Posible recurrir a tribunales internacionales si se incumple derecho a la salud

UAM/Investigación Oaxaca, México.- Un sistema que garantice el derecho a la salud es tan importante para el desarrollo y progreso de un país como contar con sistemas judiciales y democráticos competentes, afirmó la doctora Clara Jusidman Rapaport, presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC, al sustentar la conferencia magistral del coloquio El derecho a la salud en México, que se desarrolló en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). [caption id="attachment_94543" align="alignleft" width="126" caption="Foto: CuartoOascuro"][/caption] La ex secretaria de Salud del gobierno capitalino señaló que el derecho a la salud no puede analizarse fuera del contexto de la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y debe abordarse como un bien público, tal como está establecido en los diferentes tratados que el gobierno mexicano ha firmado a escala internacional. La ex directora del Registro Federal Electoral (1997) dijo que las políticas económicas y sociales que adopten los estados son fundamentales para garantizar estas facultades, “ya que se trata de derechos en los que se debe avanzar progresivamente utilizado los máximos recursos disponibles”. En México la cultura sobre la importancia de los DESC (aquellos derechos humanos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado y que incluyen aspectos relacionados con el derecho a la vida, a la libertad y a la subsistencia) es muy reciente y apenas empieza su despliegue. Destacó por otra parte que existe una instancia (Protocolo facultativo) derivada del Pacto de San Salvador que implica la posibilidad de que las personas puedan acudir a tribunales internacionales cuando son violados sus DESC. En nuestro país se tiene la experiencia de una comunidad guerrerense que, a partir del incumplimiento de un compromiso del gobierno estatal para proporcionar profesionales y equipamiento para una clínica, interpuso una demanda y logró que el gobierno hiciera efectiva dicha promesa. A pesar de que los DESC están establecidos internacionalmente desde 1966, su conceptualización y “aterrizaje” en indicadores de cómo se introduce el enfoque de derechos humanos en políticas públicas no tiene más de 10 años, comentó Jusidman Rapaport, quien enfatizó la necesidad de que los funcionarios incorporen la perspectiva de los derechos humanos al delinear políticas públicas para garantizar el derecho a la salud y el resto de lo que comprenden los DESC. Por su parte, la doctora María Elena Contreras Garfias, jefa del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM, señaló que es conocida la historia de “las grandes instituciones de salud”, las cuales no han podido proporcionar este derecho a todos los ciudadanos ni con la calidad adecuada, a pesar de lo establecido en nuestra Constitución. Advirtió que cuando una población enferma, se ve amenazada toda la sociedad “y por tanto la economía”, por lo que resulta fundamental avanzar en el conocimiento de la relación entre salud individual y colectiva; por ejemplo, “entre ingresos por cuotas al IMSS y al ISSSTE y la calidad de la atención” que se brinda al paciente. Al inaugurar el coloquio, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, señaló que las políticas públicas en materia de salud deben centrar su atención en prevenir y tratar las enfermedades, pero su diseño y desarrollo deben observar también que un eficiente sistema de salud pública ha de estar anclado en promover el mejoramiento del nivel de vida de toda la población.   Acompañado de la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco, así como de los doctores Arturo Rojo Domínguez y Salvador Vega y León, rectores de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, respectivamente, expresó que es inaceptable que casi 20 millones de mexicanos no cuenten con seguridad sanitaria.  Si bien reconoció que nuestro país ha avanzado en materia de promoción de la salud y cobertura de servicios, por conducto del Seguro Popular, de la atención brindada por los sistemas de seguridad social (IMSS e ISSSTE) y las instituciones hospitalarias del sector salud, ese desarrollo luce insuficiente para garantizar, ya no el derecho, sino el mero acceso universal de la población a los servicios públicos. Fernández Fassnacht externó que no basta con garantizar la universalidad en el registro de un servicio de salud, como es el Seguro Popular, sino que las personas tengan pleno acceso a medicamentos y a servicios necesarios. Ponderó que la UAM tiene una larga trayectoria y es firme promotora de las políticas públicas de salud en los diversos niveles e insiste en incidir en el mejoramiento de sus capacidades a través de la investigación y la enseñanza de disciplinas en este campo. En el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez también estuvieron presentes el maestro Raúl Hernández Valdés, coordinador general de Difusión, y la doctora Oliva López Arellano, coordinadora académica del coloquio.