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Publicidad oficial, restringe el libre flujo de ideas e informaciones

Publicado por @Shinji_Harper el sábado, 9 octubre 2010
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CENCOS

Oaxaca, México.– La publicidad oficial ha sido denunciada como un mecanismo de censura, utilizada por gobiernos y empresas estatales para premiar o castigar a los medidos de comunicación según su línea editorial. La falta de criterios claros y objetivos y su asignación discrecional vicia, según ARTICLE 19 y Fundar, la relación entre medios y gobierno, sobretodo a nivel local.

publicidadoficialLa pauta o publicidad oficial es uno de los canales de comunicación con los que el Estado cumple, en una democracia, con su “obligación de informar a las y los ciudadanos sobre los servicios que presta, las políticas públicas que instrumenta y las actividades oficiales que les afectan o benefician”. Para compartir experiencias y hablar de buenas prácticas sobre este tema, estas dos organizaciones no gubernamentales organizaron el foro “Publicidad oficial en América Latina: de la censura a la información”, que tuvo lugar el día de ayer en el Hotel Imperial de la Ciudad de México. Esto como punto de partida para impulsar una legislación en el país que regule la asignación publicitaria por parte de los gobiernos municipales, estatales y federal con base en las recomendaciones de organismos internacionales de libertad de expresión.

El foro contó, en un primer momento, con la participación de Edison Lanza, director del Centro de Acceso a la Información Pública de Uruguay; Adriana Blanco, coordinadora de proyectos de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia; Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso de Chile y Eleonora Rabinovich, directora del programa de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.

Los ponentes coincidieron en señalar que el tema de la pauta oficial es uno de los más complejos e invisibles de la agenda de libertad de expresión. Algunos de los problemas que plantea su regulación tienen que ver con la diversidad de intereses entre medios de comunicación y gobiernos. La regulación implica tocar intereses económicos de los propios medios y de otros actores como agencias de publicidad o intermediarios. Las iniciativas de ley presentadas en Uruguay o Chile, por ejemplo, muestran cómo éste es un debate profundamente político y del que existen menos consensos a nivel internacional a diferencia de los que sí encontramos en temas de transparencia o de acceso a la información.

Un primer escollo es definir qué es y qué no es publicidad oficial para evitar, entre otras cosas, su utilización como herramienta de propaganda. Estructurar la pauta en campañas informativas permite controlar el gasto y su idoneidad. Además, como recomendaciones, se mencionó la necesidad de modificar los sistemas de contratación, establecer mecanismos de transparencia o realizar estudios permanentes para medir la audiencia de dichas campañas.

Los estudios y ejemplos planteados a nivel local en Colombia y Argentina ayudaron a entender cómo esta forma de censura indirecta resulta un mecanismo muy efectivo para restringir el libre flujo de informaciones. La precariedad laboral y la ausencia de una legislación adecuada dan pie a prácticas culturales reiteradas en las que existe una concepción equivocada del concepto de la pauta oficial y su uso se convierte en ayudas y subsidios a los medios.

Los casos del periódico a.m. y de la revista Emeequis permitieron entender las prácticas que se viven en México. Arcelia Becerra, directora editorial de a.m. de Guanajuato, argumentó el derecho que tienen como medio de competir en un mercado de libre competencia por la publicidad oficial desde que en 2007 el gobierno de Guanajuato les suspendió la publicidad debido a sus contenidos editoriales. Además, les ha negado información pública sobre el reparto en publicidad bajo el argumento de que “crearía competencia”. Por su parte Ignacio Rodríguez, director de Emeequis, explicó las políticas en la materia del gobierno federal “sujeta a vaivenes y discrecionalidad” y argumentó la necesidad de tener instrumentos reguladores de estas prácticas para transparentar el empleo de recursos públicos en los tres poderes de gobierno.

Según ARTICLE 19 y Fundar, los 5,138 millones de pesos que se gastó el ejecutivo federal de Felipe Calderón en publicidad oficial en 2009 representan un aumento del 501% respecto a lo que se gastó en el último año de gobierno de Vicente Fox. En México, argumentan, el vacío normativo ha dado lugar a prácticas discrecionales y arbitrarias en la distribución de la pauta gubernamental, lo que, en última instancia, lacera el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada y a acceder a información pública de interés.

Más información:

* Publicidad Oficial: la censura continúa, ARTICLE 19 y Fundar, 6 de octubre de 2010.

* Consulte los informes sobre publicidad oficial en el apartado de Publicaciones.

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