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Para que esta acción sea eficaz es impostergable que las autoridades conformen un registro de los elementos que serán dados de baja, a fin de que se les pueda dar seguimiento y no se produzca el fenómeno indeseable de que se sumen a las filas de la delincuencia común y organizada.
Asimismo, debe darse toda la colaboración posible con los gobiernos de los estados, para que aquellos servidores públicos separados de su cargo por no pasar los controles de confianza, no se incorporen a las filas de las policías estatales o municipales, desde las cuales puedan incurrir en conductas contrarias al bienestar de los ciudadanos.
La sociedad debe contar con cuerpos policiacos confiables que la protejan de la delincuencia y no que sea victimizada por quienes están obligados a defenderla.







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