Informe de Calderón solo reporte administrativo: INCIDE

  Oaxaca, México.- Para el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, A.C., el quinto Informe del presidente Felipe Calderón Hinojosa es solo un reporte administrativo, dedicado a mencionar los principales programas sociales, en ningún caso establece una consideración acerca de los resultados o un análisis  del impacto de la política y subraya algunos aspectos relevantes relacionados con el goce de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México: 1. Sobre el derecho a la alimentación El derecho a la alimentación en todas sus dimensiones no es contemplado en el Informe, al igual que en los anteriores. Sin embargo, el gobierno ha realizado diversas actividades segmentadas y focalizadas principalmente para apoyar zonas de alta marginación como son: [caption id="attachment_125833" align="alignright" width="300" caption="Foto:Cuartoscuro"][/caption] La estrategia: “integrar a las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del desarrollo nacional” que contempla un “Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA)”, el cual va enfocado al desarrollo de capacidades de las personas y su agricultura familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso adecuado de alimentos y la generación de empleos. Acciones como el apoyo maquinaria, equipo e infraestructura a los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano Asimismo, se mantienen las acciones para disminuir los niveles de pobreza en el medio rural mediante el Programa Nacional Oportunidades que, en su vertiente para mejorar la alimentación, otorga un apoyo remunerado mensual por familia para este fin. Otro programa es el de Abasto Rural a cargo de Diconsa, que atiende a través de tiendas en diversas localidades, proporcionando ahorros en sus consumos. Por otra parte, en las acciones reportadas en la “Estrategia: promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y la certidumbre de mercados” se muestra nuevamente la visión limitada del gobierno respecto al tema alimentario. Así, en este tema de vital importancia, se restringe a realizar acciones como: el apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización acciones y apoyos para la agricultura por contrato, apoyos para el proceso comercial de frijol y apoyos a coberturas de precios, el Programa Nacional de Modernización Integral de Tiendas de Abarrotes y Misceláneas (Mi Tienda), y el Programa Nacional de Modernización Integral de la Industria de la Masa y la Tortilla (Mi Tortilla). Destaca que el Ejecutivo no hace mención de la elevación a rango constitucional del Derecho a la Alimentación, a pesar de que eso implique obligaciones por parte del Estado. Lo cual es reflejo de la falta de acciones encaminadas a desarrollar toda una política pública referida a la alimentación, dada la ausencia de una ley general de alimentación y reglamentos que supervisen la realización de este derecho. 2. Apartado 2.4 “Promoción del empleo y la Paz Laboral” El acceso y la calidad de empleos, son dos temas fundamentales en el país. En esta materia, el quinto informe e gobierno ofrece información escasa de la situación general del empleo en el país, sólo menciona los programas que se han implementado en el sexenio y su presupuesto, con algunos resultados particulares (como la colocación de 4 millones de personas en algún empleo a través del Servicio Nacional de Empleo). Sin embargo, no resulta claro el impacto que tienen estas acciones en la situación laboral de los mexicanos. A pesar de la lista de acciones que presenta el gobierno federal en el informe, la realidad es que el país continúa con altos niveles de desempleo. Ejemplo de ello es que previo a la crisis económica de 2008, la tasa de desempleo se mantenía alrededor del 3.5%, y si bien entre 2010 y 2011 la tasa prácticamente no cambió, en este último año el 5.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba desocupada. Los datos que da el informe distan mucho de dar cuenta de cómo se ha logrado el objetivo establecido de “generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal”. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el INEGI, proporciona determinada información que en el Informe no aparece. En el primer semestre de 2011, el porcentaje de las personas que en su trabajo cuentan con el acceso a la salud como prestación fue de 34.4%, cifra que representa el mínimo histórico en los últimos 6 años. Lo anterior ocurre en un contexto de precarización de las condiciones de empleo y el aumento del empleo informal. Este último fenómeno también tuvo niveles históricos en 2011, pues la tasa de ocupación en el empleo informal llegó a 28.9%. Parece que la estabilización de los niveles de empleo obedeció más a una lógica de traslado al sector informal que a una labor estatal de apertura de empleos formales. Se puede concluir a este respecto que los resultados distan mucho de conseguir el objetivo lograr “empleos de alta calidad en el sector formal”. En el informe se menciona que hubo un incremento del salario mínimo real el último año, entre 2009 y 2010. Sin embargo, este incremento no alcanzó ni siquiera el 1% y no compensa de ningún modo la pérdida previa de más del 4% que existió entre 2006 y 2009. Otro dato relacionado al salario es el mínimo nivel de los últimos 6 años del porcentaje de población ocupada que gana más de 3 salarios mínimos, pues en el primer trimestre de 2011 este llegó a 25.3%, apenas una cuarta parte de la población. Al iniciar el sexenio, este porcentaje era del 30%. 