Autoridades judiciales a contracorriente de derechos femeninos

Oaxaca, México.- La Iglesia católica, los grupos provida y los políticos conservadores en América Latina (AL) influyen en un debilitado y poco independiente Poder Judicial, que no garantiza la aplicación de leyes a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En entrevista con Cimacnoticias, el abogado constitucionalista y ex magistrado peruano César Landa Arroyo advirtió que los derechos de las mujeres en los países de la región están socialmente reconocidos, pero limitados jurídicamente por la injerencia de “sectores muy conservadores”. El también profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú advirtió que en la región “no hay una contundencia de tutelar en las leyes los derechos de las mujeres”, en temas como el uso de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) o la interrupción del embarazo. César Landa fungió como juez especial en 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en casos de desapariciones forzadas y masacres en Perú. El experto en Derechos Humanos (DH) advirtió que la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las latinoamericanas se agrava cuando los jueces de la región carecen de independencia, y por tanto no protegen cabalmente esas garantías. “Los avances en materia de DH están en función de los ámbitos gubernamental, político, institucional y de la actitud de los jueces”, apuntó. Landa Arroyo, quien fue viceministro de Justicia de la Nación en Perú, criticó que en la región se han tratado de reconocer los derechos de las mujeres, pero en el ámbito legal y judicial están limitados. Puso como ejemplo que en 2007 el Tribunal Constitucional de ese país sudamericano dictó una sentencia en la que ordenó la distribución masiva de la PAE, pero cuando entró el nuevo gobierno a cargo del presidente Alan García ese mismo tribunal cambió el veredicto y prohibió esa acción a favor de las peruanas. “En Perú hay una apertura hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista jurídico hay sectores muy conservadores que retrasan y limitan este tipo de medidas como la píldora o el aborto terapéutico”, acotó César Landa. “El sentido común dice que la interrupción del embarazo es una esfera de libre decisión de las mujeres, más aún en casos de emergencia como una violación sexual”, pero las leyes limitan este derecho, lamentó. El abogado afirmó que esta situación se réplica en toda AL, y dijo que en Chile, en 2009, la Corte declaró inconstitucional la PAE y un año antes en Argentina también los ministros tomaron una decisión similar. Landa Arroyo criticó que aunque un país apruebe convenios, tratados y declaraciones para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, muchas veces a la hora de desarrollar esos derechos, los jueces los ubican como normas orientadoras y no obligatorias. “Los Estados no tienen la convicción suficiente para llevar a cabo el desarrollo legislativo y el cumplimento jurisprudencial y administrativo de estos derechos”, aseguró el experto. “El género como una forma de entender el derecho es necesario, pero género no únicamente en el sentido femenino, sino de todos los sectores que pueden estar discriminados, y es eso lo que me parece que se debe potenciar, una concepción del derecho mas abierta”, finalizó.