Sociedad y política/Cinco minutos de ciudadanización

Isidoro YESCAS Oaxaca, México.- 1.Se ufanan los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD de los logros alcanzados por la LXI Legislatura durante el primer período ordinario de sesiones. De una primera lectura de sus declaraciones de prensa y pronunciamientos cualquier ciudadano alejado de la realidad de Oaxaca podría tomar como cierto todo lo dicho y concluir que el proyecto de transición a la democracia marcha viento en popa. [caption id="attachment_99979" align="alignleft" width="300" caption="¿Y los ciudadanos, señores diputados? Foto: www.50mm.mx"][/caption] Nada más falso. Leyes, decretos y acuerdos por supuesto que los hubo. Pero no sobre los temas torales para desmantelar el viejo régimen ni para modificar reglas y métodos para un nuevo arreglo institucional. La traída y llevada reforma de Estado no pudo ser aterrizada porque desde el poder ejecutivo se trazó un mapa de ruta errático al punto que la difícil y complicada agenda solo pudo ser definida un mes antes, cuando ya desde el PRI se había votado por el NO a los puntos torales de la iniciativa. Y cuando los partidos aliados y sus fracciones parlamentarias tampoco habían superado sus diferencias de forma y fondo para decidir si se alineaban corporativamente con la propuesta del ejecutivo o se decidían, juntos o por separado, por su reelaboración, vistas y analizadas sus inconsistencias en el orden jurídico y debilidades en lo político. Agotado el primer período ordinario de sesiones, ahora será en un período extraordinario, que tendrá lugar la próxima semana, cuando finalmente se vote y apruebe en lo general y particular una versión corregida –y en algunas partes disminuída en sus alcances y propósitos- el paquete de reformas constitucionales que se esperaría apuntalen el marco jurídico del nuevo régimen. 2. Pero si la transición debe esperar –y sin resultados inmediatos como ya lo presagiaron los oráculos del nuevo establishment- lo que no puede posponerse es la reafirmación de la vocación patriomonialista y clientelar de los partidos políticos mayoritarios para reafirmar su control sobre el Instituto Estatal Electoral. Hasta ahora, ningún indicio existe de que la pretendida ciudadanización del órgano electoral se haga realidad simple y sencillamente porque ni la convocatoria ni el procedimiento que se sigue para la selección y elección de los consejeros electorales y del consejero presidente garantizan que el Consejo General del IEE se integre con ciudadanos que, además de cumplir con los requisitos de ley, demuestren públicamente compromiso con los principios de certeza, independencia, imparcialidad y objetividad que el cargo reclama. ¿Qué interés por conocer la trayectoria y las propuestas de los aspirantes a consejeros pueden demostrar los diputados del PRI cuando su reloj solo dispuso de cinco minutos para escuchar a los aspirantes que se arroparon en su fracción? ¿Qué puede esperarse de las otras fracciones parlamentarias cuando, aunque dispusieron de un mayor tiempo, terminaron por convertir las entrevistas en simples rutinas burocráticas? ¿Cuántos de los diputados de cada fracción parlamentaria que participaron en las entrevistas tienen conocimientos básicos en materia electoral para convertirse en jueces de un proceso que camina por la ruta partidocrática, sin reglas claras y con dados cargados? En un principio, si se recuerda, y en medio de un total opacidad, el PRI y el PAN intentaron imponer como consejero presidente al priista Otoniel Peña Montor. Evidenciada la maniobra, y frente a la inconformidad del PRD y organismos ciudadanos, se optó por una convocatoria pública, pero siempre cuidando que el control del proceso y elección quedara en manos de las fracciones parlamentarias. Bajo estas condiciones se recibieron más de 80 solicitudes que, previo a las entrevistas, debieron ser revisadas para saber si los aspirantes cubrían con los requisitos de ley. En muchos casos estos no ocurrió, sin embargo los interesados fueron convocados para ser entrevistados. Agotada esta fase, ahora la decisión quedará totalmente en manos de las fracciones parlamentarias, fundamentalmente del PRI, PAN y PRD, quienes podrán conducirse con toda la discrecionalidad que sus intereses grupales y personales lo reclamen para definir el procedimiento de selección de candidatos y, luego, formalizar la elección en una sesión del Congreso. El PRI, por supuesto, buscará nuevamente tener mano con el consejero presidente o, en su caso, ceder ésta posición a cambio de quedarse con el control de la Dirección del IEE y las direcciones más importantes de la Junta General Ejecutiva, con lo que al final de cuentas saldrán ganando al permanecer prácticamente inamovible la vieja estructura electoral. El PRD podría allanarse a una candidatura ciudadana, solo a una, mientras que el PAN le apostaría a jugar un papel similar dejando al PT y PC con las suplencias. Excluídos totalmente del proceso, los organismos ciudadanos tendrán que conformarse con protestar o ser mudos testigos de la integración de un órgano electoral bajo las reglas escritas del viejo régimen en un gobierno de alternancia y los no menos viejos usos y costumbres de los partidos políticos. Y para curarse en salud, como ocurría en los tiempos del viejo régimen, vendrán luego los golpes de pecho y las promesas de que ahora sí habrá reforma electoral profunda. Pero mientras tanto ya la partidocracia aseguró que en las elecciones intermedias del 2013 y la de gobernador del 2016 el órgano electoral quedará vacunado contra el virus del cambio y la ciudadanización.