3. Apartado 2.14 “Construcción y Vivienda” El objetivo establecido es ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. Las acciones gubernamentales se dirigen principalmente a otorgar el acceso financiamientos para viviendas nuevas o usadas mediante créditos hipotecarios y subsidios (7.1 millones de financiamientos  que atendió  en este periodo 6.1 millones de viviendas), constituyéndose como el único objetivo a alcanzar dentro del lineamiento de gobierno “Vivienda y construcción”. La cobertura de acceso a los financiamientos para obtener una vivienda está limitada a trabajadores derechohabientes, dejando sin posibilidades de adquirir vivienda al sector de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. A pesar de que, las acciones gubernamentales dirigidas a otorgar acceso a la vivienda se ampliaron a través del fomento de medidas para asegurar el acceso al arrendamiento, así como incentivos para la construcción de la vivienda vertical, éstas se dirigen a la participación e incentivos del sector privado (empresas o desarrolladores privados) .Las medidas dirigidas a la producción social de vivienda asistida (PSVA) no presentan avances concretos en su desarrollo. De la misma forma, no se impulsan medidas que fortalezcan la autoproducción social de la vivienda. En cuanto a la calidad de las viviendas se realizaron medidas reglamentarias como la modificación del Código de Edificación de Vivienda y NOM´s, así como el fomento de viviendas sustentables, sin embargo, no realizan otras medidas concretas o políticas públicas dirigidas a garantizar la calidad de la vivienda, entre ellas, el acceso a los servicios básicos como agua potable, luz, alcantarillado, drenaje, etc. Los elementos indispensables para garantizar el derecho a la vivienda adecuada que no se incluyen dentro del informe de gobierno son: seguridad de tenencia; lugar adecuado de la vivienda que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención a la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Así como la garantía de que las viviendas no se encuentren en lugares contaminados y vulnerables a desastres naturales que amenacen el derecho a la salud de los habitantes; la protección contra desalojos. 4. Apartado 3.1 “Superación de la Pobreza” Uno de los objetivos establecidos en este apartado es reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. El documento reporta una inversión de casi trescientos mil millones de pesos en la reducción de la pobreza y se enlistan las acciones que está desarrollando el gobierno federal para reducir la pobreza. La información presentada es insuficiente para determinar qué tan exitosa ha sido la estrategia para reducir significativamente el número de personas que viven en pobreza en el país.  Las cifras de dinero dedicado a los programas sociales llenan los párrafos de un apartado incompleto que, lejos de generar confianza en la estrategia, confirman las limitaciones de las acciones de gobierno que, como lo confirma el CONEVAL, mantiene en condiciones de vulnerabilidad a la mitad de la población. Es de suma importancia resaltar que en el apartado se explica qué hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), sin darle relevancia al seguimiento de las observaciones que el Consejo hizo al gobierno federal.  Se hace una descripción de los datos que arrojó la medición de la pobreza multidimensional, pero no hay señales  de que la política social se esté vinculando a esta medición. Ejemplo de ello es que no es posible identificar la estrategia para reducir las carencias sociales identificadas por el Consejo. 5. Apartado 3.2 “Salud” Uno de los objetivos establecidos en materia de  salud es evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal. Sin embargo, a pesar de que el Seguro Popular está destinado a las personas con menores ingresos y que entre 2008 y 2010 se incrementó significativamente el número de afiliados, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) arrojó que el decil I de ingresos (el 10% de la población más pobre) gastaba 2.56% de su ingreso en cuidados a la salud, mientras que en 2010 el porcentaje fue de 3.18%. Ello a pesar de que la mitad de las personas de este decil se encontraban afiliadas. En el informe se reportan básicamente los avances en cobertura y acciones de infraestructura. Se enumeran todas las acciones