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El Estado mexicano no garantiza derecho a la libre maternidad

Publicado por @Shinji_Harper el miércoles, 2 marzo 2011
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Oaxaca, México.- Cada día en México, tres mujeres pierden la vida por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. A pesar de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano durante las conferencias de El Cairo y Pekín y refrendados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el derecho a una maternidad libre, voluntaria y gozosa no es una realidad para las mexicanas.

 

La falta de políticas públicas para atender y frenar la muerte materna pone en riesgo la vida de las mexicanas, y las coloca en una posición de injusticia social, ya que son muertes que pueden ser evitadas.

Hasta 2006 el Estado mexicano contaba con un programa rector para abatir la mortalidad materna. El programa Arranque Parejo en la Vida concentraba en su objetivo frenar la muerte materna, aunque dejaba esa responsabilidad a las comunidades.

Hoy el Seguro para una Nueva Generación, contenido dentro del programa Seguro Popular, no deja en claro las metas y los recursos para disminuir la mortalidad materna.

El artículo cuarto constitucional garantiza el derecho de las y los mexicanos a decidir el número y tamaño de sus familias. Tal determinación está ligada al acceso a métodos de anticoncepción modernos.

Tres de cada diez mujeres que se convierten en madres son adolescentes, pese a ello el 25 por ciento de las adolescentes que tiene vida sexual activa no utilizan ningún método anticonceptivo por falta de acceso o desconocimiento de los mismos.

El desabasto de anticonceptivos ha disminuido en las últimas décadas. En 2009 sólo 10 por ciento de las mujeres con vida sexual activa carecía de métodos anticonceptivos. Sin embargo, para las mujeres de 15 a 19 años de edad la demanda insatisfecha deanticoncepción es del 25 por ciento, mientras que para las de 20 a 24 años es del 17 por ciento, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2009.

Esta situación se agrava con las reformas constitucionales en 18 estados (Baja

California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán), para proteger la vida desde la concepción y que criminalizan el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo.

La penalización del aborto, lejos de evitar esta práctica, coloca en riesgo la vida de las mexicanas, ya que según la Secretaría de Salud (Ssa), en el 2000 fueron hospitalizadas 160 mil mexicanas por padecimientos vinculados al aborto, este número creció a 180 mil en 2009, año en el que cada día 484 mujeres ingresaron a un hospital por aborto.

El análisis de Ipas México, con base en información oficial, señala que de las 27 mil 150 muertes maternas registradas de 1990 a 2008, una de cada 13 ocurrieron a causa de complicaciones derivadas de abortos mal practicados.

Del total de muertes maternas por aborto, 13 por ciento eran adolescentes y niñas, mientras que 65 por ciento de quienes fallecieron carecían de seguridad social. Fueron atendidas en instituciones de la Ssa, algunas eran beneficiarias del Seguro Popular.

El Estado debe garantizar la maternidad y paternidad, no como un destino biológico, sino como una opción libre y gozosa de las mujeres y hombres. De ahí que un Estado de Derecho deba apoyar por igual la opción de ser madre o padre, como el de no serlo, facilitando ayudas para ambas elecciones.

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