Un enfrentamiento que pudo terminar en masacre

Jaime OLIVERA   Oaxaca. México. Resulta sorprendente la irresponsabilidad con que actuaron las autoridades en los hechos violentos del pasado martes, al revelarse que hubo orden de disparar. La mañana de este miércoles, en un espacio radiofónico, uno de los policías que participó en el “operativo de seguridad” del martes, reveló que el secretario de Seguridad, Marco Tulio López Escamilla, dio la orden de disparar. [caption id="attachment_92396" align="alignleft" width="300" caption="¿QUién ordenó disparar?"][/caption] Horas antes, el mismo funcionario aseguraba que grupos violentos se habían infiltrado en la protesta magisterial, lo cual pareciera contradictorio, pues de haber sucedido así, hubieran sacado a relucir las armas de fuego como lo hicieron los uniformados. Al preguntarle al citado policía quién ordenó la agresión, respondió que el secretario de seguridad pública ordenó disparar si era necesario, mientras en los edificios donde estuvo el presidente, francotiradores del Ejército se mantenían atentos a los acontecimientos. Cómo un funcionario que habla de un gobierno democrático puede ordenar que se dispare contra la población civil y no es una suposición, pues uno de los compañeros reporteros fue baleado. Una sola bala pudo ocasionar que verdaderos grupos violentos, pagados o no, civiles o los muy de moda narcos que protagonizan bloqueos en otras ciudades, pudo desencadenar una verdadera masacre. La sociedad pide ubicar a los “perversos”, pues ya han sido varios los testimonios de personas que notaron el estado inconveniente con que operaron policías federales, visiblemente drogados y de lo cual, claro, nunca se sabrá. Si existe una primera responsabilidad, esta es la incapacidad política y de diálogo del gobierno estatal, pues esos asuntos se negocian en una mesa de trabajo, no en la calle con varillas como argumenta el propio López Escamilla. Dónde estaba la secretaria General de Gobierno, sus operadores y el director del Instituto Estatal de Educación Pública, pues que una vez iniciada la agresión delegaron al secretario de seguridad el diálogo y que incluso terminó golpeado. Lamentablemente no es la primera vez que la policía demuestra su incapacidad operativa y su ignorancia social, confundiendo a todo transeúnte con agitadores. Bajo ninguna circunstancia debió darse la orden de disparar contra la sociedad civil, lo que refleja la violación artera a las garantías individuales del aparato estatal. Los cientos de millones que los gobernadores priistas invirtieron en equipamiento y capacitación quedan en evidencia por la falta de preparación de los grupos antimotines que se improvisan. No es gratuito que hayan sido cuatro mujeres de la Policía Federal Preventiva las que capturaron los inconformes; mujeres que fueron echadas adelante por sus “compañeros”, quienes tras el error dijeron que las rescatarían a sangre y fuego. Imágenes y videos muestran a comandantes policiacos enfrentarse verbalmente pero encapuchados contra maestros y jóvenes activistas enardecidos, lo que muestra la falta de protocolos en los operativos. Tan personal se hizo la confrontación que fue tanta la fuerza empleada que incluso se acabaron el gas pimienta que llevaban, no importando que alrededor hubieran mujeres, niños, turistas. No sólo en el 2006 o en el violento desalojo del zócalo en la última Guelaguetza y ahora en la visita de Calderón, quedó de manifiesto que los oaxaqueños estamos “protegidos” por una policía deficiente, antisocial y un aparato de estado carente de personalidad política. Que hay grupos violentos infiltrados, eso todos los oaxaqueños los sabemos, pero no sólo de quienes viven de la anarquía, sino también existen responsabilidades de funcionarios públicos, exceso en el empleo la fuerza pública, errores que dejaron cuantiosas pérdidas al estado ¿Quién pagará esos excesos? El Pueblo.