Oaxaca, México.- El diputado local Flavio Sosa Villavicencio calificó este miércoles como “un despropósito” que autoridades gubernamentales intenten criminalizar a las y los habitantes del municipio de Textitlán como justificación para la agresión policiaca que las y los indígenas sufrieron el pasado 28 de abril.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local expuso que hasta el momento la secretaria general de Gobierno ha dicho que en el operativo fueron aseguradas armas y drogas, lo que aun si fuera xcierto “de ninguna forma justifica el allanamiento violento de los domicilios, sin mediar orden escrita de un juez, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución de Oaxaca”.
Dijo que si bien los policías que participaron en el operativo deberán responder por cargos individuales como saqueo, amenazas y lesiones, la secretaria general de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública estatales “están obligados a responder quién dio la orden de catear ilegalmente los domicilios, para saber a qué nivel se fraguó y a qué nivel se permitió un abuso tan grande”.
“En los cuerpos policiacos la línea de mando es muy definida; no se necesitaría una larga investigación para establecer quién dio esta orden ilegal y definir con nombre y apellido de quién es la responsabilidad, quién intentó apagar la mecha con un cerillo”, y eso deberán aclarar ambos funcionarios este viernes, cuando comparezcan ante el Congreso local, señaló Sosa Villavicencio.
“Pareciera que la acción fuese una provocación para generar aún más violencia o que los funcionarios no conociesen los hechos de violencia que se han suscitado antes en esa zona”, dijo el legislador en referencia a diversos hechos sangrientos ocurridos también en la Sierra Sur, como la masacre de Agua Fría en 2002.
Expresó que el operativo además mostró el racismo de las autoridades policiacas, su desprecio hacia las y los indígenas a quienes no reconocen como ciudadanos sujetos de todos los derechos que les garantizan las leyes oaxaqueñas, lo que de sí es imperdonable y más aún en un estado como el nuestro, eminentemente indígena.
Al concluir un taller sobre práctica parlamentaria en el que participó en el Senado de la República, en esta ciudad de México, también calificó como un absurdo la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Internos de la policía defina las responsabilidades de los agentes, pues siendo la misma institución juez y parte estaría prácticamente asegurada la impunidad.
“En Oaxaca no podemos tolerar más impunidad”, subrayó Flavio Sosa, y destacó la necesidad de identificar claramente a quienes hayan sido responsables; iniciar los procesos judiciales en su contra, ejecutar las sanciones a que haya lugar y establecer mecanismos para la reparación del daño ocasionado a las y los habitantes de Santiago Textitlán.
“Es necesario que el proceso siente precedentes para que en Oaxaca no se vuelvan a violar las leyes, la Constitución y los derechos humanos”, indicó finalmente.
