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Viernes 19 de abril, 2024.
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No obstante, Marroquín afirmó que el plan del gobierno de Calderon comenzará "de manera gradual" y que es posible que disponga de mayor dotación económica.
La reunión con Calderón tuvo lugar en la residencia oficial de Los Pinos, como parte de la misión conjunta que lleva a cabo estos días la organización de periodistas junto con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en México, el país más peligroso de América para los informadores.
El plan anunciado incluye un "sistema de alerta temprana", la creación de un consejo para identificar los motivos de las agresiones, reformas legales para evitar la prescripción de estos delitos, un paquete de seguridad social y otro de "prácticas ideales del ejercicio profesional", según la Presidencia mexicana.
La iniciativa, según el responsable de la SIP, incluiría la posibilidad de cambiar a los periodistas de ciudad si son víctimas de persecución por algún grupo criminal.
Marroquín explicó que la intención del Gobierno es poner el plan en marcha en octubre.
"Esperamos que las promesas se conviertan en realidades", dijo, si bien manifestó ser consciente de que "los problemas no van a desaparecer de la noche a la mañana".
Desde el 2000, un total de 65 periodistas han sido asesinados en México, muchos de ellos presumiblemente a manos del crimen organizado. La gran mayoría de las muertes permanecen impunes, lo que ha enfurecido al gremio.
"Los esfuerzos que debe hacer el Gobierno son muy grandes, debe coordinarse también con los gobiernos estatales", apuntó Marroquín, quien calificó el encuentro con el mandatario de "muy positivo".
En la reunión, SIP y CPJ plantearon que "debe terminar la impunidad de los crímenes contra periodistas" y se debe promover la competencia federal para investigarlos.
Calderón reiteró en la conversación que presentó una iniciativa de reforma de la Constitución al Congreso en octubre del 2008 para ampliar la competencia del Gobierno en materia de delitos contra informadores.
Hasta ahora estos delitos se tratan como homicidios dentro del fuero común de las fiscalías estatales, a pesar de que el crimen organizado -particularmente los poderosos cárteles del narcotráfico- pueda estar involucrado.
En lo que va de año, 11 periodistas han sido asesinados, el último de ellos la pasada semana en la norteña Ciudad Juárez, la urbe más conflictiva del país, con más de 2.200 muertes atribuidas al crimen organizado este 2010.
Según el Gobierno federal, "los motivos (de dicho crimen) no necesariamente están vinculados a la labor profesional" del fotógrafo abatido, versión que rechazó el Diario de Juárez, para el que trabajaba la víctima.
En algunas áreas del país, el libre ejercicio del periodismo se ve fuertemente amenazado por los narcotraficantes, así como -según organizaciones internacionales pro libertad de prensa- por el sector público.
"Hay necesidad de que el Estado respete el ejercicio periodístico, aunque (en México) no tenemos un déficit tan alarmante como en otros países, como en Venezuela", apuntó el vicepresidente de la SIP. "Existe un problema con los Gobiernos estatales", añadió.
Hace unos días, el Gobierno de EEUU concedió asilo político al periodista mexicano Jorge Luis Aguirre, director del diario digital La Polaka, que denunció amenazas por parte de un alto funcionario del estado de Chihuahua.
El deterioro de la libertad de expresión en el país lo constataron en agosto los relatores especiales de la ONU y la OEA, quienes tras 15 días en misión conjunta ofrecieron un diagnóstico bastante negativo sobre la situación.
Finalmente, Marroquín consideró que "la prensa mexicana debe caminar a una mayor unidad, en este momento debe ser un frente común".Te podría interesar...
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