que se han realizado sin profundizar en los avances sustantivos que se han logrado en esta materia. Por ejemplo, no se percibe una estrategia nacional para combatir la obesidad, sino por el contrario, se deja ver una lista acciones aisladas para su combate. Lo único que se menciona sobre esta enfermedad es que ha disminuido en 1.3%. Con respecto a las caravanas de la salud, atienden a personas que de acuerdo al programa de zonas prioritarias forman parte de los municipios con menor índice de desarrollo humano los cuales son 125. De acuerdo al informe, hoy existen 1, 449 Unidades Médicas Móviles en operación para la atención de esos municipios, pero estas resultan insuficientes, a pesar de que el acceso a la salud por este programa ha contribuido sobre todo respecto a la prevención de padecimientos. No obstante, de acuerdo a la evaluación específica al desempeño hecha por el CONEVAL 2010-2011, es necesario enfocarse en los estados de Puebla, Guerrero, Michoacán, Chiapas, y Veracruz, donde la carencia es aún mayor, es decir, donde se concentra el 40% de la población focalizada.   En el periodo de septiembre de  2010 a agosto de  2011 se  formaron  2,879  especialistas en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y hospitales de la SS en las entidades federativas, cifra  2% superior a la registrada durante el periodo anterior (2,823 especialistas). La eficiencia terminal alcanzó un valor de 95%, similar al ciclo académico anterior. Sin embargo, la cantidad de especialistas de la salud sigue siendo escasa para el incremento en la demanda proveniente de programas como el seguro popular, lo cual pone en entredicho los niveles de cobertura, debido a que el acceso a los servicios de salud se limita por la disponibilidad de médicos e infraestructura necesaria para atender una diversa gama de padecimientos.  Se enfatiza que se prioriza la disponibilidad de infraestructura y se deja a un lado la disponibilidad de personal para la atención de la población. Para entender con claridad la calidad de los servicios de salud, es fundamental contar con información sobre recursos humanos y materiales  que permita a la ciudadanía saber si las políticas establecidas están efectivamente atendiendo las necesidades de la población. Para evaluar los resultados, es necesario contar con esta información. 6. Apartado 3.3 “Transformación Educativa” A pesar de que uno de los objetivos es ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, el país enfrenta aún rezagos importantes en materia de cobertura. De acuerdo a datos proporcionados por el Secretario de Desarrollo Social en junio de este año, la cobertura actual en el nivel medio superior es de 66.3%. Destaca que  únicamente se ha avanzado uno por ciento en el número de escuelas de educación media superior que existen en el país y los avances para abatir la deserción escolar respecto al ciclo escolar 2010-2011 fueron pocos. Esto  provoca que exista por un lado, poca oferta educativa para los jóvenes y, por otro, que éstos vean interrumpido su derecho a la educación por no contar con herramientas que les permitan superar las causas socioeconómicas que provocan su salida de los centros escolares. Esto ocasiona la interrupción de su desarrollo intelectual pleno y su inserción en empleos mal remunerados, con la consecuente reproducción del círculo vicioso de falta de oportunidades de educación y el aumento de los niveles de pobreza. Actualmente, el gobierno destina el 24.96% del gasto nacional en educación al nivel media superior (equivalente a 634,745 millones de pesos), en comparación con el 57.35% que destina a la educación básica; y la deserción escolar sólo logró disminuir en un 1.8% entre el inicio de la presente administración y el ciclo escolar 2010-2011. A pesar de que el gasto nacional en educación se incrementó un 3.08% respecto al año 2010 (en 2010, el gasto nacional era de 8,818,289 y para 2011 es de 9,090,217), el gobierno mexicano solamente ha logrado una disminución del 0.97% en el número de población analfabeta respecto a la que existía en el año 2010, por lo que aún 5,076 millones de personas que se encuentran en esta situación ven insatisfecho su derecho a la educación. Los resultados del Programa Oportunidades siguen siendo limitados, a pesar del optimismo de las autoridades de haberse superado la meta fijada en el 2010, ya que los datos indican que la probabilidad de que los beneficiarios abandonen la escuela aún es mínima. Los resultados señalan que para los niños de 6 y 11 años de edad, el Programa Oportunidades reduce la probabilidad de abandonar la escuela en 4.2 puntos porcentuales, mientras que para los jóvenes de 12 a 14 años de edad, lo reduce en 5.6 puntos porcentuales, siendo que actualmente es a través de este Programa que el gobierno federal otorga el mayor número de becas educativas (86.16%) Los retos en materia de profesionalización de la práctica docente son mayores, sobre todo cuando casi la mitad de los aspirantes a plazas docentes no cuenta con niveles de conocimiento aceptables, lo que sin duda repercute en una mala calidad de educación que reciben los alumnos. Los resultados  de la cuarta edición del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes para el ciclo 2011-2012  señalan que del total de los docentes concursantes a plazas, alrededor del 55.9% obtuvo resultados no aceptables. 