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Estrategia REDD+ sin interlocución con pueblos indígenas en México

Publicado por @Shinji_Harper el lunes, 3 octubre 2011
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Oaxaca, México.- La implementación de los llamados “Acuerdos de Cancún” establecidos en la 16 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en nuestro país a finales del pasado año, ha tenido como uno de sus ejes fundamentales la elaboración de la Estrategia Nacional del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada… (ENA-REDD+).

En este proceso el Gobierno Mexicano, prioriza la agenda de mitigación sobre la política forestal-climática y de desarrollo rural sustentable, que en el marco del mecanismo REDD+ podría contribuir al alivio de la pobreza y a la reducción de desigualdades; en tano que la mayor población en pobreza marginal se encuentra en zona rural.

Particularmente, no ha reconocido la necesaria inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales que son dueños y poseedores de tierras y territorios, en los cuales se ubican los ecosistemas mejor conservados, y sobre los cuales las comunidades tienen reconocidos derechos colectivos, establecidos en instrumentos internacionales signados por México, como a) el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, b) el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y c) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), señaló Cecilio Solís de la Red Indígena de Turismo en México.

Considerando el precedente que en términos internacionales se ha avanzado en un reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, las organizaciones que participamos en la Iniciativa Las Comunidades Cuentan Más, señalamos la disociación entre estos esfuerzos internacionales y el proceso de conformación de la ENA-REDD+ que México ha seguido; al no respetar los derechos de información, participación y consulta de las comunidades locales y pueblos indígenas, y al no llevar a cabo en tiempo y forma los mecanismos de participación, comunicacación y consulta que el mismo REDD+ establece para su desarrollo e implementación, comentó Clauda Gómez-Portugal de SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio.

Una omisión fundamental del proceso en México, contraviniendo el párrafo 72 de las Decisiones Adoptadas por la 16 Conferencia de las Partes, es que en la preparación de la ENA-REDD+ no se está observando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que el proceso oficial no ve como algo prioritario difundir e informar ampliamente a la población campesina e indígena sobre el proceso REDD+ como fase previa a la consulta, señaló Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales Campesinas.

En el proceso de conformación de la ENA-REDD+, la instancia encargada CONAFOR, no ha hecho pública la información en su página de internet u otros medios idóneos, acerca de la ubicación exacta de los proyectos a implementar de Acciones Tempranas (AT), y los contratos con el Banco Mundial; y no ha contestado de manera adecuada las diversas solicitudes de información que la Iniciativa ha realizado, consistente en los contratos modelo con los dueños de las tierras para implementar los proyectos de AT, el esquema de la arquitectura financiera con los proyectos que incluirá el REDD+, los montos aproximados y el período de preparación e implementación, entre otros.

En ese sentido CONAFOR ha incumplido obligaciones de transparencia y la normatividad que en el marco de REDD+ se exige en términos de transparencia y rendición de cuentas. La falta de información señalada es causa de que CONAFOR no tiene la información que se le solicita; lo cual da muestra de que el Gobierno Mexicano está asumiendo compromisos internacionales en materia de REDD+ sin contar con los elementos necesarios para llevarlos a cabo y sin tener una previa interlocución con comunidades locales y pueblos indígenas.

Además, no ha existido un proceso robusto de consulta con pueblos indígenas y comunidades locales, a pesar de ser una obligación del Estado Mexicano acordada con actores nacionales e internacionales que apoyan el proceso REDD+, respaldada por leyes nacionales y acuerdos internacionales de los que México es parte.

Es en este contexto, que las organizaciones participantes de la Iniciativa, exigimos al Gobierno Mexicano que actúe de manera inmediata en los siguientes 2 petitorios:

1)     Información y un proceso de consulta que devenga del respeto a los parámetros internacionales de consulta y de las necesidades de las comunidades. De igual forma, todo proyecto de REDD+, en su planeación y antes de su implementación, deberá de garantizar el respeto a la libre determinación, sistemas normativos, organizativos de las comunidades locales y pueblos indígenas; procesos y estructuras de toma de decisiones, en los procesos asociados a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, o en su caso, al disentimiento.

2)     Una moratoria a la implementación de las Acciones Tempranas REDD+ que el Gobierno Mexicano plantea implementar en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Jalisco, así como los sitios de replicabilidad, Estado de México y Oaxaca; hasta que sean implementados de manera efectiva los mecanismos de consulta en el marco del derecho al consentimiento previo libre e informado, y que ello derive en el establecimiento de medidas y acciones que conduzcan al reconocimiento, respeto y aplicación de los derechos colectivos de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos, formas y medios de vida.

Asimismo demandamos la garantía de los siguientes puntos para todo el proceso de REDD+, incluyendo el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+:

El establecimiento de un REDD+ comunitario con enfoque en los derechos colectivos;
El desarrollo de una política forestal-climática y de desarrollo rural más justa, equitativa y sustentable;
El fortalecimiento de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre la base de la garantía de sus derechos colectivos, a partir del pleno respeto a los derechos de información y participación;
La garantía de que las comunidades locales y pueblos indígenas sean las y los beneficiarios directos del mecanismo REDD+; y
La armonización de políticas públicas dirigidas al campo, la alimentación y el medio ambiente, a partir del mecanismo REDD+, definido como un instrumento de integración y coordinación institucional con enfoque de desarrollo rural para la soberanía alimentaria.

Por último, hacemos un llamado a comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones sociales, y organizaciones civiles, a sumarse a las demandas de la Iniciativa, a partir del Foro Nacional de Consulta Indígena y Campesina que realizaremos en octubre para la promoción de las agendas de desarrollo local de las comunidades y pueblos indígenas, y la aplicación efectiva de los derechos colectivos ante la coyuntura del mecanismo REDD+.

Organizaciones firmantes:

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), Red Indígena de Turismo en México (RITA), Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Coordinadora Nacional (UNORCA-CN), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya (OEPF-ZM), Frente Organizado de Campesinos e Indígenas (FOCIAC), SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio, Greenpeace México, y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

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SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio
Claudia Gómez-Portugal M. | claudia@sakbe.org.mx
   Tel. 01(55) 5264 3777 | Cel. (55) 1850 6827
www.sakbe.org.mx

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