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Asimismo, dichas reformas instituyen la corresponsabilidad que debe de asumir el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas en la investigación de la posesión, comercio y suministro de narcóticos, así como en el castigo que habrá de imponerse por la autoridad competente a quienes incurren en su consumación.
En este sentido, detalló “se propone hacer eficiente la labor del Estado en materia de combate al narcomenudeo a través de reformas legislativas que permitan la aplicación de un procedimiento único para la investigación y persecución de estos delitos, la creación de unidades especializadas y el establecimiento de programas de prevención para farmacodependientes y no farmacodependientes”, precisó.
En detalle, dijo, se plantea una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, en el apartado que establece las obligaciones y atribuciones de la institución del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa cuando se trate de narcomenudeo.
Por otro lado, propone adicionar una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de establecer textualmente la competencia de los jueces penales para conocer los delitos en esa misma materia.
Asimismo, añadió, “el proyecto pretende establecer un sistema de competencias en donde se propone que la Secretaría de Salud del Estado de se encargue de ejecutar un programa de prevención, tratamiento y control de las adicciones de la farmacodependencia.
Para ello, precisó, se establece que los programas para el combate a la farmacodependencia “deberán, invariablemente, velar por el respeto y dignidad de los individuos a los que van dirigidos”.
El legislador albiazul, destacó la existencia de diversas instancias del sector privado y social preocupadas por este fenómeno” sin embargo, es obligación del Estado vigilar que las instituciones y organismos públicos y privados que realizan labores de prevención, tratamiento y atención de los farmacodependientes, brinden sus servicios en adecuadas condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos de sus pacientes”.
Para ello, Acción Nacional “propone en primera instancia que la autoridad sanitaria local cree y mantenga actualizado un padrón de estos centros de apoyo y ejerza una supervisión constante sobre los mismos”, finalizó.Te podría interesar...








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