Lejano materializar en México el derecho a la salud

UNAM/Investigación Oaxaca, México.- La materialización del derecho a la salud en México enfrenta problemas como el bajo y heterogéneo gasto público en el sector, que se traduce en el acceso limitado y desigual a los servicios respectivos. También, figura la fragmentación del sistema y del modelo institucional de atención, cuyas implicaciones se traducen en una calidad desigual en los servicios, así como bajos niveles de eficiencia. A ello, se suma la generación de actos discriminatorios y de selección por motivos de naturaleza económica, plantearon académicos universitarios. En el Foro La Protección de la Salud como Obligación del Estado, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, explicó que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, a partir de los resultados del Censo de Población 2010, el 33.2 por ciento de la población mexicana (37 millones de personas) carece de acceso a esos servicios. “Esa situación debería ser inaceptable en una nación que es considerada de ingreso medio-alto por el Banco Mundial, o de desarrollo humano medio-alto por las Naciones Unidas”, dijo. La desigualdad, abundó, una de las características más notorias de la realidad económica y social, se expresa de manera cruda en el acceso a los servicios, que en el DF afecta al 32.9 de los habitantes; en Veracruz, al 40 por ciento; en Chiapas, al 44, y en Puebla, al 54.4. Pedro Salazar Ugarte, también investigador del IIJ, sostuvo que la salud es un derecho humano fundamental. La reforma constitucional en proceso de aprobación, entre otros aspectos, implicará elevar a rango constitucional tratados e interpretaciones internacionales que vinculan al Estado mexicano, y que están relacionados con la protección y garantía de esa facultad. En tanto, Diego Valadés, investigador y ex director del IIJ, comentó que en el país se requieren soluciones en este rubro. “Independientemente del esfuerzo que se haga en cuanto a inversión o ampliación de la cobertura, lo que está al alcance de una instancia como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es transformar su naturaleza arbitral por la de un órgano promocional”. La Comisión debe convertirse en un ombudsman de la salud, y modificar su composición. En este momento, sus integrantes son designados por el gobierno. Por ello, sugirió incluir a usuarios, representantes de los prestadores privados, y entidades académicas. En el encuentro, moderado por Joaquín Narro Lobo, Ingrid Brena Sesma, del IIJ, recordó que el Estado, en 1983, reformó el artículo cuarto de la Constitución para incluir el derecho en la materia. En tanto, las reformas legislativas del 2003 y 2004, permitieron la creación de un nuevo sistema integrado por tres seguros públicos de salud: el IMSS, el ISSSTE, e instancias como el Ejército, la Marina y Petróleos Mexicanos. Antes, Germán Fajardo Dolci, comisionado nacional de Arbitraje Médico, recordó que la salud es una de las condiciones más importantes para el desarrollo pleno de los individuos y de las sociedades. En presencia del director del IIJ, Héctor Fix-Fierro, sostuvo que ese no es un tema que sólo competa a los galenos, sino que como bien social, incumbe a juristas, filósofos, sociólogos o politólogos.