Enfrentar el crimen organizado sin potenciar la violencia

UNAM/Investigación Oaxaca.- En México debe enfrentarse al crimen organizado, pero sin potenciar la agresión; la respuesta a la violencia mafiosa no está en la presencia policiaco-militar, porque el Estado cuenta con otras herramientas para hacerlo, afirmaron académicos y políticos al participar en la mesa Delincuencia Organizada y Violencia en México, realizada en el marco de actividades de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia. Hacia una Política de Estado en los Albores del Tercer Milenio. En la mesa, el moderador Luis Raúl González Pérez, abogado General de la UNAM, externó que el clima de violencia continúa con plena vigencia en el país, y refirió que las organizaciones en este ámbito se han atomizado. Ottavio Sferlazza, procurador adjunto de la Magistratura de Reggio Calabria, Italia, aseveró que uno de los problemas más graves del país es la desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad, por la capacidad de infiltración que tienen las organizaciones del narcotráfico. Ante este panorama, indicó, el Estado tiene que recuperar la soberanía del territorio y resanar el tejido social. Por su parte, Luis Alejandro Astorga Almanza, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios, sostuvo que la estructura del tráfico de estupefacientes en la nación es predominantemente oligopólica, es decir, no se caracteriza ni está dominada por algún grupo o líder. Entre las estrategias de combate, destacó que en el ámbito internacional se debe adoptar una actitud más arriesgada y propositiva. A su vez, Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de seguridad de Lantia, Consultores, añadió que hasta hace unos años la violencia de grupos criminales ligados a la venta de drogas era típica en otros territorios del mundo, pero no en el nuestro; de hecho, la agresión de esas agrupaciones es producto, entre otros factores, de la reubicación de integrantes de otra mayor, que prefieren zonas donde ya existen redes para dedicarse a otras actividades como secuestro y extorsión. En el auditorio Gustavo Baz Prada de la Antigua Escuela de Medicina, el diputado priísita Alfonso Navarrete Prida afirmó que la presencia policiaco-militar no es suficiente para atacar este problema, pues en muchos casos sólo ha servido para legitimar a estos grupos o potencializar la intimidación. Cambio estructural contra impunidad En la mesa Corrupción, impunidad y justicia, moderada por Samuel González Ruiz, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro A.C., destacó que, según datos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México, del total de los delitos actuales, 22 por ciento son denunciados; 15 por ciento iniciaron averiguación previa; 3.9 de éstas últimas concluidas; 2.1 se han consignado; 1.8 están sujetos a procesos; 1.7 han sido sentenciados, y apenas 1.5 por ciento están condenados. Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), destacó que si en el país se quiere triunfar contra la impunidad y los cárteles, es necesario “pegarle en serio al dinero”, perseguir enormes recursos financieros que permiten comprar armas, policías, equipos de radiotelecomunicación y voluntades políticas. Aseguró que, según datos de la Drug Enforcement Administration (DEA), en Estados Unidos, cada año entran a México entre 25 mil y 35 mil millones de dólares del narcotráfico para realizar esas tareas. En su oportunidad, Liza Zúñiga, investigadora del Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad, de Chile, propuso que, para reducir el nexo entre criminales y política, el financiamiento de los partidos políticos debe ser abierto a fin de conocer quiénes invierten y reducir la impunidad. Sergio López Ayllón, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recordó que para abatir los complejos e interrelacionados fenómenos de corrupción, impunidad y violencia en México, se requieren políticas públicas de largo alcance, con acciones coordinadas que involucren a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en forma articulada.