7. Apartado 3.4 “Pueblos y comunidades indígenas” Como grupos prioritarios se establecen los pueblos y comunidades indígenas.  El Objetivo establecido es incorporar plenamente a los pueblos indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país. Los resultados del informe señalan que la atención a estos pueblos se reduce a la distribución del presupuesto entre las diferentes instituciones gubernamentales encargadas de la formulación de políticas públicas. Además, no existen estrategias integrales para alcanzar los objetivos comunes para el cumplimiento de las metas y fines para su atención.  No se han realizado acciones concretas para alcanzar el objetivo de impulsar, mediante apoyo financiero y capacitación del cultivo y consumo de alimentos con alto valor nutritivo, establecido en el PND. La salud encuentra una grave limitación al ser reducida a la educación y capacitación intercultural en salud. Una grave omisión es el desarrollo de infraestructura hospitalaria en dónde esta población pueda ser atendida. 8. Apartado 3.6  “Grupos vulnerables” Se destacan en el informe los apoyos otorgados a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a familias más  vulnerables, a través de becas educativas, suplementos alimenticios para mujeres embarazadas y niños, así como apoyos monetarios para gastos en alimentación. Se establece también un objetivo relacionado con los adultos mayores con el Programa 70 y Más. No se destacan en el informe acciones dirigidas a insertar a este grupo poblacional al mercado laboral o actividades productivas. 9. Apartado 3.7 “Familias, niños y jóvenes” Las familias, niños y jóvenes son grupos sumamente complejos en nuestro país. Por ello, exhortamos a que sean tratados con mucha más profundidad. En el tema de familias, se arrojan cifras que nos impiden ver con claridad cómo han impactado las estrategias en el nivel de vida de las personas.  En el caso de los jóvenes, uno de los objetivos es instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. Es importante destacar que en relación al empleo y educación, se señalan algunos programas que ejecuta el Instituto Mexicano de la Juventud, limitándose a informar únicamente en cifras. Lo mismo sucede con el programa Jóvenes Oportunidades, en el que se limita a informar el número de jóvenes que recibieron becas. En cuanto a la niñez mexicana, uno de los objetivos establecidos es promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. Destaca que el tema de obesidad infantil no es tocado en el informe, a pesar de ser el principal problema que afecta a este grupo actualmente. Sobre la Convención de los Derechos del Niño, se limita únicamente a decir que los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención incrementaron de 13 a 19, sin mencionar otro tipo de resultados. Valorando el esfuerzo que programas como Oportunidades han realizado, pues ha habido un avance en la atención a la infancia, es importante mencionar el grave déficit en la vinculación de jóvenes con actividades productivas, pues el incipiente crecimiento económico no ha generado condiciones para ello. 10. Apartado 3.8 “Cultura, Arte, Recreación y Deporte” Uno de los objetivos planteados por el apartado es lograr que todos mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos. En el informe se señala que hubo un aumento del 4.4% del presupuesto que comparten cultura y deporte. Cabe resaltar que este incremento mucho se debió a los gastos que se hicieron para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. No se menciona cuánto fue destinado a estos festejos ni cuánto es lo que realmente le quedó a este rubro del presupuesto. No se especifica cuál es el motivo por el que la cultura y deporte comparten el presupuesto.  Se reconoce que se habla de diferentes acciones a nivel estatal y municipal dentro de este rubro, a diferencia de ocasiones anteriores, en donde se centralizaba mucho la información a la capital del país y no se mencionaba con tanta precisión los datos de los estados. Se destaca la falta de integración de cultura, arte, recreación y deporte con otros que están fuertemente relacionados. Esto demuestra la falta de estrategias integrales en la planeación, programación y desarrollo de cada una de las actividades que se realizan. Ejemplo de ello son las futuras renovaciones que se van a realizar en diferentes recintos culturales como la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco Azteca y la Biblioteca José Vasconcelos. Si bien es importante la remodelación de estas instalaciones, es pertinente destacar que se están llevando a cabo sin una estrategia real que promueva el derecho a la cultura, el derecho a la información y la educación, por mencionar algunos.  