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Demandan aclarar violaciones en proyecto hidroeléctrico “Cerro de Oro”

Publicado por @Shinji_Harper el miércoles, 8 diciembre 2010
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Oaxaca. México. Hoy en día, los pobladores de dos comunidades en la región Chinantla de Oaxaca, presentaron una denuncia para evitar el perjuicio de su agua potable y sus zonas de pesca, y otras amenazas a sus medios de vida y cultura, por un proyecto hidroeléctrico respaldado por los Estados Unidos.

 

Dicho proyecto está financiado por la Corporación por la Inversión Privada en el Exterior (OPIC, por su nombre en inglés), una agencia de gobierno de los EE.UU. que da financiamiento internacional. 

 

El proyecto consiste en la conversión de la Presa Cerro de Oro y la modificación de las vías fluviales locales para producir energía para unas empresas privadas. 

 

 

Cerro de Oro

La construcción ya ha comenzado sin que los pobladores locales, en su mayoría indígenas Chinantecos, hayan sido consultados o informados de los impactos del proyecto en la salud y el medio ambiente.

 

La presa Cerro de Oro fue construida en la década de 1980 con financiamiento del Banco Mundial. La presa causó el desplazamiento de aproximadamente 26.000 chinantecos y alteró drásticamente el medio ambiente local. 

 

Este proyecto aprovecha el legado del daño al pueblo Chinanteco, y afectará a las comunidades Chinantecas que se han quedado a vivir cerca del vaso de la presa.

 

En su mayoría agricultores y obreros, los denunciantes son de una de las regiones más pobres y vulnerables de México.  Cosechan frutas, caña de azúcar y hule, entre otros productos y además de pescar.

 

Estas actividades les permiten subsistir. El desarrollo del proyecto ya tiene efectos perjudiciales: el cemento se ha filtrado en el agua potable, las detonaciones de los explosivos han dañado casas, y las prácticas de adquisición de tierras han afectado la cultura local.

 

“El Arroyo del Sal va a quedar seco, ya no va a haber comida para nosotros. No va a haber nada, porque todo lo que acá cosechas, lo poco que agarramos, es para nosotros sobrevivir”, comentó Yolanda Ortega Esteban, una residente del pueblo de Santa Úrsula, de 36 años de edad.

 

Según Komala Ramachandra, abogada de Accountability Counsel que representa a los denunciantes, “este proyecto constituye una clara violación de las propias políticas de OPIC sobre protección social y medioambiental. 

 

La empresa ha mantenido a las comunidades en la ignorancia sobre el alcance del proyecto y sus impactos, y ha usado la intimidación para silenciar el disenso. Los impactos son cada vez más evidentes, así como los medios de vida se encuentran también bajo amenaza directa.” 

 

El inversor del proyecto, Conduit Capital Partners, LLC, con sede en los EE.UU., recibió USD 60 millones de dólares de la Institución Financiera OPIC en 2006 para desarollar este proyecto adémas de otros en America Latina.

 

La solicitud de demanda fue presentada a la oficina interna de la OPIC encargada de asuntos de Rendición de Cuentas. El Congreso de Estados Unidos creó la Oficina en 2005, con el objetivo recibir éste tipo de denuncias y garantizar que sean abordados de una manera justa y objetiva. 

 

Hasta el momento la Oficina ha recibido sólo cuatro casos.  A través de la solicitud se espera obtener la asistencia de la Oficina para resolver las inquietudes de la comunidad sobre el proyecto y requiere que OPIC sigue su propias politicas.

 

Las comunidades recibieron asistencia en la elaboración y presentación de su solicitud por las organizaciones mexicanas: Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Habitat International Coalition; y Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) y con sede en los Estados Unidos, Accountability Counsel con la asistencia de la Clinica Internacional de Derechos Humanos de Berkeley Law School y Environmental Defender Law Center. 

 

Accountability Counsel es una organización sin fines de lucro que apoya a las comunidades en el mundo en desarrollo que buscan la rendición de cuentas de los derechos humanos y daños al medio ambiente a través de quejas de los ciudadanos y la promoción de políticas.

 

Para obtener más información, póngase en contacto con Accountability Counsel: Natalie Bridgeman Fields, Lcda. 1.415.412.6704, natalie@accountabilitycounsel.org (EE.UU.) y  con Komala Ramachandra, Lcda., 011.51.949.225.717, komala@accountabilitycounsel.org (Perú)

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