narcoviolencia  que se viene registrando en la región de la Cuenca, y de manera especial en la ciudad de Tuxtepec, hay que analizarlo en ese contexto. Y, en forma inevitable, también lo que acaba de ocurrir en San Juan Copala, una pequeña pero emblemática  agencia municipal  perteneciente al municipio  de Santiago Juxtlahuaca,  en  la región triqui.      El referente mas inmediato para intentar explicar este complejo fenómeno de violencia y conflicto social demasiado recurrente que se ha vivido y vive en la región triqui      es la disputa por el control político de los indígenas y sus agencias, localidades y rancherías  por parte de tres organizaciones clientelares: el MULT,cuyo brazo electoral es el partido local Unidad Popular;   el MULTI, filial de la APPO y con vínculos con La Otra Campaña, y la UBISORT, integradas al PRI .     Sin embargo,   el clima de impunidad, asesinatos y ausencia total de un  estado de derecho que por décadas  ha prevalecido en la región,  también deben explicarse  a partir de  la propia cultura, pobreza, analfabetismo y aislamiento geográfico de los pueblos triquis, por un lado; y a la ausencia de políticas públicas de largo alcance de los gobiernos federal y estatal para pacificar la región y mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.     El MULT, MULTI y la UBISORT que hoy se rasgan las vestiduras y se entrecruzan  acusaciones y responsabilidades   por el lamentable asesinato de dos activistas de organismos civiles,un de ellos de origen finlandés,  no siempre han sido   ajenos a  los  ajustes de cuentas personales, “ajusticiamientos” y vendettas que se vienen registrando en la zona. Conociendo muy bien los códigos de conducta de los triquis, que suelen ignorar a las instituciones responsables de impartir justicia para reparar agravios personales, familiares y políticos,  los dirigentes de estas organizaciones de indígenas triquis   han sido negligentes si no es que  omisos en buscar salidas pactadas e institucionales  para frenar esta  ola de violencia interétnica.       Pero  mayor ha sido  la responsabilidad de los tres poderes del Estado, en sus niveles federal y estatal, para atender un asunto que no por ancestral y complicado debiera ser olvidado o solo atendido parcialmente  en circunstancias críticas como el que ahora se enfrenta. La presencia de grupos armados, el tráfico de armas y el cultivo de enervantes son delitos federales que han sido combativos tangencialmente por el gobierno federal. Pero la misma indolencia han mostrado los gobiernos priístas de Oaxaca que hasta ahora han sido incapaces de coordinarse con el gobierno federal para enfrentar el problema y  aplicar políticas públicas orientadas a abatir la violencia, la marginación y la nociva costumbre de hacerse justicia por propia mano.      Hoy, el costo de esta negligencia oficial está a la vista: en menos de 72 horas las repercusiones de la emboscada y los dos asesinatos han escalado a nivel nacional e  internacional y en donde lo mismo la CNDH, que la ONU, el gobierno de Finlandia, Amnistía Internacional, la sección 22 del SNTE  y organismos defensores de los derechos humanos han alzado la voz para condenar los hechos, exigir su  esclarecimiento  y el castigo a los responsables. A estas alturas, y en  el contexto de estas reacciones, poco parecería  importar  si los responsables de la caravana informaron  oficialmente  de su viaje a Copala al gobierno federal o al de Oaxaca; o si, a pesar de las advertencias que ya habían recibido sobre el clima de inseguridad que prevalecía en la zona sus integrantes  tomaron la determinación de correr el riesgo; o de la extraña  presencia en la caravana onegenera  del appista   David Venegas (a) El Alebrije, señalado  por grupos de la misma APPO de ser un provocador al servicio del gobierno del estado; o del papel que desde el 2007, cuando San Juan Copala fue declarado “municipio autónomo”, ha jugado Miguel Álvarez Gándara, intelectual orgánico del organismo civil  Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), autodefinido como “actor de promoción de la paz”  en Chiapas y México “desde una dinámica liberadora”.     Hoy lo que urge es  investigar, aclarar los hechos, deslindar responsabilidades y ejercer la acción penal en contra de los autores  de la emboscada y el doble asesinato.     Asimismo , si en verdad se pretende restablecer el orden y la legalidad es necesario que también  la Procuraduría de Justicia  revise y, en su caso ejecute, los cientos de órdenes de aprehensión que tiene archivados  desde el sexenio de Heladio Ramírez  López. Es por esta otra  vía y no militarizando la zona  como se pudiera  avanzar en la  pacificación regional.     De poco servirá  la indignación y condena generalizada  que ahora se ha levantado si todo queda en promesas oficiales de castigar a los responsables, o en el nombramiento de comisiones legislativas plurales que, como quedó demostrado con la que se integró en la legislatura local en el 2008, solo sirven  para ganar tiempo y hacer declaraciones.     Dejarlo para otra ocasión, apagar temporalmente el fuego o darle un uso electoral  solo puede dar pie, en el escenario del estallamiento de conflictos de diversa índole en varias regiones de la entidad, a un conflicto mayor que  puede impactar severamente en el desarrollo del proceso electoral y en la gobernabilidad del estado. Y el tiempo apremia. isidoroyescas@yahoo.com.mx sociedadypolitica. blogspot1.com