Europa y América Latina reflexionan sobre el tráfico de personas

Oaxaca, México.- El delito de trata de personas es propiciado por factores de riesgo como  pobreza, abuso sexual, físico y emocional, violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes y políticas sociales deficientes, entre otros, coincidieron representantes de seguridad pública de los países de Francia, Panamá y Costa Rica.   Al participar en el Seminario Internacional “Lucha contra la trata de personas”, que se desarrollará hasta el próximo 30 de junio en la ciudad capital, la magistrada de Francia, Caroline Charpentier, señaló que es importante contar con instrumentos jurídicos que  permitan la interrelación de las instancias de procuración, aplicación y atención a las víctimas, a fin de garantizar la atención eficiente al problema.    Después de exponer la forma en que se atiende esta situación en este país europeo, agregó que las personas afectadas no pueden ser tratadas como víctimas de delitos comunes, por lo que es importante darles una atención especial por su vulnerabilidad.   En las conferencias que iniciaron después que el gobernador Gabino Cué Monteagudo y el Embajador de Francia en México, Daniel Parfait encabezaran el acto inaugural, la funcionaria judicial indicó que es necesario aplicar evaluaciones constantes al sistema jurídico para conocer en qué se está fallando y poder mejorar la aplicación de la justicia.   En tanto, el sargento Roberto James Thompson Bartoli de la división de delitos sexuales de la República de Panamá, señaló que se entiende por trata de personas a la acción de captar, transportar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción.   En este delito intervienen tres elementos: el  acto, los medios intimidatorios –como las  amenazas y el uso de fuerza- y el objetivo final, que conlleva al trabajo forzado, prostitución y tráfico de órganos.   Reconoció que desafortunadamente esta actividad es lucrativa, además que convierte a las personas en objeto o mercancía.   A su vez, la agente de Instituciones de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada de Panamá, Isis del Carmen Soto, reconoció que este país es utilizado como origen, destino y tránsito de la comisión de este delito.   Agregó que en la actualidad, el Código Penal de Panamá diferencia la trata sexual de personas adultas y menores, cuya sanción va de cuatro a 10 años, dependiendo de las agravantes;  por lo que se presentó una reforma a la ley para agravar este delito con penas de hasta 30 años de cárcel.               En su oportunidad, el fiscal de Crimen Organizado de Costa Rica,  Miguel Aborca Rivas, reconoció que su país es considerado un paraíso para la práctica de delitos sexuales, toda vez que cuenta con extensos litorales y  un deficiente control migratorio en las zonas limítrofes con Nicaragua y Panamá.               Ante ello se establecieron mecanismos legales, como la ampliación del concepto de trata de personas para sancionar a las personas que promuevan, faciliten o favorezcan el delito, incluido el cónyuge de la víctima.               Por  su parte, la encargada del organismo judicial de Costa Rica, Sonia Monge Jara indicó que este problema trae consecuencias a la víctima, como: consumo de drogas, ideas suicidas, depresión, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, ausencia de proyectos de vida, dificultades para la inserción social, así como la estigmatización, humillación y rechazo.               Mientras, el director del sector fronterizo del país tico, Rafael Araya Cordero, señaló que la comisión del delito, en su mayoría es por causas laborales, y en menor medida para cuestiones sexuales y de servicios, y en su mayoría las víctimas provienen de Vietnam, Indonesia, Filipinas, El Salvador y en menor medida de Nicaragua, Venezuela, China y México.               El seminario Internacional “Luchas contra la trata de personas” se llevará a cabo hasta el este jueves 30 de junio, donde también participarán representantes de Alemania, España, Colombia, entre otros, así como los responsables de las instancias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia  tanto de Oaxaca como del gobierno federal, además del Instituto Nacional de Migración.