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Refutan a Gobierno de Oaxaca compromiso con derechos humanos

Publicado por @Shinji_Harper el domingo, 3 abril 2011
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Oaxaca, México.- El activista, Juan Sosa Maldonado, refutó las afirmaciones del gobernador Gabino Cué Monteagudo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al señalar su responsabilidad en la ejecuciones extraoficiales contra indígenas loxichas en la administración del ex mandatario Diódoro Carrasco Altamirano.

A continuación el texto envido  a esta redacción

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

AL PUEBLO EN GENERAL

Contrariamente a lo que se nos pretende hacer creer por el oficialismo, la reciente comparecencia de Gabino Cué Monteagudo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por diversos asuntos de violación a derechos humanos en nuestro Estado, más que a un gesto de buena voluntad, obedece al afán de prevenir daños mayores, ante la relevancia y la fuerza de los casos.

Sobresale el caso del compañero Selerino Jiménez Almaraz, ejecutado en la Región de los Loxicha hace 14 años, en la recta final del diodorismo etnocida, cuando Gabino Cué Monteagudo ocupaba el cargo de Secretario Técnico de Diódoro Carrasco Altamirano.

Ahora que, como parte del grupo político de Diódoro Carrasco Altamirano, es jefe del Poder Ejecutivo y cuando los responsables materiales e intelectuales de esta guerra de baja intensidad que se sigue desarrollando en la Región de los Loxicha, siguen siendo entes políticos activos, es paradójico que como lo indica su boletín de prensa: el mandatario firmó como testigo de honor el Reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón que el Estado Mexicano ofreció a familiares del indígena loxicha, Selerino Jiménez Almaraz, quien fue privado de la vida en el año 1997.”

A Gabino Cué Monteagudo se le coloque en el banquillo de los acusados por un hecho en el que tienen plena responsabilidad, porque la ejecución extrajudicial del compañero Selerino Jiménez Almaraz es una de las más esclarecedoras de la política diodorista contra los indígenas Loxicha por su presunta participación en la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario.

Aquella madrugada, cuando el grupo de policías que comandaba Lucio Esteban Vásquez Ramírez llegaron por Selerino Jiménez Almaraz, no pretendían detenerlo; tenían la clara consigna de realizar una ejecución que dejara bien claro que la ejecuciones iban a continuar y era lo que les esperaba a quienes fueran señalados de pertenecer a la guerrilla.

El valor y la trascendencia organizativa del compañero Selerino Jiménez Almaraz era innegable, de tal manera que al más puro estilo kaibil a Selerino le arrancaron los genitales.

Hace catorce años el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano; Gabino Cué Monteagudo Secretario Técnico del Ejecutivo; Héctor Anuard Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno; Roberto Pedro Martínez Ortiz, Procurador General de Justicia; José Trinidad Rodríguez Ballesteros, comandante de la Policía Judicial del Estado encabezaban la represión en los Loxicha y no fue la primera ejecución que realizaron, a continuación unas cuantas de las más de 120 ejecuciones extrajudiciales hasta el día de hoy:

Adrián Sebastián Antonio, originario de Llano Maguey, Loxicha, de 26 años, fue detenido por policías judiciales junto con otras personas. Sus familiares, entre ellos su esposa, Obdulia Pérez Pacheco, han realizado declaraciones por las que se presume que el señor Adrián fue muerto como consecuencia de la tortura a la que fue sometido.

Gaudencio Pacheco Pérez, de 90 años, originario de la comunidad La Sirena, San Agustín Loxicha. Fue detenido y muerto en el mes de marzo de 1997. Su hija, Margarita Pacheco Hernández y su esposa, Casimira Hernández Hernández, responsabilizaron de su muerte a la policía judicial del estado, pues los elementos policiacos entraron a la casa y ahí mismo le rompieron el cuello.

Eustorgio José Ruiz, originario de la comunidad de Magdalena, de 26 años de edad, fue detenido el 9 de mayo de 1997. Murió a consecuencia de los disparos hechos por la policía judicial.

Pedro Hernández Monjaraz, de 55 años de edad, era originario de la comunidad de Río Granada. Fue encontrado enterrado en el panteón de San Agustín Loxicha por su esposa, Domitila Martínez. El cadáver presentaba más de 50 orificios de bala, que el gobierno del estado justificó diciendo que habían sido producto de un enfrentamiento.

Octavio Monjaraz, originario de Río Granada, San Agustín Loxicha, tenía 27 años de edad. De acuerdo con las declaraciones de sus familiares fue asesinado por elementos de la policía judicial del estado y pistoleros.

Agustín Juárez, originario de la comunidad de La Sirena, tenía 62 años de edad cuando fue asesinado en Río Platanillo. Según la denuncia de los familiares por pistoleros de la región al servicio de la familia Ramírez.

Calixto García López fue asesinado el día viernes 3 de abril de 1998, a las ocho de la noche. De acuerdo con las declaraciones de sus familiares, llegaron hasta su casa, policías y hombres vestidos de negro con el rostro cubierto. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la muerte ocurrió durante un fuerte enfrentamiento con integrantes del EPR, del que salieron ilesos todos los elementos policiacos, la única víctima fue el señor Calixto.

Pedir perdón de manera demagógica por el caso del compañero Selerino Jiménez Almaraz no resuelve ni en lo más mínimo el Caso Loxicha, Loxicha necesita un plan de justicia integral, por eso, exigimos a Gabino Cué Monteagudo:

¡Libertad para todos los presos políticos y de conciencia de la Región Loxicha!

¡Presentación con vida de todos los desaparecidos políticos!

¡Castigo a los responsables de la represión!

¡Alto a la guerra de baja intensidad que se vive en la Región Loxicha!

Respetuosamente:

Juan Sosa Maldonado

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