Unidad entre periodistas, medida para enfrentar violencia en México

CENCOS Oaxaca, México.- “México bajo el asedio del crimen organizado” fue el título del foro organizado  por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en el marco de su visita a México, en la que también se reunieron con el presidente Felipe Calderón.

Durante la presentación en Casa Lamm, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal y titular de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, hizo un llamado a la unidad de los medios de comunicación para enfrentar el contexto adverso para la libertad de prensa que se vive en México y a “poner por delante lo que nos identifica como medios” para superar las diferencias.

Por su parte, Joel Simon, director ejecutivo de CPJ, expuso que el crimen organizado no sólo lucha por el control de la “plaza” sino también por imponer una cobertura informativa, análisis que recoge el reciente informe de esta organización internacional “Silencio y muerte en la prensa mexicana”. Además, expuso que, durante la reunión que mantuvieron con Felipe Calderón, este se comprometió, entre otras cosas, a reimpulsar la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y a crear un programa específico de protección.

El periodismo mexicano ante la violencia

En el primer panel El periodismo mexicano ante la violencia que moderó María Teresa Ronderos, integrante de la mesa directiva del CPJ, editores de distintos medios escritos del norte del país delinearon el contexto violento que sufre el gremio periodístico en la región y las dificultades que tienen para informar bajo amenazas, hostigamientos, secuestros y asesinatos. Destacaron como una de las principales preocupaciones la ausencia de respuesta por parte del Estado ante las agresiones a la prensa.

Pedro Torres, Subdirector editorial de El Diario, en Ciudad Juárez, Chihuahua, expuso las presiones a las que están sometidos como medio de comunicación. Explicó como han llevado al nivel más básico, o simplemente han dejado de publicar sobre corrupción y narcotráfico, ya que por hacer investigaciones más profundas han sido amenazados. Explicó también que existen campañas de desprestigio en contra de El Diario por parte de autoridades y grupos empresariales, culpándolos de acrecentar la violencia por la cobertura que realizan.

La directora de Imagen de Zacatecas, Patricia Mercado explicó que la violencia que se vive en el estado comenzó hace 4 o 5 años pero que ésta había sido negada por el gobierno del estado, dejando solos a los medios quienes no tienen la capacidad de enfrentar dicha violencia. “La reacción ante esto ha sido igualmente, dejar de publicar temas de crimen organizado”, aseguró.

El también editor Javier Garza, de El Siglo de Torreón, en Coahuila, explicó que la medida que han tomado para protegerse de agresiones ha sido limitarse a publicar información oficial en los casos de hechos delictivos y que las agresiones de las que han sido víctimas los han llevado a reevaluar algunas políticas y a crear protocolos de comunicación interna para los reporteros, por ejemplo, a evaluar el riesgo de cada nota, a buscar coberturas alternativas, publicar estadísticas de la violencia y colaborar con medios internacionales para cubrir algunas problemáticas.

Los editores de El Mañana de Tamaulipas Heriberto Cantú Deánder, de la revista Zeta, de Tijuana César René Blanco, Baja California y de Río Doce, de Sinaloa Ismael Bojórquez, coincidieron en que algunos elementos de autoprotección son contextualizar el conflicto desde un punto de vista más analítico, ya que esto puede resultar más útil que difundir balaceras y permite a la ciudadanía conocer y explicar lo que está sucediendo, a entender la violencia y a superar el miedo, así como replantear la intervención del Estado en temas de libertad individual y madurar como sociedad.

María Teresa Ronderos insistió en la necesidad de que los periodistas de los distintos medios deben actuar en colectivo tomando todas las medidas de autoprotección como la capacitación de las redacciones, la elaboración de notas conjuntas, repensar las coberturas y utilizar la información como un modo de presión al Estado, ya que éste debe hacerse responsable de la seguridad de las y los periodistas. En ese sentido, consideró importante aprovechar los resultados de la reunión que la SIP y el CPJ tuvieron con el gobierno federal.

El Estado frente a la violencia contra periodistas

En el segundo panel El Estado frente a la violencia contra periodistas intervinieron las diferentes instancias del poder ejecutivo y legislativo encargadas de atender la problemática para conocer cuáles eran los avances del trabajo que realizan.

Gustavo Salas, quien fue nombrado en febrero pasado titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, (PGR) admitió las graves fallas y carencia de resultados que este organismo a tenido para resolver la problemática ya que desde su creación en 2006 únicamente se ha resuelto un solo caso. Actualmente, dijo, tienen 60 casos en investigación.

El fiscal planteó la necesidad de contar con un programa interinstitucional para detectar y prevenir agresiones a periodistas y convertirlo en una política de Estado. Una parte del proyecto presentado por la FEADLE es un sistema de alerta temprana que evaluará la situación de riesgo de periodistas y a través del cual se otorgarán medidas cautelares temporales, proporcionales al nivel de riesgo y flexibles para permitir que la o el periodista siga ejerciendo su profesión.

Yolanda Valencia Valdés, diputada por el Partido de Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de diputados, dijo que desde el poder legislativo tienen que etiquetarse recursos para fortalecer a la FEADLE y apuntó la necesidad de transformar la actual comisión especial en una comisión permanente que logre tener mayor capacidad de acción legislativa.

Por su parte el también diputado panista Manuel Clouthier, quién ejerció durante años el periodismo en Sinaloa, consideró que para el Gobierno federal no es prioridad garantizar la libertad de exp

resión y advirtió que no es únicamente el crimen organizado el agresor de periodistas, sino que entre las autoridades de los estados y el crimen organizado existen intereses comunes y que son ambos actores los que afectan al gremio periodístico: “No se le puede atribuir la responsabilidad de manera lineal al narco. Por acción u omisión el Estado es responsable y debe garantizar la seguridad y mandar un mensaje claro de protección a la prensa, no de impunidad.”