Se mencionan también los programas de fomento a la cultura, la creación de 22 nuevas bibliotecas, cuando en años anteriores se llegó a 70. Se informa por primera vez la existencia de la colección  Braille. De manera separada se habla de diversas actividades y grandes procesos en el fomento a la lectura destacando la creación del “programa Paralibros”. No se da cuenta de tener una estrategia integral y se destacan  acciones aisladas que promueven el derecho a la educación ni el derecho a la cultura.  Y se muestra de manera desordenada todo lo relacionado a los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.  No se señalan los presupuestos establecidos ni el gasto ejercido en estos 2 festejos nacionales. 11. Eje 4 “Desarrollo Sustentable” En este eje se recupera la información publicada  a lo largo del 2011 por la SEMARNAT, y otros órganos como CONAGUA, CONAFOR en donde se identifica un esfuerzo por sistematizar la información que se genera respecto de los programas y políticas públicas que pretenden atender la metas que se planteó el Ejecutivo al inicio del sexenio. En ese sentido, la mayor parte de la labor se concentra en establecer y desarrollar agendas respecto a diversos temas relacionados con el desarrollo sustentable, como la gestión y el aprovechamiento de los recursos naturales;  además de generar sistemas de información que recopilen la labor y los mecanismos a través de las cuales se llevan a cabo las acciones de protección al medio ambiente  que implementa el Ejecutivo a través de planes y programas que pone en marcha mediante la administración pública federal.   Si bien se han implementado varios mecanismos para promover la participación social, éstos no son del todo efectivos, ya que aunque se han desarrollado programas para fortalecer la participación ciudadana existen resultados muy parciales en cuanto a su implementación y el éxito de los mismos. Ejemplo de ello es que no  se han logrado consolidar acuerdos prioritarios de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares, que permitan atender de manera oportuna  las necesidades más elementales de la población, ya que de manera clara, buena parte de las acciones del Ejecutivo este año estuvieron encaminadas a subsanar  los problemas relacionados con el acceso al agua potable y de calidad, lo cual habla de que la labor en cuanto al desarrollo de infraestructura para proporcionar agua y su respectivo saneamiento no se llevó a cabo de manera efectiva; lo que va en detrimento del derecho al agua, el cual por cierto fue elevado a rango constitucional y se mantiene en espera de ser publicado dado que aún se ubica en proceso de aprobación por parte de los estados de la Federación. El ordenamiento ecológico resulta fundamental, ya que de él derivan las acciones de reforestación, protección, y conservación de suelos y sanidad forestal puestas en marcha de 2007-2011. A ese respecto, es notable que se privilegia las acciones de reforestación con fines de conservación 343, 673 hectáreas por encima de las que tienen de plantaciones forestales comerciales 28, 217; lo cual no necesariamente es lo más benéfico como lo establecen diversos estudios de Naciones Unidas. Además,  con base en los resultados de la evaluación  específica al desempeño 2010-2011 llevada a cabo por CONEVAL, se recupera el enfoque de que además de atenderse el objetivo de restauración de ecosistemas forestales, también se debe insistir en componente social de los programas sociales.  Lo anterior se manifiesta en el hallazgo de que un alto porcentaje de los apoyos otorgados fueron invertidos en pago de jornales o asalariados, indicando que con estos apoyos sólo se generan empleos temporales. Conclusiones. El V Informe que Informe de Gobierno, más allá de ser un informe a la nación, se trata de un reporte administrativo, dedicado a mencionar los principales programas sociales, sus objetivos, el presupuesto y, en el mejor de los casos, número de beneficiarios, pero que en ningún caso establece una consideración acerca de los resultados o un análisis  del impacto de la política. En este sentido, la omisión de resultados y evaluación de impacto, dice mucho más que lo que expresa el texto. La revisión del Quinto Informe de Gobierno revela los vacíos de información que existen y la falta de pertinencia de algunos de los contenidos. Exhortamos por ello, que en futuros informes se haga una evaluación de los impactos que las políticas de gobierno están teniendo en el disfrute de los derechos de las personas y en el mejoramiento de su nivel de vida. Contacto:

Sara Eny Curiel Ochoa Subcoordinadora de Comunicación scuriel@incidesocial.org OF 55908754/ 55797413 Cel 0445537083893 Facebook: Observatorio Política Social y Derechos Humanos Twitter: @incide_social @opsdh