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Llaman a ciudadanía, exigir eficacia oficial en seguridad

Publicado por @Shinji_Harper el jueves, 23 septiembre 2010
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Oaaca, México.- El Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ONSJL), que integran organizaciones ciudadanas, universidades e instituciones académicas, hizo hoy un llamado a las diversas organizaciones de la sociedad civil del país a sumarse a los esfuerzos por exigir que las autoridades federales y locales cumplan con eficacia su tarea de garantizar a los ciudadanos seguridad pública y abatimiento de los altos índices delictivos.

Héctor Larios Santillán, Coordinador General del ONSJL, dio a conocer en conferencia de prensa la agenda de acciones del Observatorio Nacional para este 2010, entre las que destacan exigir a las autoridades información oportuna, transparente y real sobre las tendencias de la inseguridad en el país.

Urge demanda ciudadana a funcionarios para garantizar la seguirdad pública

Urge demanda ciudadana a funcionarios para garantizar la seguirdad pública

Asimismo, expuso que se fortalecerá la capacidad de interlocución del ONSJL  entre la sociedad civil y las diversas autoridades, a fin de llamarlas a la rendición de cuentas y propiciar no sólo mayor transparencia, sino el mejoramiento de los resultados de las políticas desarrolladas en materia de seguridad, justicia y legalidad.

También afirmó que el Observatorio mantendrá en su trabajo un enfoque integral de derechos humanos, superando con eso la falsa contradicción entre derechos humanos y seguridad, y promoviendo en cambio una atención prioritaria hacia las víctimas de violaciones a éstos.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes Luis de la Barreda, de ICESI; Verónica Baz, de CIDAC, Eduardo Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia; Edna Jaime Treviño, de México Evalúa; Alejandro Martí, de México SOS;  Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, y Federico Reyes Heroles, de la Fundación Este País , entre otras organizaciones como Iluminemos México, INSYDE e INCIDE Social.

Además, acudieron representantes de la UNAM, del ITESM, del CIDE, de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y de las asociaciones y barras de abogados.

Larios Santillán dijo que dicha agenda plantea el fortalecimiento de la incidencia ciudadana para el mejoramiento de las acciones gubernamentales en materia de seguridad, justicia y legalidad, a través de la observación de la eficiencia gubernamental y la interlocución con las autoridades.

Asimismo, informará periódicamente a la sociedad respecto de la situación que guardan los índices de seguridad, justicia y de legalidad en el país.

Se emitirán recomendaciones puntuales a fin de que las autoridades generen las acciones pertinentes para solucionar problemas que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Agregó que, desde su fundación en febrero de 2009, el Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ha trabajado en proyectos conjuntos con diversas organizaciones que hoy comienzan a dar frutos.

El primero de ellos fue la creación de un sistema de monitoreo y evaluación de la seguridad y la justicia penal en el que participaron expertos de prestigiadas instituciones académicas y organizaciones ciudadanas. Estos indicadores, explicó, son la plataforma básica de medición con la que el observatorio busca trabajar. Asimismo, destacó el trabajo hecho por México Evalúa a partir de dichos indicadores, en los que se da cuenta del fenómeno

de la inseguridad a nivel nacional y por entidad federativa, así como del desempeño de cada uno de los eslabones del sistema de justicia penal.

Entre la información que ofreció, sobresale la relacionada con los niveles de violencia que se viven en algunas regiones del país. Chihuahua y Durango, dijo, son estados que se encuentran entre las regiones más violentas del planeta. “Si Chihuahua fuera un país, sería el más violento del mundo con 74 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

Resaltó también la información sobre extorsiones, secuestros y robo con violencia: en estos tres delitos de alto impacto, se ha registrado un notable ascenso en lo que va del sexenio: 100%, 200%, y 50%, respectivamente.

En cuanto al desempeño de las instituciones de seguridad, las cifras ofrecidas son elocuentes respecto de su inoperatividad, ya que sólo 3 de cada 10 homicidios reciben una sentencia y, en promedio, sólo el 16% de las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público se concluyen efectivamente. La desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad es apabullante: solamente el 15% de los mexicanos confía en los cuerpos policíacos y 12% en los ministerios públicos.

Para finalizar con el diagnóstico del sistema de justicia penal, Larios Santillán abordó el problema de los penales e hizo referencia a un par de cifras que retratan el problema en toda su magnitud: 70% de los penales tiene condiciones de autogobierno. Esto es, la relación entre funcionarios penitenciarios y reclusos es tan baja, que los internos escapan a toda supervisión y control. Y la probabilidad de morir asesinado en un penal es del doble del promedio nacional. Difícil readaptar reclusos en condiciones de descontrol y desgobierno, afirmó.

En el curso de la conferencia de prensa, no se dejó de mencionar la importancia de que las encuestas victimológicas y la necesidad de que ICESI

conserve su rectoría. “Sin la información que la encuesta victimológica provee, observaríamos sólo una fracción del fenómeno delictivo, aquella provista por las cifras de delitos denunciados y no por la totalidad de delitos cometidos”. Recordó que la cifra negra, los delitos que no se denuncian, llegan a representar el 85% del total de delitos.

También se refirió al trabajo que se ha realizado conjuntamente con  México SOS para integrar la Red de Observatorios Ciudadanos por la Seguridad y por medio de la cual diversas organizaciones han acordado unificar sus criterios de observación en entidades como Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Baja California y muy recientemente San Luis Potosí.

A este respecto, México SOS ha llevado a cabo reuniones con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de observatorios del delito estatales, a fin de conformar una Red de Observatorios Ciudadanos por la Seguridad SOS en diversas entidades del país y generar esquemas de asesoría y acompañamiento a agrupaciones ciudadanas que buscan la eficacia y eficiencia de las autoridades en el abatimiento de los índices de inseguridad en las comunidades.

En ese sentido, el Observatorio ampliará su asesoría a todas aquellas organizaciones ciudadanas que se constituyan en observadoras de la acción gubernamental, a fin de que puedan no sólo dar seguimiento al fenómeno delictivo, sino exigir de las autoridades municipales y estatales políticas eficaces de combate a la delincuencia.

El Observatorio Nacional permitirá que se trabaje bajo una sola plataforma de medición de los índices delictivos y se intercambien estadísticas delincuenciales, así como experiencias en el trabajo de seguimiento para homologar su actividad.

Con lo anterior, se busca que los observatorios sean multidisciplinarios; que mantengan una intensa interacción con líderes de los sectores económico, social, político, académico y científico, y que sean apartidistas o con la probada capacidad de no involucrar sus preferencias políticas con el trabajo del observatorio ciudadano.

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