No sería extraño que privara tal desatención y negligencia oficial, pero lo que sí resulta extraño es que los grupos inconformes se empeñen en llamar la atención de las autoridades gubernamentales ahogando la circulación vehicular del centro histórico, medida que no parece molestar o preocupar mayormente a las autoridades municipales y del gobierno del estado pero sí a quienes viven, trabajan y circulan por esa zona.
Para estos grupos no ha resultado suficiente bloquear algunas de las principales avenidas de la ciudad capital y ahora, en un franco acto de agresión a los ciudadanos, ya impusieron una nueva modalidad de protesta que es tomar por asalto el centro histórico.
¿A dónde quieren llegar? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Por qué las autoridades no los han llamado al orden o negociado sus demandas? Frente a tanta tolerancia, que ya raya en la complicidad, cabe la sospecha de que en su retirada el gobierno de URO pretende vender cara su derrota generando escenarios de conflicto de tal suerte que el nuevo gobierno no solamente reciba la administración estatal en total desorden financiero, administrativo y laboral sino que tenga que heredar un estado álgido, con grupos y organizaciones emplazando o chantajeando al nuevo gobierno a resolver demandas desatendidas o alentadas desde el mismo gobierno saliente.
Existe o se fomenta una suerte de vacío de autoridad porque así conviene a un gobierno que tiene la cara y la casa sucia, que no previó perder el poder ejecutivo ni mucho menos el poder legislativo y que ahora, emplazado a entregar buenas cuentas a sus sucesores y al pueblo de Oaxaca, mueve todos los resortes todavía a su alcance para imponer sus condiciones para el relevo de poderes.
Por ejemplo, ha trascendido que algunos de los buenos propósitos expresados por el gobernador electo Gabino Cué durante su campaña no podrían cumplirse a cabalidad porque existen convenios institucionales de por medio: serían los casos del regreso inmediato al Palacio de Gobierno (hoy Museo del Palacio) y la cancelación de compromisos financieros por el pago y administración de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.
En lo que a estos dos últimos casos se refiere, ignorarlos o pretender modificarlos podría resultar casi imposible, se asegura, en virtud de que sus beneficiarios, funcionarios y empresarios consentidos del ulicismo, se cuidaron muy bien de colocarles fuertes candados legales para asegurar su cumplimiento.
Corruptelas de este tipo explican en buena medida el marcado interés para entorpecer las acciones y compromisos del gobernador electo evidenciados también en la indolencia o complicidad oficial para no desactivar los conflictos que hoy atentan contra los derechos de los ciudadanos.
isidoroyescas@yahoo.com.mx
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