Castigo severo contra la extersión telefónica en Oaxaca

  De la REDACCIÓN Oaxaca, México.- Ante la experiencia traumática que generan las extorsiones telefónicas, los diputados de la LX Legislatura local se han pronunciado por medidas de protección para la seguridad de los habitantes como es el caso de un punto de acuerdo en el que solicitaron la intervención de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a efecto de que los teléfonos residenciales puedan estar en la modalidad de privados a petición del usuario, sin que esto les genere un costo.   [caption id="attachment_34029" align="alignleft" width="300" caption="La extorsión telefónica es atendida por el poder Legislativo de Oaxaca"][/caption] Sobre este tema, el Congreso de Quintana Roo, a través de un escrito, hizo saber a sus homólogos oaxaqueños su adhesión y respaldo a tal propuesta al considerar primordial tomar acciones que contribuyan a la prevención de estos delitos que se incrementaron de manera alarmante en el país desde el 2001, y que se caracterizan por encontrarse íntimamente ligados con el delito conocido como “secuestro express”.   Los legisladores de Quintana Roo consideran que además es necesario verificar que realmente el número privado no aparezca en la pantalla de quien reciba llamadas de ese número, se disponga de una reglamentación correspondiente y que tampoco en los cajeros automáticos que utilizan las empresas de telefonía  aparezcan los datos personales, tales como nombre y domicilio.   Derivado de esta problemática el pleno del Congreso de Oaxaca avaló el año pasado el dictamen emitido por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y Protección Ciudadana para pedir la intervención de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), a efecto de que los teléfonos residenciales puedan estar en la modalidad de privados a petición del usuario, sin que se pague la mensualidad a Teléfonos de México (Telmex). Así también los representantes populares enviaron un exhorto a las autoridades administrativas que tienen a su cargo los penales y reclusorios federales y estatales dentro de la entidad, que tomen medidas de control eficientes y eficaces que eviten que los reclusos tengan acceso a los teléfonos celulares y públicos, e incluso a datos e información que utilizan para extorsionar a las personas.  Al respecto, el diputado Jaime Aranda Castillo, integrante de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, explicó que la extorsión telefónica en el estado de Oaxaca se encuentra prevista y sancionada como un delito en el Código Penal y contempla una pena de ocho a 14 años de prisión y  multa de mil 500 salarios mínimos, pero si se comete por un interno, procesado o sancionado, el castigo aumenta y se niega el beneficio preliberacional. Diversos estudios han expuesto que las entidades más afectadas por esta clase de ilícito, además del Distrito Federal, son el estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala y Quintana Roo, en donde el 95 por ciento de los casos la extorsión se realizó por medio de la telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos, destacando que un 80 por ciento de las llamadas se hicieron desde los reclusorios. Es primordial que este punto de acuerdo sea tomado en cuenta por todas las legislaturas del país y se adhieran con la finalidad de dar seguridad a los mexicanos, sin lesionar la economía de cada una de las familias, puntualizó el representante popular.