Con apego a la ley, política de protección a migrantes: Max Vargas

  Oaxaca, México.-  “La propuesta  de establecer una Fiscalía Especial Itinerante para la atención de delitos en contra de las personas migrantes, indudablemente está plasmada en documentos, sustentada en hechos y, más aún en apego a los artículos 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, subrayó el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios, Max Vargas Betanzos. Enfatizó que en ellos se establecen los derechos de los extranjeros en territorio mexicano, con independencia de su situación migratoria. Este sector de la población, conforme al compromiso de la administración estatal que preside el gobernador Gabino Cué Monteagudo y del propio Poder Legislativo, en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Gobierno de México como miembro de las Naciones Unidas están por la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En referencia a ello, debemos partir por un principio que la ley es por igual para todos, sean nacionales y extranjeros que por alguna causa se encuentren en nuestro suelo, sobre todo, en calidad de migrantes en tránsito hacia otras latitudes, por lo cual se han comprometido acciones entre los diversos sectores de la sociedad y de manera interinstitucional por procurar a los migrantes garantías ante los numerosos casos de hechos delictivos a los que han expresado y que van desde secuestros, extorsión y violación a sus derechos humanos. Vargas Betanzos, explicó que el gobierno de México comparte plenamente la preocupación por esta problemática y en razón de ello, ha planteado la necesidad de atenderla con urgencia para dar cumplimiento a las convenciones y tratados internacionales signados para la la protección de los derechos humanos de los migrantes, protegiéndoles de sufrir la comisión de delitos en su contra, cualquiera que sea su dimensión. Para ello se requiere toda la atención y esfuerzo de los tres órdenes de gobierno a fin de frenar los referidos abusos, sobre todo los cometidos en suelo oaxaqueño entre las municipalidades de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Juchitán, Ciudad Ixtepec y otros lugares aledaños, acotó. “Al igual que nuestros migrantes, son ciudadanos en busca de destinos más promisorios para su subsistencia, sujetos a la vulnerabilidad por lo cual se hacen esfuerzos conjuntos entre los gobiernos federal, estatal e incluso municipales para frenar esta situación”. Como legislador y con la venia de mis homólogos Aleida Tonelly Serrano, Juan Mendoza Reyes, Carlos Martínez Villavicencio, Tomás Basaldú Gutiérrez, así como de los diputados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, encabezados por el diputado Pavel Renato López Gómez, Flavio Sosa Villavicencio y, Marlene Aldeco Reyes Retana, el pasado 4 del presente, conjuntamente suscribimos un Dictamen a través del cual formulamos una atenta solicitud al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca. Lo anterior, para que de conformidad a sus atribuciones y deberes establecidos en el artículo 20, fracción XVII de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, establezca la referida Fiscalía Especial Itinerante para la atención de delitos en contra de las personas migrantes, todo, concluyó, en el ámbito de nuestras responsabilidades institucionales y por la salvaguarda de garantías y derechos humanos de este sector con políticas públicas, promoviendo iniciativas de ley respetando las garantías individuales y los derechos humanos, sin contraponerse a las leyes federales en la materia, concluyó.