| | Oaxaca de Juárez |
Sábado 20 de abril, 2024.
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La denuncia, dijo en conferencia de prensa, se basa en la ostentosa acumulación de riquezas del ex gobernador, cuyas propiedades aparecen a nombre de su esposa, María de Lourdes Salinas; su mamá, Juventina Ortiz Vizario; su tía Adelina Ortiz Vizario; su hermano Edgar Cutberto Ruiz Ortiz y de los hermanos de su esposa, Adolfo y Alma Salinas Ortiz.
Las posesiones consisten en terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas médicas por varios miles de millones de pesos, señaló Mateos, quien en 2006 fue encarcelado por su participación en la APPO, acusado de diversos delitos, y posteriormente absuelto y liberado.
Recordó investigaciones periodísticas que documentaron como propiedad de la familia del ex gobernador el hospital Sedna, con un edificio valuado en 2009 en mil 500 millones de pesos, cuando ese mismo año la Federación asignó a Oaxaca dos mil millones de pesos para todo el rubro de salud en el estado.
“Déjenme destacar este dato: dos mil millones de pesos para toda la salud de todo el estado, frente a mil quinientos millones de pesos para uno solo de los edificios, de un solo hospital, de una sola de las muchas empresas de Ulises Ruiz y su familia”, subrayó César Mateos.
Recordó también que desde 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) inició dos procesos penales interpuestos por la Secretaría de la Función Pública contra la administración estatal, específicamente contra la totalidad del sistema de salud del estado, por posibles peculado y administración fraudulenta.
“El estado fue saqueado durante el gobierno anterior, de una forma en la que no se había visto antes; nunca nuestro pueblo vivió tanta opresión, tanta violencia, corrupción y empobrecimiento, y esta tragedia fue causada por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz”, expresó el ex dirigente appista.
Pidió al procurador estatal de Justicia que la dependencia a su cargo cumpla con su obligación de investigar estos delitos patrimoniales y determinar quiénes más participaron, pues “hubiese sido imposible cometerlos sin una amplia red de de delincuentes, traficantes de influencias y políticos corruptos”.
Desde su perspectiva, haber presentado la denuncia implica “un voto de confianza a la actual administración”, al considerar que corren nuevos tiempos políticos y existen posibilidades de que se comience a hacer justicia a la sociedad oaxaqueña, “tan duramente golpeada, vejada, injuriada y saqueada por el régimen de Ulises Ruiz”.
En noviembre de 2008, César Mateos interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el entonces gobernador Ulises Ruiz y otros funcionarios, acusados de tortura y los demás delitos que se configurasen, debido al trato recibido a partir de su detención en noviembre de 2006. No obstante que la tortura fue certificada por la CNDH, la demanda aún no ha dado resultados.
Posteriormente, en 2010 inició una demanda de juicio político también contra Ulises Ruiz, por violaciones graves a la Constitución cometidas contra el pueblo de Oaxaca durante la represión gubernamental al movimiento social de 2006 y 2007; el Congreso local ocultó la denuncia, lo que derivó en un nuevo proceso federal.
La demanda penal de hoy, por delitos patrimoniales, “de ninguna manera implica una claudicación en la búsqueda de justicia sobre los crímenes políticos cometidos por Ulises Ruiz Ortiz y su corte”, pues “en esta lucha continuamos aún en espera de respuesta en el ámbito federal”, expresó.
“Sin afán de venganza, como desde 2006 y aún antes, solamente buscamos justicia para el pueblo de Oaxaca; la buscamos, la exigimos y participamos en su construcción; de nuestra parte está hecho lo que nos corresponde, y toca ahora a este gobierno, a nuestro gobierno, cumplir su obligación”, expresó finalmente.
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