Oaxaca, México.- El creciente gasto en materia de seguridad no se ha traducido en resultados visibles para el país en términos de reducción de incidencia delictiva o mejoras en la procuración de justicia o los sistemas de inteligencia, concluye el reporte
“El Gasto en Seguridad: Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos”, presentado esta mañana por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.
El análisis de México Evalúa se apoya en los informes y evaluaciones realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los programas en materia de seguridad pública en la más reciente revisión a la Cuenta Pública del 2009. Los hallazgos reportados por la ASF permiten detectar enormes espacios de oportunidad para mejorar la efectividad y la transparencia del gasto en materia de seguridad.
“La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos en la materia nos obliga a exigir con urgencia mayor transparencia y efectividad en los crecientes recursos destinados a un tema primordial para el país”, comentó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.
Una muestra contundente de la desconexión entre gasto y resultados es que: el incremento del presupuesto en seguridad ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo.
“Antes de analizar algunas de las principales fallas y debilidades en el ejercicio del gasto en seguridad, es importante tomar en cuenta que los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno”, expresó José Tapia, Director de Estrategia e Investigación de México Evalúa.
En el reporte elaborado por México Evalúa se indica que la falta de información oportuna y confiable por parte de las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública, y la descoordinación entre ellas, también inhibe completar bases de información que resultan cruciales para el abatimiento del fenómeno. Algunos ejemplos:
El registro nacional de personal de seguridad tiene un avance de 42%, es decir, no existe una base de datos completa de los perfiles de los servidores en la materia.
El registro nacional de armamento y equipo muestra un avance de 68%, esto implica que no tenemos un inventario nacional de armamento asignado y bajo resguardo. Peor aún, existe armamento que no se puede ubicar por discrepancias en los registros.
El sistema de evaluación de confianza de las policías tuve un avance de 8% nacional, en promedio.
El registro de información penitenciaria existe únicamente a un 41% y hay estados donde el avance es 0%.
México Evalúa presenta en el documento un análisis exhaustivo de los hallazgos de la ASF y los sintetiza en
“10 observaciones que requieren acción inmediata”:
1. Las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se muestran descoordinadas, además de no ofrecer claros indicadores de desempeño.
2. La eficacia en el desempeño de la Policía Federal (PF) aún no es evidente, de acuerdo con los indicadores.
3. El resguardo físico de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública está en manos de la SSP y no del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como debería ser conforme a ley y reglamento aplicables, lo cual dificulta la actualización del sistema.
4. La Plataforma México ha sido operada con poco apego a la normatividad en adquisiciones.
5. Los fondos y subsidios destinados a la seguridad no están teniendo un efecto medible.
6. La PGR tiene un avance mínimo en sus tareas de profesionalización y modernización de ministerios públicos.
7. Los sentenciados del fuero federal cumplen, en su mayoría, sanciones en libertad y sólo se vigila a 3% de ellos.
8. La tarea de prevención y readaptación social del sistema penitenciario no está funcionando.
9. El Programa Nacional de Seguridad Pública, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, carece de controles e indicadores de resultados para evaluar integralmente el desempeño institucional y las metas alcanzadas.
10. Los estados y municipios no tienen insumos para desarrollar inteligencia policial.
El documento presentado por México Evalúa ofrece recomendaciones puntuales en términos de mejora de la coordinación y comunicación entre agencias gubernamentales, un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la instrumentación periódica de evaluaciones de desempeño que presenten cumplimiento claro de metas y resultados.
Edna Jaime, Directora de México Evalúa concluyó: “Es necesario tener criterios claros y medibles para la evaluación del impacto real de las políticas públicas en materia de seguridad. No podemos permitirnos dispendios y opacidad en la materia, cuando el problema nos desborda de una manera tan brutal”.
Puntualizó: “Si no logramos conectar el gasto en seguridad y la acción pública con resultados visibles para la población en términos de incidencia delictiva y confianza ciudadana, estamos ante un enorme fracaso de las políticas públicas en la materia”.
“Si lo podemos evaluar, lo podemos mejorar”
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“La enorme desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos en la materia nos obliga a exigir con urgencia mayor transparencia y efectividad en los crecientes recursos destinados a un tema primordial para el país”, comentó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.
Una muestra contundente de la desconexión entre gasto y resultados es que: el incremento del presupuesto en seguridad ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo.
“Antes de analizar algunas de las principales fallas y debilidades en el ejercicio del gasto en seguridad, es importante tomar en cuenta que los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno”, expresó José Tapia, Director de Estrategia e Investigación de México Evalúa.
En el reporte elaborado por México Evalúa se indica que la falta de información oportuna y confiable por parte de las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública, y la descoordinación entre ellas, también inhibe completar bases de información que resultan cruciales para el abatimiento del fenómeno. Algunos ejemplos:
