| | Oaxaca de Juárez |
Jueves 18 de abril, 2024.
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Según el informe, “Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos en sus tasas de pobreza y de indigencia”. Este aumento se da en un contexto generalizado de reducción de las tasas de pobreza en toda América Latina. El índice de pobreza de México creció en 1.5 puntos, hasta situarse en 36.3% frente al 31.4% de la región.
Amnistía Internacional México considera que estas cifras confirman la necesidad de que México cuente con mecanismos que permitan a las personas que viven en la pobreza exigir sus derechos y encontrar soluciones a los graves abusos y privaciones de los cuales son víctimas.
“Es posible discutir mucho sobre cifras y razones, pero detrás de los porcentajes hay personas que se enfrentan cada día a la inseguridad, la falta de oportunidades, a la falta de voz, a la discriminación y al dolor de no poder ofrecer a sus hijos e hijas una vida digna. Mientras las voces de estas personas no sean escuchadas y los responsables no rindan cuentas, será difícil avanzar de forma decidida contra la pobreza”, ha dicho hoy Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Estas cifras muestran no sólo una evolución negativa de los índices de pobreza en México, sino además en casi toda América Latina se dan avances en la lucha contra la pobreza según la CEPAL. Ante esta situación el gobierno de México puede mostrar su compromiso en la lucha contra la pobreza y el respeto a los derechos humanos adoptando nuevas herramientas que permitan a los mexicanos y mexicanas exigir el respeto de sus derechos como el derecho a la salud, el agua o la vivienda digna. Para ello, México debe sumarse al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite a las personas que viven en la pobreza recurrir a instancias internacionales para exigir el respeto a sus derechos si en México no se respetan.
“El Protocolo Facultativo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso fundamental para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado Mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas que vivimos en México” añadió Alberto Herrera.
Han pasado casi tres años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de2008 el Protocolo Facultativo. Desde entonces 39 países de todo el mundo han firmado este instrumento, 10 de ellos de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela. A pesar de las declaraciones oficiales acerca del compromiso de México con las instituciones internacionales y con la lucha contra la pobreza, Amnistía Internacional considera que México se está quedando atrás en este asunto, lo cual compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.
Ante el escándalo que suponen para la sociedad mexicana estas cifras, Amnistía internacional México reitera los llamados que en diferentes ocasiones ha hecho al presidente Felipe Calderón para que sin mayor dilación firme el Protocolo Facultativo, y al Senado para que lo ratifique tras esa firma.
“Desde la adopción del Protocolo hemos hecho repetidos llamados a las autoridades para que México lo firmen. La respuesta constante ha sido que se están realizando consultas para poder firmar el Protocolo. Sin embargo, más de dos años de consultas sin resultados concretos parecen excesivas, cuando 10 países de la región han sido capaces de decidir la firma de este acuerdo en mucho menos tiempo. La pobreza es la mayor crisis de derechos humanos en México y es necesario actuar sin demora. Millones de personas que viven en la pobreza no pueden seguir esperando” afirmó Alberto Herrera.
El miércoles 7 de diciembre Amnistía Internacional, junto con las organizaciones que forman parte de la Coalición Mexicana por la Firma y Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entregará a la Secretaría de Relaciones Exteriores más de 17,000 firmas de mexicanos y mexicanas que exigen al gobierno la firma inmediata del Protocolo Facultativo.
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*INFORMACIÓN DE CONTEXTO*
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El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional. Amnistía Internacional, en colaboración con la Coalición de ONG por un Protocolo Facultativo, pide a todos los Estados miembros de la ONU que garanticen que el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo pasen a ser una realidad para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al agua o a la educación.
Los altos niveles de desigualdad que según el informe de la CEPAL existen en México, y que según diversas fuentes están creciendo, son otro elemento que dificulta el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales para un gran porcentaje de la población. Es necesario que el crecimiento económico y las políticas públicas beneficien especialmente a las personas más desfavorecidas, garantizando el respeto a los derechos humanos y reduciendo también la gran desigualdad existente. En agosto de 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), publicó las cifras oficiales de pobreza de México, mostrando que 52 millones de personas viven en la pobreza en el país según la definición oficial adoptada por dicho organismo. Las cifras y metodología utilizada por CEPAL para la elaboración de este informe pueden consultarse en la siguiente dirección: http://www.eclac.org
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